Los reyes del aforamiento

Somos los únicos, la excepción mundial que confirma una regla de normalidad democrática, aquella que convierte en iguales ante la ley a todos los ciudadanos de un Estado de derecho. En España, el principio está vigente, las leyes son iguales para todos, pero hay una clase especial de varios miles de aforados a los que nunca les corresponderá la justicia ordinaria.

Políticos, jueces, fiscales y altos cargos que se rigen por las mismas leyes que los demás mortales pero que nunca se cruzarán con los demás en el pasillo de una audiencia provincial o de un juzgado de instrucción. Miles de ciudadanos especiales, personas con un fuero aparte. Y como en ninguna otra parte el mundo existe algo parecido, lo razonable es que nos preguntemos por esa anomalía nuestra.

El contraste en el derecho comparado es tan apabullante que surgen todas las dudas posibles sobre la existencia misma de este sistema de aforamiento en España. En Alemania, en Estados Unidos o en Inglaterra, sencillamente, no hay aforados de ningún tipo. Y en otros países de nuestro entorno, en los que sí existe un régimen especial de aforamiento para algunas altas autoridades del Estado, el número de personalidades a las que corresponde un tribunal especial no suele pasar de la decena. El presidente del Estado, el primer ministro y, como mucho, los miembros de su gabinete. Pero nada más.

En España, frente a esa realidad, ni siquiera se conoce la cifra exacta de aforados en distintos tribunales. En torno a diez mil ante el Tribunal Supremo, los correspondientes a la Justicia y a la política nacional (también en el caso de algunos presidentes autonómicos) y varios miles más ante los tribunales superiores de las autonomías.

¿Qué pasa en España para que nos hayamos convertido en los reyes del aforamiento? La explicación oficial, la original, es que el aforamiento se ideó en la Transición como una especie de salvaguarda y garantía de estabilidad de la democracia, por las especiales circunstancias del final de la dictadura y la tensión de la España de aquel momento. Un elemento más de protección de los primeros políticos de la democracia, como otros que también se cuestionan ahora como el sistema de listas cerradas en las elecciones para fortalecer las estructuras de los partidos políticos.

Y es verdad. Todo eso podría entenderse en los momentos difíciles de la Transición, pero lo extraordinario es que ese régimen de aforamiento, en vez de ir menguando, haya ido creciendo de forma exponencial con el modelo autonómico. De manera que aquello que se concibió como un sistema de protección de la democracia ha acabado convertido en una protección de las personas, de algunas personas. Un privilegio judicial generalizado que, sencillamente, no tiene a estas alturas de la democracia ninguna justificación y que genera desconfianza de la transparencia misma de la democracia.

Son las personas, no el sistema, los que se protegen ahora con el aforamiento. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de los ERE; todo aquel que puede busca el aforamiento del Tribunal Supremo a través de un escaño en las Cortes Generales para zafarse de la instrucción del juzgado que lleva el caso. El ejemplo más grosero lo ofreció el anterior presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Cuando detectó que la instrucción estaba cercándolo, por haber sido durante años el responsable de las cuentas públicas andaluzas, dimitió como presidente del Gobierno andaluz, porque no habría podido mantener el cargo político con la imputación, pero buscó de inmediato un nombramiento como senador, por las cuotas de las comunidades autónomas, para garantizarse el aforamiento del Tribunal Supremo.

Con esa jugada, Griñán sabe que jamás tendrá que acudir a declarar ante la juez Alaya. Lo sabe Griñán como lo sabe su predecesor, Manuel Chaves, o el exconsejero andaluz José Antonio Viera, diputado por Sevilla, al que la investigación sitúa en el origen mismo de la trama de los ERE. Todos ellos han buscado el aforamiento del Supremo de forma indisimulada. ¿Por qué ese interés?

Desde luego, para quien no es una buena noticia ese interés por el aforamiento es para la imagen de la Justicia, de forma general, y del Tribunal Supremo, de forma particular. Por un lado, parece evidente que la investigación de un caso de corrupción tan complejo como la trama de los ERE se enreda de forma absurda cuando la instrucción tiene que dividirse en varios tribunales, por el aforamiento de algunos implicados que ni siquiera pueden ir a declarar ante el juez que lleva el grueso de la investigación. Pero, al margen de eso, que tendría que evitarse por un criterio de mera efectividad, el interés de algunos políticos por el aforamiento del Supremo ensalza y engorda todas las críticas que se hacen a la politización de la Justicia.

Cómo no pensarlo así si, como sabemos, el Consejo General del Poder Judicial se elige por cuotas políticas y, a partir de ese órgano totalmente politizado, se eligen luego a todos los miembros del Tribunal Supremo, además de a los presidentes de los tribunales superiores. Primero se politiza la Justicia y luego se amplía el aforamiento de los políticos. Si no ha sido esa la intención, esa lógica, desde luego, es la que ha acabado imponiéndose en España.

Por eso Chaves y Griñán, y tantos otros, no renunciarán jamás al aforamiento, ni siquiera de forma simbólica, como hizo un compañero de ambos en Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara. La ley no permite que ningún aforado renuncie a esa protección, pero Fernández Vara, hace unos meses, se fue a un notario para renunciar a su aforamiento. “Los ciudadanos –dijo entonces– no entienden que los políticos tengan privilegios, una diferencia que se ha mantenido y que ha creado un distanciamiento brutal entre políticos y ciudadanos, que cada vez piensan más que son una casta de privilegiados que se favorecen de las normas que hacen. No hay posibilidad de regeneración democrática y política sin cierto grado de ejemplaridad. Y el que no lo entienda, que no lo entienda”.

Pues eso. Que ya sólo falta que este tipo de declaraciones trasciendan de los meros gestos electorales y se conviertan en políticas concretas y reales. Pero como demuestran los ERE andaluces, lo que se busca no es la eliminación del privilegio, sino su consolidación.

Ocurre igual que ahora, con el aforamiento exprés de Juan Carlos I tras la abdicación. También en el Tribunal Supremo. Por mucho que se le reconozca a don Juan Carlos su papel decisivo en la historia reciente de España, las prisas por el aforamiento sólo se corresponden con el miedo que existe a la desprotección tras la inviolabilidad –otro anacronismo– de la que ha gozado durante su reinado. Es razonable, desde luego, que quien ha sido jefe del Estado siga gozando de aforamiento, pero ¿qué desvelan las prisas sino un intento soterrado de huir de procesos pendientes?

“Los políticos españoles han admitido que las prisas por aprobar la nueva legislación en torno a Juan Carlos I se deben a dos posibles demandas por paternidad”, han dicho hasta en la BBC.

Los excesos en el aforamiento de la clase dirigente en España han convertido esa figura en una suerte de presunción de culpabilidad, y si sólo fuera por esa degeneración disparatada del concepto, en España tendría que plantearse con inmediatez la disminución drástica del número de aforados, a la par que se avanza en la reforma profunda del modelo de instrucción, que tiene que dejar de estar ligado a la figura también anacrónica del juez de instrucción.

Aquello que sirvió para proteger la democracia durante la Transición está dañando ahora el prestigio de esa misma democracia. Ya que estamos en tiempo de renuncias, que abdiquen también los reyes del aforamiento.