Aislamiento, presión y nervios: Alaya, en la encrucijada de la instrucción de los ERE

La juez Alaya está atrapada. En los más de tres años de instrucción del mayor proceso judicial contra la corrupción institucional de una administración pública investigado en España, es en este momento, en estas semanas, cuando la juez Alaya se encuentra en un momento más delicado.

Internamente, la presión de los órganos judiciales, de forma explícita por parte de la Fiscalía Anticorrupción, es cada vez mayor para que divida la macrocausa y comience a resolver el proceso. Externamente, los casi doscientos imputados que suma ya el sumario han iniciado una estrategia nada disimulada de desconsideración de la juez, y, al contrario de lo que ha sucedido hasta ahora, se niegan a declarar cuando son citados en el juzgado.

Personalmente, ese cúmulo parece haber hecho mella en la férrea personalidad de la juez que, en los últimos tiempos, da muestras evidentes de nervios y de tensión. Presión judicial, aislamiento externo y nervios de la magistrada. En ese triángulo de situaciones se resume el estado actual del escándalo de los ERE y la propia encrucijada en la que la juez Alaya parece encontrarse atrapada.

La presión judicial

La última vez que, de forma expresa, la juez Alaya rechazó dividir en piezas el caso de los ERE fue a principios de este año, en un auto en enero, pero desde mucho antes, acaso desde pocos meses después de iniciarse la investigación, ha estado recibiendo consejos, presiones o sugerencias, directas e indirectas, para que abandonara su modo de instruir, una instrucción acumulativa, se diría.

¿Por qué se niega la juez Alaya la dividir el caso? La razón siempre ha sido la misma. Ella considera que el caso de los ERE es un todo, una estructura con distintos niveles de responsabilidad en el que cada pieza ha jugado un papel distinto, pero todas engarzadas entre sí. Alaya, en suma, entiende que la trama de los ERE forma una estructura piramidal, y así lo reflejó en el citado auto de enero pasado: “El sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas fue obra de una estructura piramidal de cargos políticos y técnicos de la Junta”. Y trocearla, cuando a su juicio las responsabilidades penales están trenzadas, sería contraproducente. “Hasta la fecha no existe razón alguna que justifique la división de la causa, pues se rompería la continencia de la misma”, ha venido sosteniendo la juez.

Lo que sucede es que, aunque todo el mundo pueda entender que el escándalo de los ERE funcionaba de esa manera, y que un intruso, que es la parte baja de la pirámide, no se podría haber incluido en un ERE si no hubiera existido un sistema opaco de ayudas diseñado por un Gobierno, igual que los comisionistas o el resto de actores de la trama; aunque se entienda que eso funcionaba así, lo que no se comparte con la jueza es la idoneidad de esa forma de proceder, la instrucción acumulativa, para agilizar la instrucción, garantizar los derechos de los imputados y evitar dilaciones indebidas. Sobre todo cuando, como sucede en este caso, la jueza se ve obligada a equilibrios permanentes en sus autos para evitar tener que imputar a una decena de cargos políticos que están aforados en otros tribunales, como los expresidentes de la Junta.

De esos equilibrios surge, por ejemplo, la controvertida figura de los ‘preimputados’ o que, como ha sucedido recientemente, la jueza decida implicar en el escándalo al consejo rector de la Agencia IDEA (Innovación y Desarrollo de Andalucía), y para ello impute sólo a los miembros de ese órgano que no están aforados, para no tener que remitir la causa a otro tribunal

De esos equilibrios surge, por ejemplo, la controvertida figura de los ‘preimputados’ o que, como ha sucedido recientemente, la jueza decida implicar en el escándalo al consejo rector de la Agencia IDEA (Innovación y Desarrollo de Andalucía), y para ello imputa sólo a los miembros de ese órgano que no están aforados, para no tener que remitir la causa a otro tribunal. Tanto mayor es la contradicción cuando en ese último paquete de imputaciones, un total de 25 personas, la jueza incluía, por ejemplo, al presidente de Unicaja, Braulio Medel, a pesar de reconocer en el mismo auto de imputación que en siete años sólo acudió a tres reuniones de IDEA en las que se aprobaron ayudas a empresas que la juez considera ilegales. A otros, que eran cargos políticos, que acudían a todas las reuniones, pero que están aforados, no los imputa en el mismo auto.

De forma tangencial, en ocasiones algunos representantes del Poder Judicial han sugerido a la jueza que modifique su actuación y comience a resolver el macroproceso; de forma indirecta, la Audiencia de Sevilla le ha indicado en sus resoluciones que considera que la instrucción de los ERE ya ha alcanzado “su límite máximo”; y de forma directa, la Fiscalía Anticorrupción le ha solicitado en varias ocasiones que divida el macroproceso en bloques y que envíe al Tribunal Supremo aquella parte que afecte a personas aforadas.

