La España imposible de los ‘robacarritos’

Que no es la Diada, que no, que el problema mayor es una línea de pensamiento político que convierte en miembros del mismo partido a Sánchez Gordillo y a Artur Mas; y entre esos dos extremos, desde la derecha nacionalista a la izquierda marxista-leninista, un número creciente de dirigentes que, sencillamente, no consideran que las leyes tengan valor alguno en un Estado de Derecho. Unos roban carritos en el supermercado y otros quieren sisar las ganancias de un pacto fiscal, y lo que no les merece la más mínima consideración a unos y a otros es que sus acciones estén tipificadas en el Código Penal.

Todos esos desmanes están unidos por la misma desconsideración de la legalidad, del Estado de Derecho, ya sean las leyes antiterroristas, el reglamento penitenciario, el Código Penal o la propia Constitución. Todos ellos defienden la ilegalidad, sin más

¿Quién habló de leyes y de medios legítimos cuando lo importante es el fin? Ése, verán, es el problema de fondo, que el desprecio sistemático de la ley en España se haya convertido en una parte irrenunciable de la estrategia política. Se puede considerar que un grupo político sostenga, legítimamente, que los beneficios de la empresa son “ofensivos”, como dicen, y se puede entender también que una comunidad autónoma pretenda avanzar en su autogobierno y que reclame mayores cuotas de independencia financiera, el ‘pacto fiscal’ que solicitan; ambos planteamientos se pueden comprender, debatir y considerar, pero los dos pierden toda legitimidad cuando para conquistarlos se pisotean las leyes y los principios, se abandona la cautela de cualquier sensato y se olvida la lealtad de todo demócrata.

Por eso, no es la Diada, la riada festiva con la que Cataluña ha cerrado de un pancartazo cualquier autocrítica por la quiebra de sus instituciones. No es ése el problema exclusivo, como hace unas semanas no era tampoco el chantaje ominoso del mundo etarra a favor de la excarcelación de Bolinaga, esa alimaña. No es la Diada como no era, en sí, el hecho de que el iluminado diputado de Izquierda Unida, Sánchez Gordillo, se haya puesto a robar carritos en los supermercados. Todos esos desmanes están unidos por la misma desconsideración de la legalidad, del Estado de Derecho, ya sean las leyes antiterroristas, el reglamento penitenciario, el Código Penal o la propia Constitución. Todos ellos defienden la ilegalidad, sin más; la ilegalidad como arma política en un Estado de Derecho que es sostén de todos ellos. Pero qué queda de un Estado de Derecho sin el respeto de las leyes, qué queda de una democracia sin la lealtad más elemental, la lealtad a las normas aprobadas por todos. Qué queda de la convivencia.

No es la Diada, no. Es una secuencia larga, sostenida, a la que desde hace años sólo le hemos prestado una atención parcial, limitada, sin detenernos a contemplar el conjunto. Nos fijábamos en el escándalo concreto, en la polvareda del día a día, en la trifulca reiterada. Le prestábamos atención sólo a los acontecimientos concretos sin reparar en que la gravedad de lo que ocurría era precisamente esto que vemos ahora, el precedente que se ha ido asentando según el cual la política de hechos consumados prevalece siempre sobre las limitaciones legales establecidas. Se lanzan esas invectivas de desobediencia, de insumisión táctica, y tras la pancarta se van colocando cientos o miles, en Bilbao, en Barcelona o en Sevilla, que, con cada grito, con cada consigna, se arrogan la representación de todo un pueblo. Artistas, anónimos, deportistas, convenidos y descerebrados dispuestos siempre a justificar el chantaje político. La España imposible de los robacarritos.