A favor de Rodrigo, en contra de Rato

Existe un afán de linchamiento entre nosotros que, por habitual que sea, no debemos dejar pasar ni una sola ocasión sin señalarlo directamente, con el dedo índice extendido. Como ahora con Rodrigo Rato, víctima de una oscura ‘detención técnica’, figura que no existe en el ordenamiento jurídico, y con todas las cámaras de televisión delante, hasta captar la humillante imagen de un agente que le pone la mano en el cogote para meterlo en un coche.

El afán de linchamiento, el morbo de juicios sumarísimos y condenas públicas, se percibe siempre en el regocijo que sucede a ese tipo fotos, de situaciones, porque es justo el ambiente en el que cualquier reparo se interpreta como debilidad, complicidad o defensa del delincuente. De poco sirve, como ahora, que los reparos a las detenciones, o como quiera que se llame lo que ha sucedido con Rodrigo Rato, deban regirse por lo que dice el articulo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio”.

También los detenidos, también los delincuentes, tienen derechos. Y los derechos de Rodrigo Rato, o Rodrigo de Rato y Figaredo, como consta su nombre en los currículos, también tiene derechos que se han vulnerado gravemente durante el registro de su vivienda. La foto, esa foto de la mano en el cogote, es contraria a la legislación. Porque ha sido una detención “en la forma más humillante y que más perjudica al detenido”.

La clara vulneración de los derechos de Rodrigo Rato, del ciudadano Rodrigo, adquiere una mayor gravedad cuando se repara en la circunstancia inexplicable de que ha sido un organismo dependiente del Gobierno de España el que la ha cometido. La intervención de los agentes de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, tiene todavía perplejos a muchos en la Justicia española. Porque nadie se explica que los agentes de Vigilancia Aduanera que han investigado a Rodrigo Rato no se hayan puesto a disposición de las causas ya abiertas sobre el exvicepresidente, además de la Fiscalía Anticorrupción.

La vulneración de los derechos del ciudadano Rodrigo adquiere mayor gravedad al haber sido cometida por un organismo dependiente del Gobierno 

El supuesto alzamiento de bienes que incluye entre sus investigaciones Vigilancia Aduanera, por ejemplo, está claramente vinculado a la fianza de 800 millones de euros que impuso el juez de la Audiencia Nacional en concepto de responsabilidad civil por la crisis de Bankia, porque así se reconoce. Pues bien, la ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe expresamente la realización de investigaciones paralelas, ya sean jueces o fiscales, que están obligados a abandonarlas y remitirlas al instructor que lleve la causa original “tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos".

En la propia página web de la Agencia Tributaria se detalla que las funciones de Vigilancia Aduanera son “actuaciones en materia de blanqueo de capitales, control de cambios, así como la persecución, investigación y descubrimiento de la economía sumergida, en coordinación con los órganos competentes”. Tanto si existía una directriz política como si no, urge una explicación de por qué se ha ignorado todo lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español para realizar un espectáculo policial retransmitido en directo a todo el mundo. Las explicaciones que debe dar el Gobierno en el Congreso no deben ser sobre los delitos que haya podido cometer Rodrigo Rato, sino sobre la actuación de Vigilancia Aduanera.

El respeto escrupuloso a los derechos del ciudadano Rodrigo, encabezados todos ellos por la presunción de inocencia, deja de tener efecto, sin embargo, cuando el mismo análisis se refiere al político, aquel vicepresidente Rato al que todo el mundo celebraba como el gran artífice de la mejor época económica vivida en España en varios decenios. Para el juicio público del político Rato no hace falta esperar ninguna sentencia, ninguna defensa letrada, porque ya ha demostrado su catadura moral cuando se acogió a la amnistía fiscal, asumiendo que ocultaba dinero fuera de España.

A una amnistía sólo se acoge quien ha cometido un delito y ha sido condenado; en la amnistía fiscal es el propio defraudador quien asume su delito. Como ocurrió con Pujol, su declaración es su condena política. Como Pujol, también el fraude a Hacienda le viene de familia, porque su padre y su hermano mayor fueron acusados y condenados de evadir divisas a Suiza y a Andorra. Ahora Rodrigo Rato, al acogerse a la amnistía fiscal, sigue los pasos delictivos de sus familiares. Rato, el político, ha arrastrado su prestigio de hombre público y con su imagen rota ha asestado a su partido, el Partido Popular, un golpe moral muy superior al que pudieron sentir en escándalos precedentes, ya fuera la trama de la Gürtel o los maletines de Bárcenas. Porque Rato era un referente político fundamental dentro del Partido Popular.

En la imagen rota de Rato, el político, se le añade ahora su incompetencia profesional porque se empieza a ver el ‘milagro económico’ como el origen de la crisis, por la inconsistencia del modelo de desarrollo que se implantó entonces y porque su gestión en Bankia acabó con un agujero que ha costado a las arcas del Estado más de 23.000 millones de euros. Hasta en el Fondo Monetario Internacional (FMI) hablan ahora de su paso por ese organismo como una enorme decepción. “Le echaron [del FMI] porque no sabía nada de nada. Se decía que cuando no estaba rodeado de sus colaboradores se perdía. Y allí, si la gente ve que no tienes ni idea, empiezan a reírse a tus espaldas”, como cuentan financieros de Washington en un reportaje del Vanity Fair. Pero todo eso, incluso todo eso, queda en un segundo plano ante la quiebra mayor del político Rato, el deshonor del hombre público que engañó a los ciudadanos.