El ‘veranus horribilis’ del ministro del Interior

Sus intervenciones se cuentan por desaciertos, sus apariciones por problemas, sus afirmaciones suelen ser presagio de males mayores. No, definitivamente, no son éstas las características que cualquiera destacaría en la personalidad política de un ministro del Interior en cualquier país del mundo, pero sí son esos, precisamente, los rasgos que han convertido el verano de Jorge Fernández Díaz en el peor estío político de los que se pueden recordar en un dirigente público.

El ‘veranus horribilis’ del ministro, si se disculpa el barbarismo latino, ha minado su credibilidad en tan sólo unas semanas y, lo que es peor, ha sembrado de problemas la gestión de ese Ministerio en un futuro inmediato. Allí donde ha estado o intervenido Jorge Fernández Díaz en el mes de agosto, ha acabado enmarañado en la controversia o en la polémica por la acción u omisión del ministro. ¿Inexperiencia política?;  ¿falta de preparación o, simplemente, de tacto?; ¿graves problemas de asesoramiento o precipitación e incontinencia verbal?

Cuando se produce un cúmulo de errores como el presente, quizá se trate de una mezcla de todos esos elementos, porque una sola de esas deficiencias no explicaría la enorme polvareda levantada con la posible excarcelación del etarra Bolinaga, la absurda controversia generada en torno a las ocupaciones de Sánchez Gordillo, la deficiente explicación de los errores cometidos en el ‘caso Bretón’ o la revelación de secretos tras el arresto de los terroristas que secuestraron a Publio Cordón. Entenderán que todo eso, en un solo mes y concentrado en un solo hombre, no arroja otra definición que ésta del verano horrible, increíble, de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.

De todas las polémicas enumeradas, la que con toda probabilidad puede tener más trascendencia por los efectos futuros y por el desgaste político que le provoca al Gobierno y al partido que lo sustenta, es la excarcelación del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga. La explicación que dio el ministro para la concesión del tercer grado fue que, en realidad, el Gobierno se encontraba en este asunto con las manos atadas ya que se trataba de una imposición legal; prevalece “el imperio de la ley”, sostuvo. Y llegó incluso más lejos: afirmó que, de no haberle concedido el tercer grado al secuestrador de Ortega Lara, el Gobierno hubiera incurrido en un delito de prevaricación. "No gobernamos con los sentimientos, gobernamos con la ley (…) Y si no nos gusta, que se cambie la ley”, añadió con tono solemne.

Lo que dice la legislación vigente es, precisamente, lo contrario de lo que afirma el ministro. La reglamentación penitenciaria, que es la que se aplica en este caso, no impone ninguna obligación al Gobierno. Conceder o no el tercer grado a un recluso enfermo es una facultad potestativa del Ejecutivo

¿Es así?; ¿es la ley la que obliga al Gobierno? Esa es la cuestión, que lo que dice la legislación vigente es, precisamente, lo contrario de lo que afirma el ministro. Para empezar, la reglamentación penitenciaria, que es la que se aplica en este caso, no impone ninguna obligación al Gobierno. Conceder o no el tercer grado a un recluso enfermo es una facultad potestativa del Ejecutivo. El Reglamento Penitenciario vigente, el de 1996, señala en el artículo 104.4, que regula los ‘casos especiales’ del régimen de los reclusos, que “los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad”. ¿Se distingue claramente el verbo y el tiempo verbal empleado? Dice “podrán ser clasificados en tercer grado”; en ningún momento se afirma que a los enfermos con padecimientos incurables “se les deberá aplicar el tercer grado”.

La prevaricación, por tanto, el miedo a dictar una resolución a sabiendas de que es injusta, no existe en este caso ni se puede desprender de ningún párrafo legal. Mucho más cuando, como ha sucedido, la petición de excarcelación del etarra ha venido acompañada de una movilización general dentro de las cárceles de los presos etarras. El mismo Reglamento Penitenciario (artículo 102.5) deja claro que el grado máximo de prisión, el primer grado, se les debe aplicar a aquellos presos que pertenezcan “a organizaciones delictivas o a bandas armadas mientras no muestren, en ambos casos, signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de dichas organizaciones o bandas” y aquellos reclusos que participen “en motines, plantes, agresiones físicas, amenazas o coacciones”.

¿Cómo iba a prevaricar el ministro si todo en la ley estaba a favor para mantener a Bolinaga en la cárcel y no ceder a sus amenazas? Hasta la Fiscalía, que en un primer momento, también de forma inexplicable, aceptó el tercer grado y no lo recurrió, se ha pronunciado ahora en contra de la excarcelación del etarra al considerar que no tiene justificación legal. Y no parece que el ministro haya querido acusar a la Fiscalía de prevaricación.

Desmesura ante los micrófonos

Repitamos las dudas del principio, ¿inexperiencia?, ¿falta de asesoramiento?, ¿incontinencia verbal? En otras dos polémicas casi podría afirmarse que el detonante ha sido esto último, la desmesura del ministro cuando se coloca delante de un micrófono. Por ejemplo, lo que le sucedió con una de las últimas ocupaciones de Sánchez Gordillo este verano, en un hotel propiedad del duque de Segorbe, Ignacio de Medina y Fernández, el miembro más destacado de una de las casas nobiliarias más poderosas del mundo, la casa de Medinacelli. Para explicar lo sucedido, al ministro no se le ocurrió otra cosa que acusar al propietario de la finca haber actuado “en connivencia” con los ocupantes. ¿Alguien se imagina al duque reunido con al alcalde de Marinaleda para programar las movilizaciones del día siguiente? Aunque la sola pregunta provoque la risa, cualquiera que conozca al duque de Segorbe sabe que es imposible. Y esa fue la principal sorpresa de Ignacio Medina, quien afirmó: “Pensaba que el ministro era amigo mío”. Ya no lo es, claro. Ahora, según el duque de Segorbe, el ministro es un tipo “que ha mentido a sabiendas y me ha calumniado ante toda España”.

La misma tendencia a la desmesura en las declaraciones ante la prensa es la que puede haberle jugado una mala pasado en el ‘caso Publio Cordón’. El ministro ofreció el 20 de julio una rueda de prensa con todos los detalles del secuestro y muerte de Publio Cordón a manos de los Grapo, hace 17 años, y, tan sólo un día después, el juez que lleva el caso en la Audiencia Nacional abrió una investigación al considerar que en esa rueda se ofrecieron algunos detalles de la operación que todavía estaban bajo secreto, incluidos en una comisión rogatoria remitida desde Francia.

La única disculpa que puede encontrar el ministro en esta última polémica es la personalidad y el afán de protagonismo del titular de ese proceso, el magistrado Gómez Bermúdez, censurado a su vez por algunas de sus decisiones en este caso que la Guardia Civil lleva investigando desde hace dos décadas. Pero queda la sensación primera, que el ministro no mide sus palabras cuando se dirige a los medios de comunicación. Como a principios de esta semana, cuando ofreció explicaciones del error cometido por la Policía Científica en la investigación de la desaparición de los niños Ruth y José, presuntamente asesinados por su padre. Ni los hechos sucedieron cuando Fernández era ministro ni el informe erróneo se produjo bajo su mandato, pero cualquiera que oyera la rueda de prensa, su forma de expresarse, los argumentos utilizados, lo colocaba directamente bajo sospecha. En este caso, sin duda, de forma injusta, pero cuando vienen mal dadas… Y tras el ‘veranus horribilis’ de Fernández Díaz, lo único que se puede asegurar es que, como ministro, no se encontrará con otro agosto igual. Porque nadie lo resiste.