Llanto sindical por los ERE

Le faltó acompañar sus palabras, enfadadas, con un golpe en la mesa, o que al mismo tiempo que las pronunciaba, se abriera la camisa, así, mostrando el pecho como quien se coloca desafiante ante un pelotón de fusilamiento. “Si quieren que dejemos de defender a los trabajadores, que ilegalicen a los sindicatos. Estamos acostumbrados, ya lo hicieron en el franquismo”. 

Era la rueda de prensa posterior al auto judicial en el que la juez Mercedes Alaya señalaba, con cifras y empresas, el dinero de la trama de los ERE que presuntamente ha ido a parar a los sindicatos UGT y CCOO, y Francisco Carbonero, el líder sindical de Comisiones en Andalucía, explotó con ese arrebato desafiante. A su juicio, todo lo que está ocurriendo está muy claro: “Volvemos a estar en otra etapa represiva hacia los sindicatos de clase, quizás no tan visible como en la dictadura, pero igual de sistemática y compartiendo el mismo objetivo: eliminar el sindicalismo de clase porque molesta”.

Alguna vez se ha comentado aquí que nada en la Andalucía política funciona mejor ni con más intensidad que los discursos que se construyen frente a un enemigo voraz y eterno, responsable de todos los males, capaz de todas las maldades imaginables, que se define siempre como “la derecha política y económica y sus aliados”, con lo cual ya la sola mención provoca un estado de espasmo preventivo. Para los sindicatos andaluces, eso es precisamente lo que está ocurriendo desde hace meses con el sumario de la trama de los ERE, “una campaña de acoso y derribo” que maneja desde la oscuridad de ese enemigo de siempre, que vuelve ahora “para quitar de en medio a los sindicatos como sea”. ¿Franco? Pues igual. Y ahí se acaba el debate para los sindicatos; ni hay que ofrecer más explicaciones ni hay que darle más vueltas a todo esto.

Claro que, por mucho que esa sea la estrategia que se sigue, repetida mil veces y en mil circunstancias, con la sola evidencia de lo que ya se conoce, y que nadie cuestiona, los ciudadanos merecen algunas explicaciones más; sin necesidad de que se cierre el sumario, sin necesidad de esperar a que se celebre el juicio y que la Justicia determine las responsabilidades penales; sólo con las certezas que se conocen de cómo han funcionado durante años los fondos de Empleo en Andalucía, son precisas algunas explicaciones más que ese arrebato tramposo. 

No entremos en si todo eso supuso, como sostiene Mercedes Alaya, un “saqueo de los fondos públicos” y una financiación ilegal de los sindicatos. Sin llegar a eso, ¿cómo pueden decir los responsables de UGT y CCOO ahora que ni siquiera conocían a las empresas mediadoras de los ERE?

Podríamos empezar, por ejemplo, sin entrar siquiera en las posibles irregularidades, por demandar a los sindicatos andaluces alguna explicación de por qué, si su único objetivo es la defensa de los trabajadores, han consentido, apoyado y amparado durante tantos años una política económica que no sólo no ha generado empleo en Andalucía, sino que, como se está viendo ahora, ha despilfarrado decenas de millones de euros en negocios simplemente inviables. ¿Podrían acaso señalar esos sindicatos alguna inversión productiva que se haya realizado con esos fondos destinados a generar empleo y riqueza? Que empiecen por analizar la trama de los ERE y que terminen con Invercaria, demasiados millones de euros que sólo han generado pasivo en una de las regiones con más paro de Europa. ¿Defensa de los trabajadores? Pues vale.

A partir de ese análisis, que se limita exclusivamente -que no es poco- al desastre de la política económica de Andalucía, se podría ya descender a las irregularidades que tampoco necesitan de más demostración de la que ya se conoce. Por ejemplo, algo muy elemental: la vinculación estrecha y la influencia que ejercían los sindicatos en el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Tampoco hace falta esperar ningún juicio, porque ya se sabe: era tan especial la relación de los sindicatos con Guerrero que, como ya publicó El Confidencial, después de oponerse durante meses a su salida del Gobierno andaluz, le organizaron una cena de despedida en uno de los restaurantes de Sevilla que resultó agraciado con un ERE de intrusos.

Lo que se ha sabido después por algunas de las personas que han declarado ante la juez Alaya encaja perfectamente con esa relación privilegiada de los sindicatos con el exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía. Antonio Albarracín, el exdirector comercial de Vitalia, una de las empresas mediadoras de los ERE, le dijo a la juez Alaya que era evidente que entre UGT y CCOO y Francisco Javier Guerrero existía una “relación enormemente fluida” (al parecer, según algunos abogados, en la declaración judicial Albarracín habló de “compadreo”, pero en el acta judicial se puso esta otra expresión). Tanto Albarracín como otros implicados en la trama de los ERE, además de la propia investigación policial, han constatado que era tal la influencia sindical que para obtener los beneficios de un ERE la forma más directa era a través de los sindicatos; ellos decidían, este sí, este no. “No tenían más opción: o pagabas [a los sindicatos] o no hacías la operación”, resumió el citado Albarracín ante la juez. 

No entremos en si todo eso supuso, como sostiene Mercedes Alaya, un “saqueo de los fondos públicos” y una financiación ilegal de los sindicatos. Sin llegar a eso, ¿cómo pueden decir los responsables de UGT y CCOO ahora que ni siquiera conocían a las empresas mediadoras de los ERE? Pues lo dicen: “Ni conocemos a los dirigentes de las mediadoras que supuestamente habrían realizado pagos irregulares ni sabemos quiénes son”. También los dirigentes de UGT y CCOO se han enterado por la prensa de quiénes eran las empresas mediadoras y los dirigentes de esas empresas que negociaban casi a diario, y durante más de diez años, todos los expedientes de regulación de empleo que se tramitaban con las ayudas de la Junta de Andalucía. Y ahora, nosotros, tenemos que creerlos porque, según dicen, han realizado, no una, sino dos investigaciones internas en el sindicato, y nada han encontrado, “ni un euro cobrado que no sea legal”.

“Quieren acabar con los sindicatos, quieren ilegalizarnos”, dicen exaltados, pero en realidad son esas prácticas y es esa política sindical, sectaria, elitista, ciega a los problemas reales de la calle, son, en fin, esos dirigentes que tanto consienten, que tanto han callado, que tanto han mirado para otro lado, quienes están horadando el prestigio y la credibilidad de los sindicatos. Si al menos existiera una mínima autocrítica, el más elemental reconocimiento de una política equivocada que degeneró en una política corrompida, podrían encontrar alguna disculpa. Pero no ocurre eso; siguen amparando y apoyando el uso discrecional de los fondos de empleo, origen de la trama corrupta que se investiga. Por eso, esas invectivas de ahora, ese llanto sindical por los ERE. Que no hace falta que se celebre el juicio para detectar ahora una simple mentira.