El final del sindicalismo

La gravedad de la jornada la han establecido los protagonistas del día: “La supervivencia de los sindicatos se juega en este proceso de Airbus”. Y el proceso comienza hoy. Como los sindicalistas no son gente de exagerar en sus declaraciones, ni siquiera cuando cifran el número de asistentes a las manifestaciones, es conveniente prestarle atención a la jornada porque aseguran, además, que hay numerosos países pendientes de lo que ocurra a partir de hoy en España; que el movimiento sindical internacional no pasa por sus mejores momentos y, si comienza a extinguirse en un país, como puede suceder en España, todos los demás pueden resentirse. De ahí la importancia estratégica, decisiva, de lo que hoy ocurra en ese proceso judicial que han llegado incluso a comparar con aquel otro que marcó la frontera entre la dictadura de Franco y la democracia actual, “este es el ‘proceso 1001’ de la democracia”, dicen.

“Si nos condenan y la gente tiene miedo de ir a una huelga general, en ese momento se acabaron los derechos laborales”, dicen sobre lo que va a suceder a partir de hoy en España. ¿Pero qué está pasando? ¿Se acabaron los derechos laborales? ¿De verdad que el futuro del sindicalismo depende de lo que ocurra hoy en España? Esa es la cuestión, que aunque algunas de las exageraciones llegan a ser grotescas, ojalá fuera verdad eso de que hoy se acaba, no el sindicalismo, sino una forma de ejercer el sindicalismo en España.

A ver, lo que ocurre a partir de hoy es que comienza la vista oral de un juicio contra ocho sindicalistas de Airbus, procesados por los incidentes en aquella factoría durante la huelga general de septiembre de 2010, cuando gobernaba en España un presidente socialista, Rodríguez Zapatero. Han sido, por tanto, más de cinco años de instrucción en los que, lo relevante, es la extraordinaria diferencia que existe entre la versión que aporta la Fiscalía sobre lo sucedido aquel día en la factoría de Airbus y lo que cuentan los ocho sindicalistas procesados. Para estos últimos, todo comienza por la presencia de dos furgones de la Policía a la entrada de la fábrica el día de la huelga general, una decisión que no consideran normal por las pocas jornadas de protesta que se habían realizado en Airbus.

Los sindicatos necesitan una profunda reforma porque en todos estos años “se han domesticado” y se han convertido en una parte del poder establecido

En un momento concreto, dicen los sindicalistas que se genera un ambiente de tensión entre el ‘piquete informativo’, formado por los ocho procesados, y los antidisturbios, que, a su juicio, actúan de forma “contundente y desproporcionada”. Según esta versión, los policías dispararon al aire para intimidar, utilizaron el arma reglamentaria sin necesidad y posteriormente, para justificar esa actuación arbitraria y represora, denunciaron a ocho personas “por el simple hecho de ser sindicalistas y participar en la huelga”. Por tanto, a los sindicalistas procesados no les cabe la menor duda: es un “juicio político”.

La versión de la Fiscalía no dice nada de eso. En el escrito de acusación, se relata con más detalle lo que, a su juicio, ocurrió aquel día en Airbus. En lo único que coinciden los dos testimonios es en que a la entrada de la factoría había dos furgones de Policía para proteger a los trabajadores que sí quisieran trabajar y que no secundaran aquella jornada de huelga general contra el Gobierno de Zapatero. Y dice el fiscal: los sindicalistas procesados, que actuaban como piquete de huelga, “procedieron a intimidar a los trabajadores que pretendían acceder al recinto mediante todo tipo de insultos, tirándoles petardos debajo de los coches, empujándoles, escupiéndoles, dándoles collejas, lanzándoles bebidas por encima o llegando incluso a agredirles”.

La Fiscalía también sostiene que el piquete intentó neutralizar a la Policía, y “comenzaron a acorralarles”, a “insultarles” y agredirles “lanzándoles todo tipo de objetos como conos reforzados con hierro o mochilas pesadas” y “llegando incluso a encerrarles a algunos de ellos en el interior del recinto al cerrar bruscamente la puerta corredera de uno de los accesos”.

¿Un juicio político? ¿Están en riesgo los derechos laborales de los españoles por este juicio? Uno de los problemas principales de España es que, como 40 años parece que no son nada en la evolución de la política y da la sensación de que la dictadura se acabó ayer, la defensa más eficaz para los problemas de la actualidad consiste exclusivamente en remover los rescoldos del franquismo y justificarlo todo con la “falta de democracia”.

Hasta el proceso 1001 se han remontado, sin rubor alguno, para intentar justificar lo ocurrido aquel día en la factoría de Airbus en Getafe. Habría que pedirles que fueran respetuosos, por lo menos en lo que afecte a la memoria de otros. Porque en el proceso sindical que pasó a la historia con el nombre de su expediente, el proceso 1001, lo que ocurrió fue que, en plena clandestinidad, luchando contra la represión brutal del franquismo, detuvieron a la cúpula de Comisiones Obreras, con Marcelino Camacho a la cabeza. Y les impusieron penas de 20 años de cárcel, que se extinguieron con el indulto del Rey, a la muerte del dictador. Equiparar ambos procesos es un insulto a la memoria del sindicalismo en España.

Cuando en España se habla de una segunda Transición, pocas veces se incluye a los sindicatos, solo se menciona la necesaria reforma de los partidos políticos. Sin embargo, también los sindicatos necesitan una profunda reforma, porque en todos estos años “se han domesticado”, como decía Marcelino Camacho. Se han convertido en una parte más del poder establecido, bien financiada por esa inercia de ‘acuerdos de concertación’ que les ha permitido, al igual que a la patronal, una financiación privilegiada para sostener sus estructuras y sus clientelas. Tanta ha sido la identidad con el poder, a espaldas de los trabajadores, que se han calcado hasta algunos casos de corrupción, como se ha visto en tantos casos judiciales repartidos por toda España, especialmente en Andalucía, con los cursos de formación.

Y mientras tanto, en la calle, con la misma normalidad de lo que debería ser excepcional, extraordinario o prohibido, ‘piquetes informativos’ que escupen en la cara a los obreros para que secunden las jornadas de huelga. ¿El final del sindicalismo? ¿Hoy? Ojalá fuera así, y se acabe tras ese proceso una forma deformada de entender la defensa de los trabajadores.