El lapsus del fiscal: la corrupción sí renta

¿Es rentable la corrupción? Para determinar la eficacia de cualquier sistema judicial y policial contra esa lacra antigua que es la corrupción política, la corrupción del poder, no existe ninguna otra pregunta que coloque mejor las cosas en su sitio. Sencillamente, si en un país la corrupción, en términos generales, acaba siendo rentable para quienes cometen esos delitos, quiere decir, sin más reparos que se interpongan, que se está fracasando en la lucha contra la corrupción. Entiéndase que, cuando se habla de la rentabilidad de esta, de ninguna forma debe deducirse que los delitos no se recojan en el Código Penal, que no haya procesados por esos motivos o que no se dicten sentencias condenatorias en cada uno de los casos que se investiguen; no, puede suceder que en una democracia exista una persecución formal de esos delitos y que, sin embargo, la corrupción nunca termine por erradicarse porque jamás se llega al fondo. Por eso es rentable. Todo se queda en la espuma, pero debajo el caldero sigue hirviendo.

¿Es rentable la corrupción en España? Ya en una ocasión se recogía aquí el discurso del fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón que, en la apertura del año judicial del otoño de 2012, afirmó que en España "la lucha contra el fraude y la corrupción, en cuanto resulta rentable [para quienes la cometen] tiene que estar dotada por ello de medios excepcionales. Ahora esta lucha es más necesaria que nunca. La recuperación de los beneficios ilícitamente obtenidos presenta carencias importantes en nuestro sistema procesal". Lo dijo el fiscal andaluz hace un año y ahora, un año después, nos encontramos con la versión contraria del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ayer mismo afirmó, también en un acto de inauguración del año judicial, que en España los delitos contra la corrupción "no rentan". Es difícil de entender la afirmación de Torres-Dulce porque el resto de su discurso, desde luego, siembra más dudas que otra cosa sobre la eficacia de la lucha contra la corrupción en España.

La rentabilidad de la corrupción en España es lo que explica esta multiplicación en todos los ámbitos, públicos y privados. Y las graves deficiencias en la lucha contra la corrupción (los órganos de control fallan o mienten, los medios policiales son limitados, la legislación penal es insuficiente y la instrucción judicial está anticuada) son las que garantizan esa rentabilidad

Será un lapsus, sí, porque como se decía antes lo que está claro es que si la corrupción no fuera rentable en España la primera señal la tendríamos en un descenso significativo de los casos de corrupción, y no ocurre eso, no. El propio Torres-Dulce afirmó ayer que se detecta "un incremento cualitativo y cuantitativo" de los procesos por corrupción. Y luego, trasladó esta afirmación a un ámbito todavía más preocupante: no se trata sólo de corrupción pública, sino que también hay que incluir la corrupción privada, que es la que protagonizan "los directivos y administradores de sociedades que se prevalecen de su condición de lucrarse a costa de la entidad que gestionan y de las personas que tienen intereses en ella". Desde el expresidente de la CEOE hasta el reciente escándalo de Pescanova, podríamos completar un buen catálogo de casos de esa corrupción privada que ayer destacó el fiscal general. Tan abrumador es el recuento que si esta lacra en España se observa desde esa doble perspectiva que marca el fiscal general de Estado, la corrupción pública y la privada, el panorama resultante es desolador, asfixiante.

Si pudiésemos alejarnos del momento en que vivimos y contemplar la escena con alguna perspectiva, nos daríamos cuenta de que la corrupción ha llegado a ser tan rentable en España que se ha alcanzado este punto de podredumbre, mucho más delicado para la salud del sistema democrático que lo fue en su día, por ejemplo, el desmoronamiento del felipismo, enfangado en múltiples frentes. Porque ahora, a diferencia de entonces, la corrupción afecta a todos y a todo: la Corona, el Gobierno, la oposición, empresarios, sindicatos... Llegará un día en el que nos recordarán que, al mismo tiempo, llegaron a confluir el caso Bárcenas, que puso contra las cuerdas al Gobierno del PP, con otro escándalo enorme, como el de los ERE, que comprometía al PSOE en la oposición, y que todo se quedaba pequeño con la trascendencia del caso Nóos, que afectaba a la Corona; nos dirán que todo eso ocurrió al mismo tiempo y no llegaremos a comprender cómo pudo resistirlo el país.

"El delito no renta", acaba de decir Eduardo Torres-Dulce y, si no supiésemos que estamos ante uno de los mejores fiscales generales de Estado, no estaría tan claro que se tratase de un lapsus. Es lo contrario: la rentabilidad de la corrupción en España es lo que explica esta multiplicación en todos los ámbitos, públicos y privados. Y las graves deficiencias en la lucha contra la corrupción (los órganos de control fallan o mienten, los medios policiales son limitados, la legislación penal es insuficiente y la instrucción judicial está anticuada) son las que garantizan esa rentabilidad. Desmontar todo eso, si es que algún día ocurre, llevará varias generaciones. Y dilapidará no sabemos cuántas oportunidades de desarrollo.