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Apoteosis de la memoria histórica, la última ley andaluza
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Javier Caraballo

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Apoteosis de la memoria histórica, la última ley andaluza

Si se hace el cálculo de hasta cuando se puede exprimir una idea, el resultado será siempre igual o inferior a la última ley andaluza

Foto: Fosa común con los restos de una treintena de represaliados de la Guerra Civil en Gran Canaria. (Efe)
Fosa común con los restos de una treintena de represaliados de la Guerra Civil en Gran Canaria. (Efe)

No va más. Si se hace el cálculo de hasta cuándo se puede exprimir una idea, el resultado será siempre igual o inferior a la última ley andaluza, aprobada en los estertores de esta legislatura que está llamada a extinguirse de forma prematura. La apoteosis de la memoria histórica podría ser el título del anteproyecto de ley aprobado en el último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que aspira a convertir la Guerra Civil y el franquismo en un “movimiento socio cultural”. Se cita así, literalmente: “La recuperación de la memoria histórica supone un movimiento socio-cultural, que aglutina aquellas dinámicas que desde distintos prismas aspiran a investigar, conocer y divulgar los sucesos acaecidos en la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista en las que gran parte de la ciudadanía sufrió represión, y la dignificación, reparación y rehabilitación de sus víctimas”.

Ya en la anterior legislatura de la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz, presidido entonces por Manuel Chaves y, posteriormente, por José Antonio Griñán, se creó la figura de un “Comisario para la Memoria Histórica”, y se aprobó una nueva ayuda a las víctimas del franquismo, que se sumaba a las aprobadas en años anteriores. Aquella iniciativa ya pareció un intento desesperado por mantener viva la Memoria Histórica, como rearme ideológico, porque fue el propio Gobierno andaluz quien, tras semanas y semanas de anuncios, acabó confirmando que las ayudas que se aprobaban estaban dirigidas a un colectivo potencial de cien mujeres, aunque finalmente fueron menos. Dedicar tanto esfuerzos a un colectivo de cien personas, en una comunidad con más de siete millones de habitantes, ya lo dice todo de las prioridades políticas. Pero, aunque se pudiera entender que la Memoria Histórica no se podría exprimir más, quedaba aún por ver el anteproyecto que ahora se ha aprobado. De hecho, si la nueva ley entrase en vigor lo que consigue la Junta de Andalucía es dotarse de un instrumento que convierte en la Memoria Histórica en una política permanente y transversal en el Gobierno andaluz. Eso, claro, si el anteproyecto de ley llega en entrar en vigor, porque lo normal es que decaiga en cuando se convoquen las elecciones en marzo, como parece, aunque se podría recuperar en la siguiente legislatura.

Para hacer efectivo el objetivo de convertir la Memoria Histórica en una política constante y transversal, lo que hace esta ley es crear una serie de conceptos nuevos y, en torno a ellos, organiza los correspondientes organismos. Así, se crea un “Lugar de Memoria Democrática de Andalucía”, que es distinto del “Sendero de la Memoria”, y , por supuesto, diferentes del Documento de la Memoria Democrática de Andalucía. Para los primeros, se creará a su vez “Catálogo de Lugares de Memoria Democrática”, y para los segundos un “Registro de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía”. Es evidente que todo ello precisa además de un ente superior, un “Consejo de la Memoria Democrática de Andalucía”, que pueda elaborar los correspondientes planes, un ‘Plan Andaluz de Memoria Democrática’, que se aprobará cada cuatro años. ¿Suficiente? No, todavía se puede ampliar la lista con la creación del Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía, que tiene como misión “el estudio, la investigación e impulso de las medidas” que en su día se concreten en el correspondiente decreto del Gobierno andaluz.

Ese es el esqueleto burocrático de la Memoria Democrática, pero como se decía al principio el objetivo final de esta Ley trasciende de la coyuntura, aspira a la permanencia. La Memoria Histórica empieza a considerarse como un “derecho inalienable de la ciudadanía andaluza”. Y para garantizar la implicación efectiva de toda la sociedad, lo que se dispone es que la Memoria Histórica comience a formar parte de los planes de educación. Lo dice el artículo 46: “Para fortalecer los valores democráticos, la Consejería competente en materia de educación incluirá la Memoria Democrática en el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de la Educación Permanente de personas adultas. Los contenidos deberán basarse en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica”. Es fácil imaginar una de las clases de Memoria Histórica. “A ver, niños, ¿qué es un “Lugar de laMemoria Histórica” “Es aquel espacio, inmueble o paraje en el que se hayan desarrollado hechos de singular relevancia vinculados con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de estado de 1936, la dictadura franquista y por el sostenimiento de los valores democráticos hasta alcanzar la autonomía en Andalucía”. “¿Y un Sendero, qué es un Sendero de Memoria Histórica?” “Es el conjunto formado por dos o más Lugares de Memoria Democrática de Andalucía que se encuentren uno a continuación de otro y tengan criterios interpretativos comunes de carácter histórico, paisajístico o simbólico, o valores relevantes de tipo ambiental, etnográfico o antropológico”.

La ley contempla, por supuesto, un régimen de sanciones, un programa de ayudas y subvenciones, además de otras consideraciones como la elaboración de un “Censo de Víctimas de la Represion”. Pero quizá el aspesto más sutil y controvertido se encuentra en la definición misma de la Memoria Histórica. De forma subliminal, la ley aprobada por el Gobierno andaluz ignora la Transición, la omite, de modo que da la sensación de que, en realidad, la dictadura de Francisco Franco acabó el día que se celebraron en Andalucía las primeras elecciones autonómicas. Es literal: “La Memoria Democrática de Andalucía comprende el período comprendido entre la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931 y la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía para Andalucía el 11 de enero de 1982”.

No va más. Si se hace el cálculo de hasta cuándo se puede exprimir una idea, el resultado será siempre igual o inferior a la última ley andaluza, aprobada en los estertores de esta legislatura que está llamada a extinguirse de forma prematura. La apoteosis de la memoria histórica podría ser el título del anteproyecto de ley aprobado en el último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que aspira a convertir la Guerra Civil y el franquismo en un “movimiento socio cultural”. Se cita así, literalmente: “La recuperación de la memoria histórica supone un movimiento socio-cultural, que aglutina aquellas dinámicas que desde distintos prismas aspiran a investigar, conocer y divulgar los sucesos acaecidos en la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista en las que gran parte de la ciudadanía sufrió represión, y la dignificación, reparación y rehabilitación de sus víctimas”.

Manuel Chaves José Antonio Griñán Memoria histórica