'Operación Alaya', la voladura descontrolada de los ERE

Nadie habrá de sorprenderse por el rumor intenso que otra vez corre por los pasillos de juzgados y despachos políticos como un viento racheado que levanta un torbellino de papeles. Nadie que se haya detenido alguna vez en el trasfondo del mayor escándalo de corrupción institucional que se conoce, el despilfarro de más de 1.000 millones de euros con episodios sonados de fraude y robo en el reparto de los fondos de Empleo de la Junta de Andalucía, se asombrará de que, dos años después de comenzar el caso, la sombra del fiasco en la instrucción de este proceso judicial haya comenzado a apoderarse del ánimo de todos.

Con más de 30.000 folios de sumario judicial, 200.000 documentos anexos y 80 personas imputadas, el proceso está paralizado de facto desde hace meses por la baja inesperada de la juez titular y principal impulsora, Mercedes Alaya. Una nebulosa se cierne en torno al futuro inmediato del proceso; quizá nunca nadie ha sabido responder a la pregunta, pero este debe ser el momento de mayor incertidumbre sobre el destino final de este macroproceso. Nadie sabe cuándo ni cómo acabará, y esa incertidumbre general, cuando ya han pasado dos años (las diligencias previas de la causa se incoaron el 19 de enero de 2011), debe de causar alarma, porque de los polvos de una instrucción como ésta llegan luego los lodos de un proceso judicial fallido. Por dilaciones indebidas, por vulneraciones del derecho a la defensa, por indefensión... En suma, por las razones tantas veces repetidas en las que un gran escándalo acaba en nada y multiplica de forma exponencial la desconfianza que la sociedad tiene en la Justicia.

¿Quiere decirse, por ello, que la responsabilidad de todo cuanto sucede es de la juez titular, Mercedes Alaya? No, desde luego. Más allá aún: si en otras ocasiones ha habido motivos razonables para censurar su forma de actuar, 'la juez de porcelana', como se la definió aquí, esta vez no parece que la responsabilidad de esta incertidumbre sea suya. Lo que está poniendo de manifiesto el caos en el que está cayendo es que los macroprocesos judiciales no pueden recaer sobre una sola persona que, además, como ha ocurrido durante tanto tiempo con la juez Alaya, tiene que instruir otros procesos judiciales no menos complejos, como el de MercaSevilla o la intervención del accionariado del Real Betis Balompié, además de atender los asuntos cotidianos del juzgado de guardia.

Hasta hace una semana, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, no pareció entender la urgencia que existía para tomar medidas inmediatas sobre el juzgado que instruye los ERE, para reforzarlo y para garantizar que el rumbo de la instrucción se acelere y se esclarezca. Se han tomado medidas, sí, pero la impresión es que dichas medidas, además de llegar demasiado tarde, son insuficientes para atender el retraso acumulado en este tiempo de baja de la juez, en el que se han seguido aportando al caso nuevas diligencias y pesquisas policiales mientras que los jueces de refuerzo sólo podían, razonablemente, atender las urgencias judiciales que se planteaban, como los recursos de excarcelación pendientes.

Sostiene el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que "la Justicia, o la hacemos ágil o no tiene sentido", sobre todo en ese tipo de "macrocausas amplias y delicadas", y ciertamente es así, pero resulta que lo único que se ha decidido sobre la instrucción de los ERE ha sido nombrar un juez más de refuerzo, desechando la idea que parecía más razonable de desdoblar el juzgado y crear un órgano bis, que habría implicado ocho nuevos funcionarios. Ya es sabido que la Justicia cuenta con medios muy limitados y que, con toda probabilidad, la decisión del TSJA esté forzada por las circunstancias y por la cicatería con la que la Junta de Andalucía gestiona las competencias de Justicia. Es probable, sí. Pero, sobre todo, lo que pone de manifiesto todo esto es la necesidad imperiosa de modificar de una vez por todas la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Desde que se inició el caso de los ERE, la juez ha sido objeto de algunos ataques furibundos por parte del establishment socialista. Han atacado su vida personal, con infundios, y se la ha intentado apartar del caso con la recusación judicialNada se hace más difícil que intentar entender cómo es posible que el sistema procesal español se siga rigiendo por una ley del siglo XIX, mutilada y parcheada decenas y decenas de veces. El ministro socialista Francisco Caamaño ya presentó al final de la pasada legislatura un proyecto de ley, pero su labor fue más testimonial que otra cosa porque cuando la aprobó el Consejo de Ministros, a finales de julio de 2011, todo el mundo sabía que la legislatura estaba agotada, sin tiempo para nada más. Ahora, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha vuelto a asumir el reto de sustituir la ley de 1882 y, de hecho, a principios de año ya recibió el informe de la comisión de juristas nombrada al efecto.

