El día en que Artur Mas parió un ratón

De las seis veces, seis, que en los últimos treinta años el Parlamento de Cataluña ha votado proclamas sobre el derecho a decidir y a la autodeterminación, la aprobada en la sesión de ayer sólo introduce la novedad sustancial de que es la última. Sin fecha para convocar un referéndum de autodeterminación y sin despejar ni uno solo de los esenciales obstáculos legales que existen, la declaración de ayer sólo responde a la necesidad política de un presidente derrotado de buscar una vía de escape que le permita salir adelante. Cada vez que Artur Mas ha exigido, para reforzar el proceso de independencia de Cataluña, una mayoría incontestable, ha acabado menguando políticamente. En las elecciones catalanas, reclamaba una “mayoría excepcional” y su partido perdió un buen puñado de diputados; en el debate de ayer, buscaba una “mayoría sólida” y ni siquiera alcanzó los dos tercios que le harían falta para cambiar el Estatut de Catalunya, 85 votos favorables frente a los 90 que delimitan la mayoría cualificada en el Parlament.

Con el primer varapalo, el de las urnas, Convergència i Unió debió entender que la estrategia política en la que les ha embarcado Artur Mas sólo les conduce a la división interna -ya se han dado los primeros conatos- y al fortalecimiento electoral de su principal adversario nacionalista, Esquerra Republicana, el partido que mejor representa el radicalismo independentista que está sembrando el president y que ya sale fortalecido en las encuestas. Por su parte, el hecho de que la declaración soberanista no haya conseguido ni siquiera los dos tercios que se exigirían para modificar el Estatut de Cataluña es un dato mucho más trascendente de lo que, en principio, podría considerarse.

El primer obstáculo legal que tendría que sortear una declaración de independencia en Cataluña es su propio Estatuto, aprobado por el pueblo catalán y por el Parlament hace tan sólo seis añosEs importante porque, como si se tratara de una carrera de vallas, el primer obstáculo legal que tendría que sortear una declaración de independencia en Cataluña es su propio Estatuto, aprobado por el pueblo catalán y por el Parlament hace tan sólo seis años. Luego vendrían la legalidad de España, plasmada en la Constitución, y la legalidad europea, que no contempla la desmembración de sus estados miembros. Pero antes, el Estatut, que en su artículo primero señala que “Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”. Y más adelante, en el artículo tercero, precisa aún que “Cataluña tiene en el Estado español y en la Unión Europea su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que derivan del hecho de formar parte de los mismos”. Para cambiar eso, a Artur Mas le harían falta un mínimo de 90 diputados, la mayoría cualificada de dos tercios. Y ni ayer, que se trataba sólo de un texto de grandes palabras sin trascendencia legal, alcanzó esa mayoría.

Ni siquiera la controvertida declaración de “Catalunya como sujeto político y jurídico” añade gravedad a otros textos aprobados antes por ese parlamento, sobre todo después de que se suprimiera del primer borrador de la declaración la referencia al derecho a la autodeterminación y a la intención de Cataluña de integrarse en la Unión Europea con un estado propio. En 1989 ya se aprobó en el Parlament un texto que señalaba que "el pueblo catalán no renuncia al derecho a la autodeterminación”; en 2011 se aprobó otra moción que reafirmaba “el derecho a la autodeterminación de los pueblos como derecho irrenunciable del pueblo de Cataluña”; y en octubre pasado, antes de acabar la legislatura, se aprobó otra resolución en la que otra vez se reconocía la necesidad del derecho a decidir del pueblo catalán y se emplazaba al Gobierno que saliera de las urnas a aprobar con urgencia una ‘hoja de ruta’. En teoría, esa ‘hoja de ruta’ tendría que haberse aprobado ayer, pero ya se ve que el cálculo de las mayorías ha desbaratado los planes de Artur Mas.

De ahí la declaración de lugares comunes aprobada ayer que, objetivamente, no añade nada a lo que ya existía. “No es una regulación jurídica, eso ya lo haremos. Tampoco es una hoja de ruta, eso ya lo decidiremos (…) Esta no es una declaración a favor de la independencia ni del federalismo. Es una declaración a favor de la democracia”, dijo en el debate el presidente del grupo parlamentario de CiU, Oriol Pujol. Pues vale. Políticamente, a eso se le llama parir un ratón. Aquella fábula que, desde los clásicos del imperio romano, nos advierte de aquellos que, como los montes, crean el pánico entre la población, con grandes alaridos con los que hacen creer a todos que están a punto de dar a luz, y sin embargo, al final, sólo nace un ratón. Parturient montes, nascetur ridiculus mus (“Parieron los montes, nació un ridículo ratón”).