El nuevo centralismo madrileño

A la Comunidad de Madrid le sienta bien el estado de las autonomías. No se disponen de informes y estudios suficientes que analicen la cuestión en profundidad, pero por los datos que se van conociendo periódicamente, la Comunidad de Madrid es, quizá, la que más se ha beneficiado de la descentralización autonómica o, por lo menos, la que más provecho ha sabido sacarle al Estado de las autonomías. Lo cual no deja de ser paradójico: que la capital de España siga beneficiándose del modelo de Estado incluso cuando se cambia, radicalmente, de un estado centralista en la dictadura franquista a un estado cuasi federal en la democracia. Lo mismo da porque el movimiento centrípeto que ejerce la capital permanece intacto o, incluso, se incrementa.

Ahí están, por ejemplo, los datos que ofreció hace unos días el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, según los cuales casi 5.000 empresas han trasladado su domicilio social a la capital de España desde 2010. Cuando se conoció la noticia, muchos destacaron que, en ese paquete de mudanza hacia el centro, más de 1.000 empresas procedían de Cataluña, pero, en realidad, la proporción de empresas catalanas que hacen las maletas hacia Madrid no es, en absoluto, más significativo que el de empresas andaluzas o valencianas. En una economía tan potente como la catalana, siempre será menos significativo que emigren a Madrid 1.060 empresas que, en el mismo periodo de tiempo, 684 compañías andaluzas se trasladen a la capital de España. Por ello, lo significativo es contemplar el fenómeno en su conjunto: que tres comunidades autónomas tan distintas, Cataluña, Andalucía y Valencia, gobernadas tradicionalmente por fuerzas distintas, sumen más del 50% de las empresas que cambian su domicilio social a la comunidad de Madrid.

Existe un magnetismo de las empresas hacia Madrid por las mejores condiciones fiscales y políticas

Hay quien ha querido ver estos datos como una mera anécdota, como la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, que los considera insustanciales, insignificantes, y fruto sólo de la utilización política que se hace para censurar o reafirmar alguna posición partidista. Sin embargo, el consejero que presentó esos datos, Enrique Ossorio, sostuvo que la tendencia es muy significativa y que la explicación principal de este éxodo de empresas hacia el centro peninsular radica en las ventajosas políticas de ayuda empresarial que viene aprobando la Comunidad de Madrid en el último decenio: las bajadas sucesivas de impuestos, la reducción de trabas burocráticas y las políticas liberales.

Es probable que ambos tengan una parte de razón. Por un lado, que cinco mil empresas, en dos años y medio, se trasladen desde varias comunidades hacia la capital del Estado es un dato, ciertamente, menor si se compara con las decenas de miles de empresas que en ese tiempo se han creado, destruido y trasladado en toda España. Insignificante por partida doble si, además, se suman las sinergias, en todos los campos, que sigue aportando Madrid por el mero hecho de ser capital de España, algo que no ha cambiado un ápice con el Estado de las autonomías. Pero, sentado todo esto, si volvemos al éxodo de empresas, es evidente que por pequeñas que sean esas cifras, reflejan una realidad, que existe un magnetismo de las empresas hacia Madrid por las mejores condiciones fiscales y políticas. Tanto es así, que el porcentaje de sociedades del País Vasco que se ha mudado a Madrid es insignificante (menos de 300), por la sencilla razón de que el régimen foral vasco y navarro les permite conceder privilegios fiscales exclusivos a sus empresas, por encima de las condiciones que pueda ofrecer la Comunidad de Madrid.

Mientras que en Madrid, durante todo este tiempo, ha existido una política estable, en las tres comunidades autónomas que encabezan la mudanza de empresas, Cataluña, Andalucía y Valencia, tres Gobiernos distintos, de tres colores distintos, han aplicado políticas desastrosas. En Cataluña, el despilfarro inmenso del tripartito de Maragall y Montilla condujo a la degeneración independentista de Artur Mas. ¿Hacen falta más razones para que un empresario decida largarse, si puede? En Valencia, el inmenso despilfarro del Gobierno del Partido Popular ha dejado a la comunidad en quiebra y horadada por la corrupción. ¿No es acaso normal que la empresa que pueda busque horizontes menos conflictivos, menos asfixiados? En Andalucía, el mayor escándalo de corrupción de la España autonómica, el fraude de los ERE, descubrió una comunidad gestionada por la chapuza, el sectarismo, el oportunismo, la desidia. Ahora se le añaden costosísimas gotas de demagogia revolucionaria que a nada conducen, pero que mucho frenan. ¿Puede haber alguien interesado en mantener su empresa allí donde, a diario, se anuncian nuevas subidas de impuestos y el futuro político es más incierto?