Elecciones en Cataluña

A pesar de la convocatoria formal del referéndum para el día 1 de octubre, septiembre será el mes decisivo. Con escaso margen de maniobra, ambos gobiernos se han emplazado para celebrar o evitar la consulta. No obstante, el Ejecutivo de Puigdemont fía definitivamente su suerte a la aprobación de la Ley del Referéndum. Esta, probablemente, será aprobada en el Parlament catalán la primera semana de septiembre. Se pretende, lisa y llanamente, instaurar una nueva legalidad en Cataluña, que permita afrontar el 1 de octubre en un marco político constitucional alternativo. Estrategia contra estrategia. Legalidad contra legalidad. Ahí se libra la batalla esencial. El gobierno español tratará de impedir por todos los medios los pasos que dé el gobierno catalán hacia el referéndum. Este tratará de sortear todos los obstáculos. Para unos, se trata de contar los participantes. Para los otros, de evitar el recuento.

Preveo un desenlace político agitado, convulso y controvertido. Con seguridad, se producirán lecturas contradictorias. Pero sospecho que no habrá un vencedor único e indiscutible. La correlación de fuerzas se desplazará. Pero no podemos saber aún en qué dirección. Dependerá del éxito o fracaso de la movilización popular, que tratará de capitalizar Puigdemont y su Gobierno. Nada está escrito, pero los independentistas confían en una respuesta ciudadana, sin precedentes, a las maniobras inevitables que el Gobierno español se verá obligado a realizar contra el independentismo catalán. Se verá.

Si la movilización popular es amplia y consistente, Puigdemont convocará elecciones. De ser pobre, la respuesta deviene más compleja

A mi juicio, solo hay una alternativa en el horizonte. La que permita dirimir con fundamento la orientación de futuro de la política catalana. De ello se encargarán las elecciones. Estas llegarán y sentenciarán el actual estado de cosas. Dos preguntas acompañan este escenario. La primera, ¿quién puede llegar a convocar las elecciones? Y la segunda, ¿cuándo pueden ser celebradas? La respuesta a ambas preguntas depende del balance final del 'procés'. Si la movilización popular es amplia y consistente, más temprano que tarde, Puigdemont convocará las elecciones. Si la movilización es pobre, la respuesta deviene más compleja.

No ha de descartarse, no obstante, que si los independentistas ganan el pleito en la calle, el Gobierno español decida medidas que, aunque proporcionadas, anulen la capacidad de maniobra del presidente Puigdemont.

Será la desobediencia generalizada aquella que posibilitará que el presidente catalán convoque las elecciones, aprovechando el estado de ánimo optimista que puede prevalecer en muchas ciudades de Cataluña. No está claro, sin embargo, que los intereses de republicanos y del PDeCAT coincidan. Con toda seguridad, no lo harán. Pero para Puigdemont ,“las leyes de la historia” son más fuertes que los designios de los aparatos de los partidos. Probablemente, al PDeCAT no le interesará la convocatoria en modo alguno, y el vicepresidente Junqueras puede desear desgastar a los independentistas del PDeCAT hasta el final; pero me temo que el 'president' optará por lo que él cree que conviene a su estrategia separatista. Dicho de otro modo, la guerra seguirá por otras vías y, aunque Rajoy puede intentar rebajar la tensión política en función de su cálculo electoral, a Puigdemont le interesará todo lo contrario.

En esto, como en tantas otras cosas, los objetivos son antitéticos. La batalla pasará a librarse en términos electorales. Llegados a este punto, convendría evitar que las elecciones se celebren en clave plebiscitaria, pero será imposible. Los independentistas se encargarán de ello. Es impensable que se vote en una perspectiva que supere el conflicto nacional. El electorado responderá a esta pulsión con nulo margen de maniobra. Hay que desterrar toda ilusión en este sentido.

Toda estrategia política hoy debe ir más allá de la impugnación política de la consulta separatista del 1 de octubre en su actual formulación

Resultará decisivo comprobar la evolución del voto. Y en particular, la fuerza del bloque independentista. Todo resultado por debajo de los 72 diputados evidenciará un reflujo de la fuerza separatista. Cualquier resultado por encima de este número de diputados certificará que el independentismo goza de buena salud. Calibrar este sesgo es esencial para el ajuste de cuentas al que unos y otros se someterán en el marco de un final, poco menos que traumático, del 'procés'.

Devendrá en cuestión esencial la eventual formación de gobierno. En mi opinión, solo hay dos alternativas –cuando menos en el momento presente–. Una mayoría que estructure un gobierno de frente popular o una mayoría alternativa que responda a un gobierno de centro izquierda, con las pretensiones independentistas sustancialmente rebajadas.

Suponer otros marcos operativos responde a la buena fe, pero no a una evaluación ajustada de la situación en Cataluña. Por ello, creo que toda estrategia política hoy debe ir más allá de la impugnación política del referéndum en su actual formulación. Debe estar enfocada a la resolución de este problema principal.

Sucederán hechos graves en el mes de septiembre. En caso alguno, se celebrará un referéndum con las garantías legales suficientes para que sea considerado como tal. La movilización popular marcará el desenlace de esta situación. Pero, en cualquier caso, las elecciones y sus resultados serán decisivos para Cataluña. No tener en cuenta este último escenario es un error político, producto de la miopía, que impide ver con claridad el momento decisivo en el que nos encontramos. Para bien o para mal, después de la celebración de los comicios, se verá con claridad cuál es el camino a seguir por los ciudadanos de España y Cataluña. Desconocemos, ahora, el grado de desolación del paisaje en el que estas decisiones serán tomadas.