Las falsedades de Griñán en la trama de los ERE

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, volverá a comparecer hoy en el Parlamento autonómico, al verse acosado nuevamente por la trama fraudulenta de los ERE a raíz de la última oleada de detenciones practicadas por la Guardia Civil, dentro de la instrucción de la causa que dirige la juez Mercedes Alaya. Si Griñán, en esta ocasión, ha sentido la urgencia de comparecer a petición propia, a pesar de que hace tan sólo unos meses ya lo hizo ante una comisión de investigación que acabó convertida en pantomima por sus conclusiones, es porque, con la nueva vertiente de investigación que se ha abierto en la instrucción del caso, el cerco de responsabilidad política cada vez afecta más al Consejo de Gobierno que ahora preside y del que formó parte durante tantos años como consejero de Economía y Hacienda.

Por lo manifestado en las horas previas a la cita parlamentaria, Griñán quiere comparecer “para disipar las insidias, mentiras y maldades sobre su persona y la gestión de la Junta”, según expresó ayer su portavoz a la salida de la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Es probable, por tanto, que el presidente andaluz vuelva a ratificarse en las cuatro o cinco líneas argumentales que ha utilizado hasta ahora para justificar su actuación ante el fraude de los ERE. La versión exculpatoria de Griñán, sin embargo, ofrece grandes lagunas, flancos de vulnerabilidad que hoy volverán a ponerse de manifiesto. ¿Fue la Junta de Andalucía quien descubrió el fraude y lo denunció en los juzgados? ¿Suprimió Griñán el ‘fondo de reptiles’ cuando conoció las irregularidades?  ¿Adquirió alguna responsabilidad política como miembro del Gobierno andaluz? ¿Ha colaborado con la investigación judicial? Todas estas preguntas volverán a plantearse hoy en el Parlamento andaluz y, a todas ellas, ya ha contestado con anterioridad José Antonio Griñán.

La versión exculpatoria de Griñán ofrece grandes lagunas que hoy volverán a ponerse de manifiesto. ¿Fue la Junta quien descubrió el fraude y lo denunció? ¿Suprimió Griñán el ‘fondo de reptiles’ cuando conoció las irregularidades?  

La primera duda, por ejemplo. Los distintos responsables del PSOE sostienen en cada una de sus intervenciones sobre el asunto que fue el Gobierno andaluz el que denunció la trama en los tribunales. Falso. Lo que ocurrió en realidad nada tiene que ver. De hecho, el fraude de los ERE se destapa inesperadamente cuando el juzgado de Mercedes Alaya investigaba otro asunto, el de Mercasevilla, y a raíz de ese caso se descubre la existencia del ‘fondo de reptiles’ del que la empresa municipal sólo era una pequeña parte. Y todo eso ocurre en enero de 2009 cuando dos empresarios hosteleros de Sevilla, del grupo La Raza, que habían solicitado una subvención de la Junta de Andalucía, se ven sorprendidos porque les exigen una comisión previa de 450.000 euros. Lo que hacen es que, en vez de acceder, acuden a una de esas reuniones y graban la extorsión. En la cinta se oye decir que se trata de una “colaboración voluntaria con la Junta de Andalucía” (los 450.000 euros) porque “la Junta colabora con quien colabora”. ¿Y eso a cambio de qué? “A cambio, vuestra empresa obtendría luego favores, tales como más subvenciones para futuros cursos y la concesión de todos los catering que se organizaran”. Y aún más, ¿para qué es ese dinero? Respuesta: "La Junta nos dice que esto es para niños saharauis y yo me tengo que creer que es para los niños saharauis, aunque después sea para carteles de Felipe González".

