¿Podemos salir del laberinto?

En las últimas semanas, como era previsible, se ha producido un salto cualitativo en el enfrentamiento entre Gobiernos por la convocatoria de un referéndum para la independencia de Cataluña. Portavoces de ambos Ejecutivos reclaman ser intérpretes legítimos de las aspiraciones nacionales del pueblo catalán.

El president Puigdemont y miembros del Govern y de las instituciones catalanas dicen representar la voluntad popular cuando invocan el derecho a celebrar un referéndum sin cortapisas. También la vicepresidenta Sáenz de Santamaría insiste en que la interpretación de los intereses auténticos de los catalanes apunta justo en la dirección contraria.

Lo cierto es que, más allá de las declaraciones de unos y otros, hoy en Cataluña hay más consenso sobre la necesidad de un referéndum que sobre el contenido de la respuesta –afirmativa o negativa– a la pregunta que, eventualmente, se formule. Es obvio que la división de la sociedad catalana es profunda y creciente. Esta última afirmación obedece más a una sólida certeza que a una apresurada impresión. El acalorado debate está presente en la mayoría de ámbitos políticos y civiles de Cataluña. Y está lejos de ser constructivo.

Ha quedado demostrada, sobradamente, la fuerza del independentismo catalán en la presente coyuntura, aunque hoy se adviertan signos de fatiga

Es indiscutible que el Govern, con Puigdemont de abanderado, ha movido las "pantallas" de su táctica a su gusto y según sus necesidades. Después de las elecciones de 2015, sin aceptar nunca que el envite plebiscitario se había perdido, los partidos independentistas anunciaron que en 18 meses se proclamaría la DUI (Declaración Unilateral de Independencia). En 2016, los 18 meses de plazo todavía eran válidos. Pero volvía a ser el referéndum el instrumento central del designio político de Junts pel Sí y la CUP. En 2017, excedido el periodo que el Govern resultante de las elecciones se había autoconcedido –también un compromiso electoral–, se nos dice que, si la celebración de la consulta finalmente no es posible, se declarará la DUI amparada por la Ley de Transitoriedad. Por cierto, un proyecto de ley que, aparte de la reciente filtración en un periódico de ámbito estatal, desconocemos su contenido. Y lo que es más grave aún; tampoco los diputados del Parlament tienen idea alguna del mismo.

Sin embargo, resulta incuestionable que el Gobierno español nunca ha cambiado de "pantalla". Para el presidente Rajoy no ha sido siempre no. Júzguese esa estrategia como se estime oportuno. No es la pretensión de este artículo.

Ambas orientaciones, la del gobierno español y la del catalán, vienen chocando desde hace meses. Las cosas han ido empeorando, día a día, y así será hasta el desenlace donde atónitos comprobaremos que no queda margen excepto para que todo vaya a peor.

El último movimiento del Govern –reunión convocada por Puigdemont el día 29 de mayo– después del "bienintencionado" cruce de cartas, los partidos favorables al sí, han decidido protagonizar un nuevo viraje. Allí donde se había proclamado que el Pacto Nacional para el Referéndum había concluido sus trabajos, con un acto solemne y formal de presentación de las conclusiones y firmas recogidas, se ha querido otorgarle una nueva vida. ¿Con alguna pretensión explícita? Naturalmente. Dar una nueva oportunidad a Catalunya Sí que es Pot para que se sume a un referéndum unilateral. Sin acuerdo previo y sin carácter vinculante. Todo ello 'ad maiorem gloriam' de la alcaldesa Colau y los suyos.

Sugiero, quizás con un punto de esperanza, que se emplace al Govern a que acepte el principio de que negociar y, eventualmente, ceder no es rendirse. Podría comprobarse así, lo que sigue:

1. Ha quedado demostrada, sobradamente, la fuerza del independentismo catalán en la presente coyuntura, aunque hoy se adviertan signos de fatiga y retroceso palpables.
2. Se ha verificado la notable cantidad de compañeros de viaje de los partidos independentistas catalanes que han apoyado, hasta hoy, la reivindicación de fondo. Lo han hecho con la expectativa de obligar al gobierno español a negociar en un contexto político, progresivamente, enrarecido.
3. Se ha constatado, irremediablemente, que el gobierno español ni ha hecho ni hará movimiento alguno. Debe ser totalmente descartada la idea de una respuesta gubernamental desproporcionada a los movimientos secesionistas.
4. Se podría aceptar por la unanimidad de todas las fuerzas independentistas que, ante el negativo desenlace de la situación en Catalunya, convendría maniobrar con inteligencia. De suyo, no hay otra alternativa.
5. Se acertaría al presentar ante la opinión pública española y catalana un balance de errores y aciertos sincero y claro, sin ocultar las dificultades.
6. Se podría asumir, colectivamente, que la única salida al actual laberinto sería la convocatoria de elecciones. Sin representar menoscabo para ningún partido político, todos ellos, con la excepción más que probable de la CUP, deberían exigir al president Puigdemont que anticipara las elecciones. A mi juicio esta sería una alternativa de contenido y efecto parecidos a la defendida por los promotores del referéndum. Se trata, en definitiva, de pronunciarnos. ¿No?​

Catalanes y catalanas decidirían con su voto qué es lo que desean en esta fase final del procés. Nada podría impedir que se expresaran con auténtica libertad y siguiendo sus deseos más íntimos. Es, en este punto, donde muchos tenemos la convicción de que nuestros conciudadanos sabrán juzgar correctamente la situación y votarán en consecuencia. Va de democracia. ¿No?

Entre demócratas, y los somos todos, aceptaríamos que una vez señalado el camino por los ciudadanos llamados a votar, lo seguiríamos con una legitimidad refrendada. Se puede salir del laberinto. Debemos hacerlo juntos. Y lo conseguiremos si depositamos, sin reservas, en el pueblo de Cataluña las decisiones y confiamos en él. No tiene por qué haber vencidos.