El burdo engaño de la austeridad

Un viejo lobo del Partido Comunista fue quien me explicó una vez el verdadero significado que tiene en política el verbo ‘renovar’: “Se trata de un verbo complejo, amigo mío, una rara avis en la gramática española, porque es el único que prescinde en su conjugación de la primera persona del singular y del plural. La renovación en política es aquella que se le aplica a los demás”. Cuando contaba aquello, a él mismo le habían aplicado un proceso de renovación, lo habían pateado de la dirección, o sea, porque no en otra cosa consiste la renovación que en las habituales luchas de poder de los aparatos de los partidos políticos, envueltas en ese falso celofán para ocultar su verdadera esencia. De todas formas, no se quejaba; en ese momento le aplicaban a él la renovación, de la misma forma que él se había pasado años aplicándosela a sus camaradas adversarios.

No se quejaba, no, porque parece inevitable que la política sea una actividad indisociable del doble lenguaje, de las medias verdades; un ejercicio constante de simulación. Y el problema, como cualquiera puede entender, nos podría traer al pairo a todos siempre que ese doble lenguaje se limitara al esgrima interno, al cruce de navajas de los congresos, a las puñaladas de los pasillos de una sede cualquiera. Pero no, lo peor es constatar que en políticas existen muchos verbos más que prescinden de la primera persona.

¿Austeridad? También la austeridad en política es aquella que se le aplica a los demás, a los ciudadanos, pero nunca a la inmensa red de burocracia política. Estos días, por ejemplo, ha trascendido en Andalucía el gasto anual de los grupos parlamentarios andaluces. Al margen del suelo de los diputados, los 109 diputados que componen el Parlamento andaluz, y de los correspondientes complementos (con lo que suman un sueldo de entre 3.000 y 5.000 euros, aproximadamente), las agrupaciones políticas reciben al año casi once millones y medio de euros. ¡11.409.319 euros para repartirlos entre tres grupos parlamentarios, sueldos aparte!

Para entender la barbaridad, podemos comparar esa cifra con lo que recibe al año la Casa Real. A ver, antes de escribirlo, ¿quién pensaría que la subvención pública que reciben tres partidos políticos en un parlamento regional es muy superior a la asignación anual de toda la Casa Real? Pues así es, la web de la Corona detalla que “la cantidad global asignada para el ejercicio 2013 es de 7,933.710 euros”. Es decir, tres millones y medio de euros menos que la subvención que se autoconceden los grupos parlamentarios andaluces.

Les dirán que la culpa, la responsabilidad, la tiene el partido de enfrente, que nada se puede hacer. Y a la vuelta, de nuevo en el escaño, juntos aprobarán otra vez el presupuesto del Parlamento andaluz para seguir financiando sus respectivas estructuras clientelares que permanecen inalterables.

Pero es más, dentro de esa cantidad se incluye un capítulo “Familia Real” que asciende a 699.128 euros y que “comprende la dotación y gastos de representación de los miembros de la Familia Real: considerados a efectos fiscales como rendimientos del trabajo”. ¿Alguien se atreve a aventurar cuánto han gastado en personal (asesores, secretarias, prensa…) los tres grupos parlamentarios andaluces? Pues el doble de lo que cuesta la Familia Real, más de un millón y medio de euros. Izquierda Unida, aunque sólo sacó doce diputados, es el que más gasta, más de medio millón de euros al año, por encima de lo empleado en personal por el PSOE o del PP, que tienen tres o cuatro veces más diputados.

¿Austeridad? Cómo puede proclamar la austeridad, y mucho menos imponerla, un sistema político que mantiene esas partidas de gasto. Que entran escalofríos sólo de ponerse a pensar en cuánto dinero reciben, en realidad, los partidos políticos en España si se sumaran todas las subvenciones públicas de esta naturaleza que reciben en todas las instituciones del Estado, desde el Congreso hacia abajo. Eso sin contar con la financiación de sindicatos y patronales, claro.

Entre tanto, mientras todo eso permanece inalterable, el debate político habitual consiste, al menos en Andalucía, en el reproche diario y cruzado entre dirigentes del PSOE y del Partido Popular sobre los recortes sociales de los gobiernos de uno y otro signo. Para los dirigentes socialistas, el Gobierno de Rajoy está asfixiando a Andalucía con los recortes y, sólo en la Ley de Dependencia, ha reducido la trasferencia anual en más de 200 millones de euros. A juicio del Partido Popular, sin embargo, es la Junta de Andalucía la que ha recortado en políticas sociales más de 500 millones de euros en los tres últimos años, al margen de una deuda de más de doscientos millones de euros con distintos colectivos sociales, desde discapacitados hasta escuelas infantiles.

Eso supone, ni más ni menos, que este mes se volverá a reunir, en cualquier ciudad, una asociación de niños con parálisis cerebral con la angustia de no poder seguir adelante. O que, en el amargo anonimato de sus casas, más de 50.000 personas a las que ya se le ha reconocido un grado máximo de dependencia no van a recibir ni un solo céntimo. Les dirán que la culpa, la responsabilidad, la tiene el partido de enfrente, que nada se puede hacer. Y a la vuelta, de nuevo en el escaño, juntos aprobarán otra vez el presupuesto del Parlamento andaluz para seguir financiando sus respectivas estructuras clientelares que permanecen inalterables.

“Hay que restaurar la ejemplaridad de la política, con más transparencia y con austeridad”, repiten dirigentes políticos de todos los partidos cada vez que se ven abrumados por el progresivo desapego de la ciudadanía sobre la clase política. Yo los escucho e imagino a mi lado, susurrándome al oído, a aquel viejo lobo comunista: “Atento, amigo mío, que os van a aplicar la austeridad con todo el rigor”.