Definir el papel de jueces y fiscales

Con la nueva ley se regularan aspectos esenciales del procedimiento penal, como las escuchas telefónicas, pero sobre todo se va a redefinir el papel de jueces y fiscales. Y será el Ministerio Fiscal, y no el juez de instrucción como hasta ahora, el que dirigirá las investigaciones, con lo que a la instrucción de los casos se le incorporarán las ventajas que presenta la Fiscalía por su estructura orgánica y, sobre todo, por su especialización. En ese nuevo modelo, y durante la fase de instrucción, el juez quedaría como 'juez de garantías', encargado de velar por los derechos fundamentales del 'investigado', término que sustituiría al actual 'imputado', tan controvertido. Deberán, además, incorporarse plazos concretos de duración de la instrucción y del propio secreto sumarial; fin a las instrucciones de casos que se saben cuándo empiezan pero nunca cuándo acaban.

Ahora, volvamos a la pregunta inicial: ¿La responsabilidad de la deriva que ha tomado la investigación de los ERE es de la juez Alaya? En muchos aspectos, sí, por su forma de conducir el caso. Pero es evidente que con otra ley procesal el marasmo judicial en el que se encuentra ese escándalo no existiría así porque las causas objetivas que lo han conducido a esa situación, incluido el protagonismo de la juez, no habrían concurrido nunca. Un ministro del PSOE presentó un anteproyecto de ley y un ministro del PP ha retomado la iniciativa política de ponerle fin a una ley de cuando en España reinaba Alfonso XII. Sería triste y penoso que un asunto tan primordial para el funcionamiento de la Justicia se empantane en debates estériles, limitados y cegatos, como se acostumbra en España. La voladura descontrolada que padece el escándalo de los ERE debería ser el impulso definitivo.

Otrosí digo: desde que se inició el caso de los ERE, con la primera investigación en 2007 del caso Mercasevilla, origen de todo, la juez Alaya ha sido objeto de algunos ataques furibundos por parte del establishment socialista. Han atacado su vida personal, con mofas e infundios, y, en paralelo, se la ha intentado apartar del caso con la recusación judicial. Desde hace unas semanas, otra vez se han desatado rumores interesados contra la juez por el trabajo de su marido. La noticia ya la avanzó El Confidencial: Jorge Francisco Castro García, esposo de Mercedes Alaya, es el administrador concursal del holding del empresario de la construcción Luis Portillo, que ha dejado una deuda superior a los 545 millones de euros. El rumor que se difunde tiene que ver con la minuta millonaria que le correspondería al marido de la jueza, nombrado para ese trabajo por otro juez de Sevilla. "Es un escándalo que un juez 'premie' con una minuta tan elevada al marido de una compañera suya", van diciendo.

Al respecto, dos cosas. El nombramiento de los administradores judiciales está regulado por ley y nada hace indicar que en este caso se incumpla ninguno de los requisitos exigidos. Y dos, si alguien considera que debe corregirse la ley en algún sentido, porque es probable que así sea, que lo proponga en el Congreso. Lo demás querrá decir que, en el fondo, lo único que se pretende es manchar el nombre de la juez. Dicho de otro modo, lo único que se intentará es convertir el escándalo de los ERE en la 'operación Alaya'. Y eso, claro, es demasiado burdo.