Los empresarios graban, como queda dicho, aquella conversación y se la entregan directamente al jefe de Gabinete de Manuel Chaves, Juan Gallo, a quien conocían por relaciones que nada tienen que ver con la política. Ya en manos del Gobierno andaluz, de la cinta no se vuelve a saber nada durante semanas. Sólo cuando, al cabo de dos meses, el Ejecutivo andaluz conoce que el escándalo va a ver la luz, decide remitir la cinta a la Fiscalía de Sevilla. Y la envía, además, en un sobre en el que no se añadía ni la transcripción del archivo sonoro ni ninguna otra información complementaria, lo que acabaría demorando aún más el inicio de la investigación. No es cierto, por tanto, que la Junta de Andalucía interpusiera ninguna denuncia y, mucho menos, ante el juzgado de Mercedes Alaya. Pese a ello, Griñán insiste, como hace unos días y como volverá a hacer hoy: “Hicimos la denuncia inicial desde el Gobierno andaluz, abrimos una investigación interna, llevamos al juzgado todas las irregularidades detectadas (…) Mi Gobierno ha mantenido una línea clara de denuncia y de colaboración con la Justicia".

Todo esto, en cualquier caso, pertenece a la última fase del escándalo, que es cuando se conocen las irregularidades. Pero el ‘fondo de reptiles’ existe desde muchos años antes, desde el 17 de julio de 2001, cuando se firma un convenio para gestionar a través de la ‘administración paralela’ de la Junta de Andalucía todas las subvenciones y ayudas a empresas. Se crea así de una partida específica en los presupuestos, la 31L, desde la que se nutre el fondo con cientos de millones de euros que se gestionan sin ningún control. Durante esos años, en los que Griñán, en su mayoría, fue el responsable de la Consejería de Economía y Hacienda, es decir, el responsable de los presupuestos, la Intervención General de la Junta de Andalucía hace advertencias claras de la ilegalidad. El interventor de entonces resumió en el Parlamento andaluz el contenido esencial de las quince advertencias que realizó ante la Consejería de Griñán: “El procedimiento violentó los más elementales principios de objetividad, publicidad, transparencia y rigor financiero que deben presidir el actuar de la Administración”.

Unas veces afirma que “se han producido unas actuaciones ilícitas y hay que pedir perdón por ello" y, en otras ocasiones, sostiene que “el procedimiento de transferencias de financiación era y es legal"

La versión que ofrece Griñán de este tiempo tampoco tiene demasiado que ver con la realidad. En primer lugar, el presidente andaluz sostiene, como si tal cosa, que “el interventor no detectó irregularidades, sólo discrepaba del procedimiento”. ¡Sólo discrepaba del procedimiento, dice! Pero es que, a continuación, suele contradecirse: unas veces afirma que “se han producido unas actuaciones ilícitas y hay que pedir perdón por ello y corregir lo que se haya hecho mal” y, en otras ocasiones, sostiene que “el procedimiento de transferencias de financiación era y es legal”. Más claro lo tiene Manuel Chaves, expresidente andaluz: “Calificar (la partida 31L) de opaca o de ‘fondo de reptiles’ es una desmesura, una falsedad y una descalificación intolerable que sólo puede derivar de una mente perversa". Con estos planteamientos, se puede entender, por tanto, que, aunque se mantenga lo contrario (“abrimos una investigación interna y llevamos al juzgado todas las irregularidades detectadas”), el ‘fondo de reptiles’ se mantuviese activo en la Junta hasta dos años después de conocerse el escándalo. Sólo entonces, Griñán decidió invalidar el convenio firmado en 2001. Hasta esa fecha, durante diez años la Junta gestionó al margen de lo dispuesto por la Ley de Subvenciones un total de 1.217 millones de euros, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas.

¿Tiene, por tanto, a la vista de cómo se han desarrollado los acontecimientos, alguna responsabilidad el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán? Las responsabilidades penales se resolverán, lógicamente, en los tribunales, llegado el caso. Pero ante las responsabilidades políticas, lo que sostiene Griñán, como volverá a hacer hoy, no se aleja de la argumentación errática de otras respuestas sobre la trama de los ERE. Esta frase, por ejemplo: “No existe responsabilidad más allá de donde la realidad y los hechos nos dictan; no los intereses políticos”. O esta otra, en forma de epílogo bobo, también de Griñán: “La responsabilidad política se tiene que asumir por los responsables”.