El ministro, sus cloacas y la prensa

En España, no existe una Policía Política. En eso es en lo único que tiene razón el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En todo lo demás, no dice la verdad porque la verdad, si la confiesa, a pesar de las evidencias que existen, grabadas y documentales, tendría que suponer su descrédito político y el abandono del cargo. Porque aunque sea verdad que en España no existe una Policía Política, no es menos cierto y contundente que este ministro, este Gobierno, ha utilizado a la Policía para fines políticos, para intereses políticos. Y eso es inadmisible en una democracia; atenta contra los principios fundamentales de cualquier Estado de derecho.

De esa vulneración elemental es culpable Jorge Fernández Díaz, y lo peor de todo es que el ministro ha encontrado el eco que buscaba por el simple hecho de que los investigados irregularmente por la Policía eran objetos políticos a batir. No se dan cuenta de que si callamos ante los abusos que se cometen desde el poder porque no nos afectan, porque perjudican a un rival político o, simplemente, porque alguien no nos cae bien; si callamos, se está allanando el camino para que mañana nos pueda ocurrir a nosotros y nadie protestará, porque el abuso se habrá convertido en algo normal y habitual.

Vamos a los ejemplos. Se recordará que hace un par de años se publicó un supuesto informe policial, de la UDEF, en el que se desvelaba la existencia de una cuenta en Suiza en la que el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trías, escondía más de 12 millones de euros. Y se daban datos muy precisos: la cuenta la tenía en Andorra pero, al estallar el caso Pujol, sacó el dinero de allí y lo ingresó en Suiza. Más todavía, el diario 'El Mundo' afirmó que la transferencia se realizó el 13 de febrero de 2013 y publicó el número de cuenta. Se precisó hasta el último céntimo del dinero que tenía escondido: 12.986.730,80 euros. ¿Cómo es posible que fuera completamente falso algo que se publicaba con tanta precisión? Pues era falso, Trías jamás tuvo cuenta ni en Andorra ni en Suiza, por mucho que lo documentara la Policía.

Toda la explicación que ofreció el ministro fue para quitarle hierro, como si de tratara de ‘daños colaterales’ inevitables en el trabajo de la Policía

Cuando se pinchó el globo del supuesto escándalo, toda la explicación que ofreció el ministro fue para quitarle hierro, como si de tratara de ‘daños colaterales’ inevitables en el trabajo de la Policía. “La policía recibe una información, abre diligencias, hace un informe y lo lleva a la Fiscalía, que decide si se judicializa o no”, dijo Fernández Díaz entonces. Aunque no aportara nada relevante, está bien que lo expusiera así, porque esa misma explicación, sin cambiarle una coma, sirve ahora para demostrar otra manipulación grosera de la Policía, la investigación sobre la financiación de Podemos.

Efectivamente, la labor de la Policía es investigar los hechos que considere delictivos. Y, cuando ha concluido la investigación, redacta un informe y se lo envía al fisco correspondiente para que determine la relevancia judicial de lo investigado. Investigación, informe oficial y Fiscalía. Esos son los tres pasos que tiene que dar siempre la Policía. Y es lo que sucede, salvo cuando el Gobierno decide politizar la investigación y utilizarla en su beneficio para desacreditar a alguien. En ese caso, el informe se redacta y en vez de enviarse a la Fiscalía se envía solo a los medios de comunicación. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con la investigación sobre la financiación de Podemos.

Cuando el Gobierno decide politizar la investigación, el informe se redacta y en vez de enviarse a la Fiscalía se envía solo a los medios de comunicación

Esta misma semana ha vuelto a archivar la Audiencia Nacional una denuncia contra Podemos porque nadie de la Policía le ha remitido ese informe, llamado PISA, ‘Pablo Iglesias Sociedad Anónima’. Dice la Audiencia Nacional que tal informe, el “supuesto informe”, no existe porque no es más que un puñado de folios que “carece de cualquier membrete oficial que acredite tal carácter oficial". Y añade algo interesante: “La mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos descritos".

¿Pero cómo que no existe el informe? ¿Cómo que carece de membrete oficial? Este mismo periódico, El Confidencial, ha venido dando información detallada de ese informe, con la reproducción incluso del registro de salida desde la Dirección General de la Policía hacia la Policía Judicial. ¿Por qué no les ha llegado el informe oficial al juez y al fiscal y sí a los medios de comunicación? La obligación de la Policía era, como recordó el ministro en el caso Trías, investigar y remitir a la Fiscalía los resultados de su investigación. Lo sucedido es una enorme falta de respeto a la Audiencia Nacional y una clara utilización política de la Policía que, a quien indigna sobre todo, es a los propios policías, miles de hombres y mujeres que luchan cada día por la dignidad del Cuerpo.

Tenemos un ministro que ha utilizado a la Policía para hacer informes de uso político. ¿No va a pasar nada? Una democracia no puede permitirse estos episodios

Pero también debería irritar a los medios de comunicación que, en su derecho y obligación de publicar aquello que consideren noticia, descubren al cabo del tiempo que han sido utilizados groseramente por el ministro del Interior. Ha habido más informes, además de esos dos, y los principales medios de comunicación españoles se han hecho eco de ellos. Pues bien, debemos saber que la misma chusca conversación que le grabaron al ministro en su despacho, en la que calculaba el efecto político de las investigaciones policiales con ayuda de la prensa, ha debido producirse en cada uno de los casos en los que se han publicado supuestos informes que, tras varios días de escándalo mediático, han quedado en nada.

En España ya hubo un fiscal general del Estado en tiempos del PSOE que se escondió en el maletero de un coche cuando abandonaba la casa del ministro del Interior. Era una reunión clandestina en la que analizaban la crisis de los GAL descubiertos. Pero no pasó nada. Luego, en el primer gran caso de corrupción conocido, el caso Juan Guerra, los policías judiciales descubrieron un día que tenían el teléfono pinchado. Ellos, los policías, los que pinchaban los teléfonos de los delincuentes, tenían a su vez el teléfono pinchado. Era el propio Gobierno, otra vez en manos del PSOE, quien, a través del CNI, había pinchado sus teléfonos. Y tampoco pasó nada. Ahora tenemos a un ministro del Interior que ha utilizado a la Policía para hacer informes de uso político y luego le han grabado en su despacho. ¿Tampoco va a pasar nada? Una democracia no puede permitirse estos episodios chuscos que salen de las cloacas.