Andalucía, otra vez a la vanguardia

Andalucía ha vuelto a la vanguardia. Otra vez. Con el Gobierno del PSOE e Izquierda Unida, Andalucía se ha colocado de nuevo en la cabecera de las propuestas más progresistas, más revolucionarias, más atrevidas de Europa. "Hoy toda España mira a Andalucía con la percepción clara de que se pueden hacer las cosas de otra manera", decía ayer el vicesecretario general de los socialistas andaluces. ¿Y eso por qué? Pues porque “un Gobierno decente y honesto -el andaluz- le ha sacado las vergüenzas al Ejecutivo del Partido Popular, que sólo es un aliado de la crisis contra los ciudadanos”.

¿Más claro aún? Pues bien, lo que ha quedado claro, como luego añadió el portavoz de Izquierda Unida, es que la Junta de Andalucía “se sitúa al lado de los que menos tienen”, mientras que el Gobierno del Partido Popular es un hatajo “de asustaviejas”, que es el nombre con el que se conocían en Cádiz a los especuladores inmobiliarios que atemorizaban a los abuelos, a las abuelas, y les quitaban sus casas. Andalucía, sí, otra vez se ha colocado a la vanguardia con una sola medida, un solo golpe de decreto que comenzará aplicarse hoy mismo, jueves, sin esperar siquiera a que se apruebe la ley en el Parlamento autonómico: expropiaciones de viviendas para que nadie sea desahuciado y multas sonoras para quien tenga pisos y no los venda.

La principal característica del Ejecutivo andaluz ha sido siempre este despliegue mediático que, una y otra vez, desciende al esquema más elemental de la política española: el miedo a la derecha

Quien viva en esta región no se habrá sorprendido del aparato propagandístico que ha llevado aparejado la polémica propuesta aprobada el martes por el Gobierno andaluz, el Decreto Ley sobre la Función Social de la Vivienda, porque, desde hace treinta años, en estas tres décadas de hegemonía socialista en Andalucía, la principal característica del Ejecutivo andaluz ha sido siempre este despliegue mediático que, una y otra vez, desciende al esquema más elemental de la política española: el miedo a la derecha. Aquí ese esquema siempre ha funcionado en las urnas y, aunque el propio Alfredo Pérez Rubalcaba ya dijo hace dos años, tras la debacle electoral en las elecciones municipales y autonómicas, que el discurso del miedo a la derecha ya no es efectivo, los socialistas andaluces han vuelto a demostrarle a todo el PSOE que no hay estrategia más efectiva que esta.

Por eso, en las últimas elecciones andaluzas, aunque el PSOE perdió en las urnas, logró formar una mayoría de Gobierno con Izquierda Unida y mantener el poder. Y con esa adrenalina de izquierda en la gastada vena política, la Junta de Andalucía ha vuelto a sus orígenes, como cuando Rafael Escuredo y Rodríguez de la Borbolla zarandearon la Transición con las expropiaciones de fincas para la Reforma Agraria.

¿Desolador? En fin, ya esta dicho que quienes vivan en esta comunidad no se habrán sorprendido ni de la propuesta ni del despliegue mediático que lleva aparejada porque, en realidad, se trata de una constante. Lo que sí produce desazón es la desmemoria; la utilización constante de esta para volver una y otra vez al mismo punto sin que el Gobierno en cuestión se vea obligado a dar cuenta del resultado de las propuestas similares aprobadas en todo este tiempo.

Manuel Chaves fue incluso más allá y llegó a prometer una vivienda a todos los andaluces que cobrasen menos de 3.000 euros al mes y, para ello, se aprobó posteriormente la Ley del Derecho a la Vivienda

Sin necesidad, siquiera, de considerar que la nueva ley de expropiaciones de viviendas pueda acabar empantanada en los tribunales, como le ocurrió a las expropiaciones de la Reforma Agraria, que el Gobierno andaluz derogó en silencio al cabo de los años, cuando ya se había olvidado; sin necesidad, como se dice, de entrar en ese debate jurídico, bastaría con que la Junta explicase ahora qué ocurrió con la última ley de la vivienda que aprobó. Que fuera obligatorio explicar, antes de aprobar una nueva norma, qué ocurrió con la anterior. Y en Vivienda, las explicaciones son complicadas. Fue en diciembre de 2007, cuando el Gobierno andaluz, con sus acompañantes habituales, los sindicatos y la patronal andaluza, firmó en vísperas de las elecciones que el PSOE volvería a ganar el año siguiente el Pacto de la Vivienda, en el que se proponía la construcción de 300.000 viviendas protegidas en 10 años, de las que el 80% se destinarían a las familias cuyos ingresos no excedieran de 1.300 euros al mes.

Manuel Chaves, que entonces era presidente de la Junta de Andalucía, fue incluso más allá y llegó a prometer una vivienda a todos los andaluces que cobrasen menos de 3.000 euros al mes y, para ello, se aprobó posteriormente la Ley del Derecho a la Vivienda. Es decir, que, a diferencia del resto del mundo, los andaluces podrían reclamar en los tribunales una vivienda. Porque era su derecho. Luego pasó lo que pasó, que se aprobó la ley y nunca más se supo.

¿Viviendas gratis? ¿Expropiaciones? Pues como cuando el PSOE prometió que las habitaciones de los hospitales andaluces serían individuales, que se colocaría un ascensor gratis en todos los bloques de pisos que carecieran de él, que se le pagarían las vacaciones a las amas de casa o que todos los andaluces tendrían acceso gratis a internet. Andalucía, dicen, está otra vez a la vanguardia. Pues vale. Lo de siempre. Aquí la realidad siempre ha ido por una parte y la política por otra.