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Están locos estos jueces
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Javier Caraballo

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Están locos estos jueces

Es un porcentaje, claro, sólo un porcentaje. Que en España tenemos más de 5.000 jueces y sólo van dando tumbos por los titulares cuatro o cinco

Es un porcentaje, claro, sólo un porcentaje. Que en España tenemos más de 5.000 jueces y sólo van dando tumbos por los titulares cuatro o cinco magistrados, porque se pueden contar con los dedos de una mano. El año pasado, hablando de todo esto en un encuentro con periodistas en la Menéndez Pelayo, una magistrada del Tribunal Constitucional se refirió con naturalidad a esa realidad y admitió que, en la Justicia española, hay “como en cualquier otra profesión, un porcentaje de jueces que son un desastre. Ni todos son buenos ni todos son listos, pero tampoco todos son malos. Locos, ignorantes y caraduras los hay en todas las profesiones”.

Pues sí, se trata sólo de un porcentaje, es verdad. Pero ahí están. Y a diferencia de otros colectivos, un mínimo porcentaje de magistrados puede provocar que todo un país acabe desquiciado. Por eso es tan grave lo que está ocurriendo en España con jueces disparatados como los que vemos estos días; es lo que le faltaba al país para acabar de sacudir todos los cimientos, como si fuésemos víctimas de un terremoto institucional de magnitud ocho. En ningún otro colectivo el porcentaje de locos, ignorantes y caraduras que tenemos que aceptar como ‘cuota humana’ es quizá tan dañino para la sociedad como en el caso de los jueces y por eso, precisamente por eso, cada despropósito judicial jamás puede analizarse como una anécdota, un “hecho puntual”, como diría cualquier dirigente político tirando del manual de palabras gastadas para situaciones de emergencia.

Si existe un juez como Elpidio es porque existe un sistema procesal vetusto que le otorga al juez de instrucción el poder impropio de hacer y deshacer en una instrucción poniendo en peligro la propia investigación del casoDañino para la sociedad y para los propios magistrados, los más afectados por estas actuaciones irregulares de algunos de sus colegas que tienen el efecto de una pedrada en el centro de un lago en calma. “Somos el colectivo de funcionarios a los que más se controla y al que más se sanciona, sin igual en la Función Pública, y siempre pasa lo mismo: surge un chalado y la imagen que queda es la del chalado”, decía ayer un magistrado nada más conocerse la onda expansiva que iba tomando la última resolución del juez de nombre Elpidio. Como Obélix, cualquiera se queda perplejo ante el espectáculo de un juez que encarcela a un procesado, le impone una fianza y, cuando la satisface, lo vuelve a encarcelar, ahora sin ella; como Obélix, no sale otra expresión que aquella del comic, “están locos estos jueces”.

Un porcentaje, sí, pero ahí están y ahí están las repercusiones desorbitadas de sus actos. Dicho de otra forma: todo esto no tiene nada que ver con los delitos que se hayan podido cometer en la gestión de Caja Madrid ni con la gestión de Miguel Blesa al frente de la entidad y, mucho menos, con la compra del City National Bank of Florida, que, por cierto, ya lo ha vendido Bankia de forma muy satisfactoria para la entidad (“una gran operación”, como exclamó el nuevo mandamás, José Ignacio Goirigolzarri) sin que al juez le haya importado lo más mínimo.

Lo ocurrido ayer tiene que ver, por encima de todas las demás consideraciones, con un modelo de justicia en España que ya no da más de sí: el modelo de los jueces de instrucción. Si existe un juez como Elpidio es porque existe un sistema procesal vetusto que le otorga al juez de instrucción el poder impropio de hacer y deshacer en una causa poniendo en peligro la propia investigación del caso y con el riesgo, más que probable, de que los únicos beneficiados sean los imputados porque, al final, los excesos de un juez así degeneran en absoluciones por la nulidad de todo el proceso. Que no es Elpidio, que no, que este juez lo que representa es una figura anacrónica del sistema judicial español y lo que ha conseguido es hacernos ver a todos la urgencia de la reforma de la Ley Procesal; el “vuelco histórico”, como lo define el fiscal general, de ponerle fin a una ley promulgada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882. Y ahora, si lo desean, repitan otra vez la fecha: 14 de septiembre de 1882.

Es un porcentaje, claro, sólo un porcentaje. Que en España tenemos más de 5.000 jueces y sólo van dando tumbos por los titulares cuatro o cinco magistrados, porque se pueden contar con los dedos de una mano. El año pasado, hablando de todo esto en un encuentro con periodistas en la Menéndez Pelayo, una magistrada del Tribunal Constitucional se refirió con naturalidad a esa realidad y admitió que, en la Justicia española, hay “como en cualquier otra profesión, un porcentaje de jueces que son un desastre. Ni todos son buenos ni todos son listos, pero tampoco todos son malos. Locos, ignorantes y caraduras los hay en todas las profesiones”.