El juez es un lobo para el juez

Los jueces y los fiscales están perdiendo la guerra. La guerra que les llevó a plantear ayer una segunda batalla, una huelga contra la raquítica situación de la Justicia en España que, como ocurrió con la primera, ha pasado casi inadvertida. Existen algunas causas exógenas, ajenas al colectivo judicial, que explican la irrelevancia de su protesta, como la indudable desinformación que existe en la opinión pública sobre la realidad de la Justicia en España, pero también otras que le son propias, como la incapacidad de jueces y fiscales para reivindicarse a sí mismos como tercer poder del Estado. En otras palabras, los jueces y fiscales, como colectivo, son un auténtico desastre, y no pierden oportunidad para demostrarlo. Y siempre arguyen la misma patética razón, que “el reparto de cargos termina imponiéndose”, que es lo mismo que decir que prima la politización de la Justicia en las principales asociaciones que los representan. Con las excepciones que se quiera, esa es la triste realidad.

Pero vayamos por partes. Mencionaba las causas exógenas del porqué de la irrelevancia de las protestas judiciales. Aquí, por desgracia, todo se suele solucionar con una frase repetida, “la Justicia no funciona”, y en el imaginario común se hace responsables a jueces y fiscales de esa anomalía cuando son ellos, precisamente, los jueces y fiscales, los que tienen que soportar las enormes limitaciones de la escasez de recursos con las que tienen que aplicar justicia, y las deficiencias del sistema legal. Las carencias de ambas, presupuestos y legislación, dependen del poder político, pero el personal parece más contento si culpa de ambas al Poder Judicial, aunque sea este el que las padezca. 

No debería extrañarle a nadie, en este sentido, que ayer, a pesar de que el debate del estado de la Nación se celebraba coincidiendo con la huelga, nadie hizo mención a la misma en la tribuna de oradores. Me refiero, fundamentalmente, a los dos grandes partidos, PP y PSOE. ¿No parece raro que ni siquiera la oposición le reprochase al Gobierno un acontecimiento tan extraordinario como una huelga de jueces y fiscales en toda España? Pues no, no es nada raro porque si en algo se han puesto de acuerdo siempre, con sus idas y venidas, populares y socialistas ha sido en el reparto de cargos en el Consejo General del Poder Judicial, que era una de las causas de la huelga convocada ayer. En el PP y en el PSOE lo que prima es el interés político, la defensa de la primacía de los dos primeros poderes del Estado, el ejecutivo y el legislativo, sobre el tercero, el poder judicial. Con la reforma que ha presentado Gallardón, ese control se intensificará aún más. Si Guerra mató a Montesquieu, Gallardón está dispuesto a incinerarlo.

¿No parece raro, que ni siquiera la oposición le reprochase al Gobierno un acontecimiento tan extraordinario como una huelga de jueces y fiscales en toda España? Pues no, no es nada raro porque si en algo se han puesto de acuerdo siempre populares y socialistas ha sido en el reparto de cargos en el Consejo General del Poder JudicialLo que ocurre, y con ello ya se aterriza en las causas internas, es que igual que podemos explicarnos el porqué del silencio político sobre la protesta judicial, lo que es verdaderamente imposible de entender es cómo puede ser que los jueces y fiscales no sean capaces de ponerse de acuerdo en la defensa de sus intereses como colectivo. A ellos, como a todos los funcionarios del Estado, también se les ha impuesto una sensible bajada de sueldos, pero en ni uno solo de los puntos de las reivindicaciones de ayer figuraba una demanda salarial. 

Y esto es bueno reseñarlo, por lo menos por lo singular de una protesta que no reclame dinero ni complementos ni extras. No, con la protesta de ayer se solicitaba algo tan razonable como un incremento de la plantilla judicial y fiscal, porque se da la circunstancia de que en España hay 10 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en países como Moldavia o Albania cuentan con 12. En Portugal son 17; en Grecia tienen 20; y en Alemania, 25. Aquí, en fin, se destina al Poder Judicial un 1% del Producto Interior Bruto, mientras que la media europea está en el 3 o el 4%. Además, existen otras reivindicaciones, como la paralización de las tasas judiciales pero digamos que la raquítica situación de la Justicia es la fundamental. Es lógico, por tanto, que en esas condiciones el resultado sea que la esta no funcione. Pero ni aun así: el resultado de la huelga de ayer fue otro que la indiferencia generalizada en el propio Poder Judicial: la mayoría de la plantilla judicial, en torno al sesenta por ciento, no secundó la huelga. En

 

 

 

 

el Tribunal Supremo sólo fue a la huelga uno de los 79 magistrados y en la Audiencia Nacional la cifra se limita a 5 de 78.

Esta debilidad de la Justicia, que habitual y cotidianamente se pasa por alto, es, por ejemplo, fundamental para garantizar una lucha eficaz contra uno de los problemas que más preocupa: la lucha contra la corrupción política. Ayer mismo, el fiscal general del Estado reclamó, y no ha sido la primera vez, más medios para luchar contra “la proliferación de casos de corrupción” porque en muchos casos, tanto en fiscalías como en juzgados, están desbordados. Y añadía el fiscal general: “Tenemos una obligación de hacer cumplir las leyes con los medios de los que disponemos, pero no es menos cierto que debemos recabar de todos los poderes públicos, centrales y autonómicos, que cumplan con ejercicios presupuestarios”. ¿Alguien puede considerar lógico un sistema en el que el Poder Judicial tenga que reclamarle, implorarle, medios y recursos a las instituciones a las que investiga?

Hace unos días, un magistrado del Foro Judicial Independiente, Antonio Fuentes Bujalance, rescataba a Francisco de Quevedo: “Desgraciado aquel país en el que los jueces gastan sus energías, en vez de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado, en hacer valer sus derechos para poder cumplir sus obligaciones de escucha, de respuesta, de ponderación y de imparcial decisión”. Tiene razón. Sólo habría que añadir ahora, sobre esa sentencia irrefutable, que más desgraciado aún es aquel país en el que los jueces y fiscales no son capaces ni siquiera de ponerse en acuerdo en la defensa de la Justicia. Que lo peor sería llegar a una conclusión hobbesiana, a la vista de la realidad, para acabar pensando que, a fin de cuentas, el problema primero es que también el juez es un lobo para el juez. Y, asimismo, los fiscales.