El incierto futuro de Chaves y Griñán en el Supremo

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán se encuentran en una difícil encrucijada en el Tribunal Supremo que les puede llevar a tener que dejar sus respectivos escaños en el Congreso de los Diputados y en el Senado sin que la responsabilidad penal en la que hayan podido incurrir en el escándalo de los ERE se haya clarificado durante la instrucción de este sumario. Quiere decirse, en suma, que tanto Chaves como Griñán pueden verse obligados a asumir las responsabilidades políticas a las que hasta ahora se han negado, aunque al final del proceso puedan salir absueltos de los delitos.

Todo proviene de la tensión social y política que existe en este momento sobre todo lo relacionado con la corrupción, que ha alcanzado en España unos niveles de alarma social desconocidos en tres décadas de democracia. Por ese ambiente externo, tanto en el plano judicial como en el político se han establecido prevenciones que, en otro momento, no se hubieran adoptado. En lo concerniente a la Justicia, el cambio de criterio de los tribunales ya ha comenzado a detectarse en la eliminación de beneficios penitenciarios a algunos condenados por casos de corrupción. Es el caso, por ejemplo, de personas que han sido condenadas a menos de dos años de cárcel y que en este momento, al contrario de lo que venía ocurriendo, ingresan en prisión.

Hasta ahora, se daba por supuesto que un condenado a menos de dos años, sin condena previa y que se hubiera mostrado colaborador con la Justicia, no debía ingresar en prisión. Sin embargo, los tribunales, que tienen la potestad para decidir esta cuestión, ya no otorgan la libertad y exigen la entrada en la cárcel.

Es el caso del expresidente de Baleares, Jaume Matas, y también puede verse arrastrada por la misma circunstancia la cantante Isabel Pantoja. En los casos de recursos interpuestos para solicitar el indulto, y que con anterioridad se utilizaban para demorar el ingreso en la cárcel, tampoco tienen ya ninguna incidencia en los tribunales, que rechazan por sistema esas moratorias. Entre otras cosas, porque el Gobierno ha cerrado las puertas a cualquier indulto a un condenado por corrupción.

Fuentes judiciales próximas al sumario de los ERE han señalado a El Confidencial que “esta inercia” que se ha establecido en los tribunales también se traslada al propio Tribunal Supremo, por las mismas razones de atención a la alarma social existente en España sobre la corrupción.

En el caso de Chaves y de Griñán ese ambiente previo puede provocar, según estiman esas fuentes, que el Tribunal Supremo los llame a declarar como imputados, aunque durante la instrucción del sumario no haya quedado acreditado fehacientemente la responsabilidad penal que hayan podido adquirir en el escándalo de los ERE.

El primer pronunciamiento de la Fiscalía del Supremo, en este sentido, abona esta tesis, al solicitar que el Tribunal asuma el proceso que afecta a los aforados. En otras circunstancias, ese mismo escrito del fiscal podría haber pedido el archivo por falta de pruebas pero, en este caso, solicita al Supremo que asuma la investigación sobre la participación “directa o indirecta” de los aforados, aun cuando precisa que no ha entrado aún a analizar el fondo de la causa.

Como se ha detallado aquí otras veces, el problema principal de la juez Mercedes Alaya es que su concepto piramidal del escándalo de los ERE, que incluye en la parte alta de la pirámide a los responsables políticos, no ha encontrado elementos probatorios suficientes. La juez Alaya, como expresó en la exposición razonada que envió al Tribunal Supremo, considera que es “imposible” que Chaves y Griñán no conocieran lo que estaba pasando, la opacidad con la que se concedían las subvenciones, pero más allá de la presunción no existe ningún documento que lo acredite: un acuerdo de Gobierno, del Parlamento o declaración pública.

Esta circunstancia, que en otros tiempos podría haber provocado que el Supremo archivara de plano la denuncia en lo concerniente a los aforados Chaves y Griñán, no se contempla en este momento de la misma forma, por la “inercia” de la que se hablaba antes. Las fuentes consultadas estiman, en este sentido, que es muy probable que el Tribunal Supremo acabe llamando a declarar como imputados tanto a Manuel Chaves como a José Antonio Griñán.

El hecho de que ninguno de los dos, por estar aforados, hayan podido declarar todavía en el sumario de los ERE aumenta la presión sobre el Supremo para que, en efecto, los cite como imputados. Todo ello, evidentemente, sin que se altere en nada lo anterior, la debilidad de las pruebas existentes para que la imputación pueda prosperar más allá de la primera ronda de declaraciones. “Condenar a dos personas por indicios, en delitos de malversación y prevaricación, no es frecuente, porque supone aplicar un criterio de conducta omisiva que no se realiza normalmente”, afirman las mencionadas fuentes.

Un caso distinto, por ejemplo, es el de José Antonio Viera, también aforado en el Supremo, por su condición de diputado. Viera, que fue consejero de Empleo, sí tiene estampada la firma en un documento que lo implica directamente, el convenio que dio origen al ‘fondo de reptiles’ de los ERE.

Pero la atención política principal no se centra en él, sino en los expresidentes Chaves y Griñán. Y resulta que la misma inercia que está llevando a los tribunales a aplicar criterios más severos en los casos de corrupción se ha extendido a la política. De forma que, si nos atenemos a lo expresado ya por la presidenta andaluza, Susana Díaz, la mera imputación en el Supremo de Chaves y Griñán debe provocar que ambos abandonen sus escaños en el Congreso y en el Senado. “Se lo diré yo, personalmente; se lo explicaré”, ha dicho.

La presidenta Susana Díaz, además, ha dado ya suficientes muestras de querer desprenderse políticamente del escándalo de los ERE, no sólo con declaraciones públicas, sino con la tibieza que envuelve desde que llegó al cargo la defensa jurídica del caso por parte de la Junta de Andalucía. Esa es, por tanto, la compleja encrucijada ante la que se encuentran los dos expresidentes de la Junta de Andalucía y que los llevaría a tener que asumir responsabilidades políticas por el mayúsculo escándalo de los ERE, aunque finalmente se vean absueltos de responsabilidad penal.