Los fiscales, en concreto, le piden a Alaya que divida el caso en tres grandes bloques: un primer bloque que englobe las ayudas ilegales a las empresas y los ERE irregulares con intrusos; un segundo, que incluya a los comisionistas; y un tercer bloque que abarque el diseño político que permitió la creación de un ‘fondo de reptiles’. Tres bloques que se corresponden, precisamente, con los tres estamentos de la pirámide de los ERE.

El aislamiento externo

Unos de forma tangencial, otros de forma indirecta y otros, directamente. Todos le han mostrado a la juez sus reticencias con la instrucción, pero Alaya piensa que, aunque la investigación está llegando a su fin, todavía le queda por ahondar en la parte política de la trama.

Lo que ocurre, de forma paralela, es que, a medida que todas esas tensiones internas han trascendiendo en el proceso, las defensas de los imputados han visto una ocasión única para, de una u otra forma, dinamitar el proceso o por lo menos revolucionarlo. Muchas de ellas sostienen desde el principio que la actuación de la jueza Alaya es inquisitorial, sectaria y que vulnera las garantías procesales. Y esa queja, que hasta el momento no ha encontrado ningún eco en la Audiencia, en los diferentes recursos que se han presentado, se acomoda ahora en el criterio de la fiscalía. “Esta Fiscalía entendía y entiende que ya está agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero”, sostiene Anticorrupción y las defensas no han tardado en reaccionar.

Si hasta ahora las sesiones de declaraciones ante la jueza se convertían en jornadas maratonianas que se prolongaban hasta la madrugada, lo que ha ocurrido en los últimos días es inaudito: Todos los imputados que han sido llamados a declarar por Alaya se han acogido a su derecho constitucional a guardar silencio.“Siguiendo indicaciones de mi letrado, me acojo a mi derecho y no declaro”, dijo el lunes pasado el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que comparecía por enésima vez ante la jueza.

Lo mismo hizo poco después el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández. Y lo mismo hicieron el martes otros cinco exaltos cargos de la Junta de Andalucía y el jueves, otros cuatro más. Los letrados de todos ellos sostienen, de forma unánime, que la jueza “ha agotado su competencia en la causa”.

Por si fuera poco, la propia Junta de Andalucía, que ha provocado múltiples incidentes con la jueza por los retrasos y negativas en la documentación que le solicitaban, ha protagonizado en los últimos días nuevos episodios de obstruccionismo

Por si fuera poco, la propia Junta de Andalucía, que ha provocado múltiples incidentes con la jueza por los retrasos y negativas en la documentación que le solicitaban, ha protagonizado en los últimos días nuevos episodios de obstruccionismo. Dos días seguidos ha tenido que enviar esta semana la juez Alaya a los agentes de la Guardia Civil a dependencias del Gobierno andaluz para obtener documentos que había pedido y que no se los enviaban. O que se los mandaban al juzgado, después de semanas o meses, protegidos con claves informáticas que no le adjuntaban, y tenían que personarse en la Junta los agentes, con un mandamiento judicial, para que se las facilitasen.

Los nervios de la jueza

Tiene la jueza Alaya fama ganada de mujer de carácter fuerte, imperturbable y tenaz. Al margen de que su actuación pueda ser discutida, esos valores no se los cuestiona nadie. Nunca se ha inmutado por mucho que se haya dicho de ella, incluso con rumores sobre su vida personal jaleados en mítines del PSOE (fue Alfonso Guerra el encargado principal, ya en las elecciones municipales de 2011). Pero, en medio de toda la presión a la que se está viendo sometida en la recta final de los ERE, en los últimos días ha dado muestras de estar presa de un estado de nervios evidente.

Ocurrió el pasado martes 20. Uno de los periodistas que hace información judicial en el Palacio de Justicia de Sevilla utilizó uno de los enchufes del pasillo, donde ‘montan guardia’, para cargar su móvil, a unos metros de la puerta del juzgado de Alaya. Al pasar por allí una de las funcionarias del juzgado, preguntó por el móvil y el redactor, del diario La Razón, contestó que era suyo y que estaba cargando la batería. Segundos después, fue la propia jueza la que salió de su despacho, presa de ira. Cogió el móvil y el cargador, preguntó por el propietario, y lo abroncó.

De nada sirvió que el periodista le explicara que el móvil estaba apagado y que el resto de enchufes del pasillo estaba averiado. Alaya llamó a un agente de la Guardia Civil para que requisara el teléfono e identificara al periodista. Al cabo de un rato en el juzgado de guardia, el periodista ‘retenido’ obtuvo de nuevo su móvil en el que, como parece evidente, nada había de sospechoso porque estaba apagado, sin batería, y porque, a menos que se trate de servicios secretos, un móvil no sirve para grabar conversaciones a través de las paredes y a varios metros de distancia. Ese día, el martes, los imputados se negaron a declarar, y la Junta se negó a colaborar. Y se consumía un día más de un proceso que a Alaya comienza a quemarle en las manos.