El misterioso 'fondo Misco' de los ERE

Fue una casualidad la que condujo al mayor escándalo de corrupción que se ha conocido en España hasta ahora, el despilfarro enorme de los fondos públicos destinados a financiar expedientes de regulación de empleo (ERE) en la Junta de Andalucía. Como esos hallazgos arqueológicos en los que una piedra oculta una ciudad, el proceso judicial del caso Mercasevilla, ya de por sí grotesco, condujo a la revelación de que en la Junta de Andalucía se ocultaban las ayudas públicas al empleo, en vez de publicarlas en el Boletín Oficial, como es preceptivo. Acababa de descubrirse un ‘fondo de reptiles’, como lo llamaban; era el mes de enero de 2011, la jueza Mercedes Alaya comenzó entonces el sumario judicial y, cinco años después, todavía se siguen acotando los límites de aquel hallazgo ocasional sin certeza aún de cómo acabará el proceso judicial.

Las principales dudas del momento judicial que atraviesa el sumario de los ERE, y que se arrastrarán durante todo 2016, se bifurcan en una doble dirección, tanto por la verdadera responsabilidad penal en la que hayan podido incurrir los 265 imputados de la causa como por la dimensión real del fraude. Hasta ahora, mientras que la causa estuvo en manos de la jueza Mercedes Alaya el proceso mantenía la coherencia que le atribuía su instructora, pero la decisión de esta de optar a una plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla ha acabado apartándola de la investigación y añadiendo nuevos elementos de incertidumbre. Mercedes Alaya sostenía, por ejemplo, que la causa tenía que instruirse de forma conjunta y que el montante global del fraude era de 855 millones de euros. Y esas dos certezas están ahora en cuestión.

De hecho, lo primero que hizo la jueza María Núñez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya, fue aceptar la división de la causa en diferentes piezas, como venía proponiendo desde antiguo la Fiscalía Anticorrupción para agilizar la tramitación del sumario y evitar dilaciones indebidas que, al final, puedan acabar provocando la anulación de todo el proceso. La nueva estrategia judicial, que también contaba con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo, llevó a la jueza Núñez Bolaños a dividir la causa de los ERE en tres grandes bloques, primero, y posteriormente en seis piezas separadas. Pero, en contra de lo que se presumía, o al menos de lo que se buscaba, en vez de clarificar el proceso judicial lo ha revestido de complicaciones nuevas.

Lo que se le reprocha, fundamentalmente, a la sustituta de Mercedes Alaya es que está dividiendo la causa de forma mecánica, “un corta y pega que reproduce en cada auto”, dicen a El Confidencial algunas de las partes personadas. También la Fiscalía le ha reprochado lo mismo en algún escrito, que está detectando “deficiencias en la concreción de cuáles sean los hechos investigados y quiénes sus responsables”. ¿Qué quiere decir? Sencillamente que, por ejemplo en el auto de Surcolor, una de las empresas que se beneficiaron de los ERE fraudulentos, se imputa a algunas personas, como el conseguidor Juan Lanzas, el que tenía dinero “para asar una vaca”, pero a la jueza se le ‘olvida’ señalar por qué le imputa. Aparece como imputado, pero su nombre no figura en los hechos que justifican el auto. Al final, lo que se teme es que este intento por acelerar y clarificar la instrucción de los ERE lo que provoque sea un enredo mayor.

El segundo aspecto de controversia, quizás el fundamental, es el referido al montante real de la causa. La jueza Alaya, cuando derivó la causa al Supremo, antes de apartarse definitivamente del caso, estimó que el montante de ayudas sociolaborales y subvenciones a empresas que la Junta concedió entre 2001 y 2012 “habría supuesto la ilegal aplicación de fondos públicos por importe de 855 millones de euros”. Este dato es fundamental, porque en base a esa cifra, que es el total de las ayudas, se establecen las responsabilidades penales (y las fianzas) que se atribuyen en la causa a los imputados.

Pero ¿puede considerarse que todas las ayudas han constituido un fraude? Esa es la gran duda de los ERE, como ha logrado poner de manifiesto uno de los imputados, el abogado Carlos Leal Bonmati. En realidad, la mayor parte de ese dinero se corresponde con prejubilaciones reales y legales, y de hecho los beneficiarios las siguen cobrando sin alteración alguna. Lo realmente fraudulento es el dinero que fue a parar a los intrusos de los ERE (sobre 12 millones de euros), las subvenciones irregulares a empresas, algunas inexistentes (en torno a 74 millones), y las comisiones a intermediarios (más de 50 millones de euros). Ocurre que si el fraude de los ERE se mide por esas cifras, la causa quedaría reducida a una décima parte. Lo que pretende la jueza Núñez Bolaños, según algunas de las partes personadas en el caso, es dejar la duda en el aire hasta que haya sentencia firme de alguna de las piezas que primero llegue a juicio y, a partir de ese criterio, aplicarle el mismo rasero a las demás.

La sospecha, en fin, de que el caso de los ERE puede acabar en un bluf judicial, de acuerdo a las expectativas levantadas, se va a mantener durante todo 2016. Lo que no impide, sin embargo, que el escándalo político, por la forma de gestionar los fondos públicos, se mantenga intacto, sea cual sea el final judicial. Los dos periodistas que más han investigado el escándalo de los ERE, Sebastián Torres y Antonio Salvador, acaban de publicar un libro sobre el caso en el que cuentan que, en una de las ocasiones en las que un empresario acudió al director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, a solicitarle una ayuda, este le soltó 30.000 euros, sin más problemas ni trámites. El empresario, sorprendido, le preguntó que a qué fondo lo había imputado, a lo que Guerrero contestó: “Al ‘fondo Misco’… Mis cojones”. Al final, la triste realidad de este enorme escándalo es esa, el sectarismo, la arbitrariedad, el clientelismo. La grosería, el descaro, el despropósito, la chulería. El despilfarro de las ayudas al Empleo en la tierra con más paro de Europa. El ‘fondo Misco’ como clave de una forma de gobernar.