Los ERE, una corrupción estamental

Hasta el escándalo de los ERE, la corrupción política nunca había tenido una estructura piramidal, estamental. Ha vuelto a demostrarse ahora, con esta primera oleada de detenciones de la trama de los ERE que ha afectado a varias provincias españolas, más allá de Andalucía. Pero antes de entrar ahí, en el significado de estas nuevas detenciones, si de verdad se quiere entender en qué ha consistido ese fraude inmenso cometido en el seno de la Junta de Andalucía, lo mejor es imaginar una estructura piramidal, en la que iremos colocando, estrato a estrato, a cada uno de los protagonistas de este proceso judicial que ya supera los 60 imputados y que, con seguridad, acabará abarcando a un número mayor de procesados que el caso Malaya, que acabó con 86 al final de la vista oral.

Las detenciones de ayer se corresponden con el intento antiguo de la investigación judicial de ir sentando ante la juez Mercedes Alaya a “los verdaderos beneficiarios” de los ERE. Como lo que se sabía desde el principio es que este escándalo no se reducía a “tres o cuatro aprovechados”, como mantenía el Gobierno andaluz, la Guardia Civil comenzó a investigar mucho más allá de las primeras personas que se vieron implicadas en el caso, los ‘intrusos’ que falsearon la prejubilación y se incluyeron en ERE de empresas en las que jamás habían trabajado, y los empresarios que recibieron esas subvenciones amañadas. En la pirámide del fraude, podríamos colocarlos a todos ellos en la base, y, de hecho, a día de hoy siguen conformando el grueso de los imputados en este caso.

¿Por qué no han sido llamados aún, ni siquiera a declarar? ¿Y por qué no llama también al actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, y a su predecesor, Manuel Chaves? Lo que se presume es que la jueza Alaya no los ha llamado porque, al ser ambos aforados, la instrucción de los ERE tendría que remitirse a otras instancias judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o el Tribunal SupremoPor encima de la base, justo en el estrato inmediatamente superior de esta pirámide fraudulenta, podemos colocar ahora a los detenidos ayer, los intermediarios entre el poder político y las empresas que recibían las subvenciones para los ERE, al margen de cualquier procedimiento administrativo, sin ningún control y sin ninguna publicidad, como exige la ley. El dinero del ‘fondo de reptiles’ que empleaba la Junta de Andalucía en estos menesteres fluía a través de esos intermediarios, comisionistas, testaferros y bufetes de abogados. Cada cual en su papel, unos buscando empresas con dificultades que se prestaran a la trama y otros envolviendo de legalidad las operaciones que se realizaban. De los detenidos ayer sólo sorprende el número y la simultaneidad de los registros, porque la mayoría de las sociedades y bufetes jurídicos afectados, como Vitalia, ya estaban en el proceso judicial, al igual que imputados antiguos como el exdirigente de UGT, Juan Lanzas, quizá el principal comisionista, ‘el conseguidor’ mayor, de la trama.

Dibujada la base y las capas intermedias, quedan por perfilar los estratos más elevados, la cúpula política en la que se diseñó un sistema opaco de reparto de fondos públicos que permite el funcionamiento global de la pirámide fraudulenta. El problema para perfilar estos últimos estratos es que, de todos los estamentos de la pirámide, la cúpula política es, hasta ahora, en la que menos ha intervenido la Justicia. Ahí está situado el famoso exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, aquel que, por lo que denunciaron otros imputados, se montaba grandes juergas, de putas y cocaína, con pellizcos de dinero público. Ayer volvió a la cárcel, a petición de la Fiscalía, y se presume que su reingreso en prisión se debe a los nuevos datos encontrados por la investigación en los últimos meses y ratificados ayer con los registros practicados. Con sólo colocar un post-it en un expediente, Guerrero conseguía que a una empresa le concedieran cientos de miles de euros, o millones, sin más requisitos. Ese era su poder y, por eso está implicado de lleno en la trama de los ERE, pero, como todo director general en cualquier estructura política, es evidente que se trata de un cargo de segundo nivel.

Por encima de Guerrero, hasta ahora, sólo está imputado, y también pasó por prisión, un exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que se incluyó él mismo, y siendo miembro del Gobierno andaluz, en el ERE de una empresa en la que no trabajaba desde hacía décadas. La lógica señala que, al margen de ellos dos, también acabarán implicados otros cargos políticos de primer nivel, desde el también exconsejero José Antonio Viera hasta la actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. El primero, Viera, firmó junto a Fernández el convenio que dio origen al ‘fondo de reptiles’; la segunda, Aguayo, se autoinculpó en su día para salvar a Griñán, su jefe y mentor político, y se hizo responsable de no haber atendido los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que alertaban de las irregularidades que se estaban cometiendo. ¿Por qué no han sido llamados aún, ni siquiera a declarar? ¿Y por qué no cita también al actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, y a su predecesor, Manuel Chaves, sobre todo habida cuenta de la magnitud de este escándalo? Lo que se presume es que la juez Alaya no los ha llamado porque, al ser ambos aforados, la instrucción de los ERE tendría que remitirse a otras instancias judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o el Tribunal Supremo, según los casos.

Anoche, cuando aún estaban encendidas las luces del juzgado de Mercedes Alaya y algunos detenidos iban camino de prisión o aguardaban su turno para declarar, el enésimo repaso de este escándalo devolvía, intacta, la misma sensación de perplejidad y asco de los primeros días. Por la podredumbre de un sistema político que, contemplado con algo de perspectiva, dibuja una trama de corrupción institucional desconocida hasta ahora. Hasta formar, estrato a estrato, esta pirámide estamental en la que se encaja el fraude inmenso de los ERE.