El uso bastardo de las instituciones

Todo está dispuesto ya; todos los requisitos formales, todos los avales políticos. Vía libre para que Griñán pueda llevar adelante una de las operaciones políticas más extravagantes e irresponsables que se han realizado en la España autonómica, y eso que la concurrencia disparatada en ese terreno es abundante. Tras la aceptación del Comité Federal del PSOE, hoy mismo hará lo propio el comité director de los socialistas andaluces, el máximo órgano entre congresos. Y, en menos de un mes, Andalucía se instalará, por la voluntad de su presidente, en el escenario político más inestable que se pudiera imaginar hace poco más de un año, en marzo del año pasado, cuando se celebraron las elecciones autonómicas: un Gobierno de coalición formado por dos partidos en el que uno de ellos, el PSOE, aporta a un presidente dimitido de facto mientras que el otro partido, Izquierda Unida, incluye a un vicepresidente que ya no controla a la federación de izquierdas en la que milita porque en la última asamblea ha perdido el liderazgo. Y entre los dos, una consejera, la de Presidencia, volcada en su promoción personal por la región para preparar las próximas elecciones. Todo eso en plena crisis, en la región con más paro de Europa. Espectacular.

¿Y qué pretende Griñán con esta jugada; cuál es su objetivo? Eso es lo más curioso de todo, que nada más conocerse sus planes dimisionarios, esa es, precisamente, la pregunta que se hace todo el mundo y a la que todos le damos respuestas, como si lo fundamental de lo que está ocurriendo en Andalucía se limitara a las ambiciones privadas de Griñán y a sus apetencias políticas. Que si pretende zarandear a Rubalcaba, que si quiere marcarle la agenda a la ejecutiva federal con la celebración de las primarias, que si busca colocar a su protegida al frente del Gobierno autonómico y descolocar a todos los adversarios políticos…

Lo primero hubiera sido cuestionarnos si Griñán está legitimado para utilizar así las instituciones con el único objetivo de satisfacer meras ambiciones personales y políticasEs muy probable, ciertamente, que todo eso esté en el guion que se ha planteado el presidente andaluz y que, con seguridad, esas sean las consecuencias inmediatas de su decisión: Rubalcaba no podrá aguantar más la presión de las primarias a partir de la conferencia política de octubre próximo y en Andalucía el ambiente electoral irá creciendo y desembocará en unas elecciones adelantadas quizá a finales de 2014; antes de que la economía pueda dar señales más evidentes de mejora y que el Partido Popular pueda remontar en las encuestas. Esa es, sí, la pregunta, y esas son las cábalas, pero lo más grave de todo es que al hacernos esa pregunta y plantearnos esas respuestas estamos, de alguna forma, dando por buena la estrategia de Griñán, sin reparar en que lo primero hubiera sido cuestionarnos, cuestionarle, si un presidente de gobierno está legitimado para utilizar así las instituciones con el único objetivo de satisfacer meras ambiciones personales y políticas (en las cuestiones personales, claro, no se incluye lo de la edad, porque es de chiste: nadie sensato se presenta a unas elecciones con 66 años y a los 67 descubre que ya es muy mayor para continuar en política y que es necesario un relevo generacional).

No, la cuestión, la primera cuestión, es esta otra que se plantea: si Griñán está legitimado para organizar este revuelo, sin calcular las consecuencias directas en la región que gobierna, justo en medio de una grave crisis económica. No podemos perder de vista, en este sentido, que José Antonio Griñán no fue quien ganó las autonómicas andaluzas en marzo de 2012 sino que, por el contrario, en aquellas elecciones el PSOE de Andalucía confirmó bajo su mando un declive hasta entonces nunca visto con tres derrotas electorales consecutivas. ¿Podía interpretarse que el pueblo andaluz ambicionaba un cambio político, tras 30 años de gobierno socialista, con la victoria del Partido Popular, aunque no alcanzara la mayoría absoluta? Es evidente que sí, aunque las reglas incuestionables de la democracia hicieran posible que no fuera el Partido Popular el que acabara gobernando esta región, sino las otras dos fuerzas políticas de izquierda, PSOE e IU-CA, gracias al acuerdo que alcanzaron.

Sin embargo, la legitimidad de ese acuerdo se desmorona cuando, transcurrido un año, se descubre que el deseo del presidente de la Junta de Andalucía no era el de gobernar la región con un pacto de izquierda, sino que el pacto aquel con Izquierda Unida no era más que una parte de su estrategia personal y política para llegar al punto en el que se encuentra en este momento. Para poder disponer, como le ocurre ahora, de poder suficiente en el PSOE para marcarle la agenda a Rubalcaba, para imponer a su sucesora al frente de los socialistas andaluces y para convocar elecciones anticipadas cuando más daño le pueda hacer a sus rivales electorales, Griñán necesitaba sentarse en el sillón de la Presidencia de la Junta. Y a la vista de sus actos de ahora, y del desparpajo con el que ya se pronuncia abiertamente sobre la posible ruptura del pacto de gobierno con Izquierda Unida, parece muy claro que eso es, sencillamente, lo que ha ocurrido. Sin el menor reparo, Griñán ha utilizado el Gobierno de coalición y la propia Junta de Andalucía para garantizar el éxito de sus objetivos personales y políticos. ¿Legítimo? No, lo contrario. Se llama uso bastardo de las instituciones.