Devolver competencias autonómicas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz​, ha declarado formalmente que quiere devolverle al Estado la gestión y recaudación del impuesto de sucesiones

Foto: La secretaria general del PSOE andaluz y presidenta de la Junta, Susana Díaz. (EFE)
La secretaria general del PSOE andaluz y presidenta de la Junta, Susana Díaz. (EFE)

La Junta de Andalucía acaba de dar un paso revelador del estado de cosas en el mapa autonómico español: quiere devolverle al Gobierno de la nación una de sus competencias. Para no complicarse la vida. Tratándose de una autonomía como la andaluza, con el máximo techo competencial, equiparada a las que se han venido en llamar 'comunidades históricas' por haber obtenido el Estatuto antes del golpe de Estado de Franco que segó la descentralización de la Segunda República, la noticia es muy relevante porque lo normal en estas comunidades de ‘primer rango’ es lo contrario, que se pidan más competencias.

Esta vez, sin embargo, ha sido al revés, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha declarado formalmente que quiere devolverle al Estado la gestión y recaudación del impuesto de sucesiones. “Que se queden con el impuesto y nos compensen”, han proclamado en el Gobierno andaluz. Excepcional declaración, porque lo que expresa subliminalmente es la degeneración a la que ha llegado el concepto de autonomía en España: inexplicablemente, se ha consolidado un diseño autonómico en el que el agravio centralista es más importante que el debate por la gestión propia descentralizada.

De una u otra forma, en todas las autonomías se reproduce el mismo discurso. Si las cosas no van, hay una explicación externa. Es mucho más rentable reclamar que gestionar, con lo cual estamos ante un vicio político adquirido que habría que cortar de raíz. Habrá quien diga que, en realidad, la devolución de ese impuesto es más de boquilla que formal y que se plantea en medio de confrontación entre partidos. Lo dirán y es verdad, pero esa evidencia de confrontación no hace más que reforzar la certeza de antes, el deterioro autonómico porque muchas de las autonomías actuales se han convertido en sus debates en una especie de cámaras de tercera lectura, después del Congreso y del Senado, de los debates y las confrontaciones nacionales.

Los distintos partidos, ya sean nacionalistas o delegaciones regionales, lo único que pretenden es reforzar sus posiciones en la política nacional mediante el deterioro del adversario en sus comunidades. Dicho de otra forma, a La Moncloa se llega después de ganar en ayuntamientos y comunidades autónomas, con lo que deben considerarse como los primeros peldaños de la escalera.

Los distintos partidos lo único que pretenden es reforzar sus posiciones en la política nacional mediante el deterioro del adversario en sus CCAA

Antes que este órdago de la presidenta andaluza, al principio de la década, fue Esperanza Aguirre la que abrió un debate similar, también por confrontación con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, ya en sus estertores. Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, abanderó una revuelva a la que se sumaron otras comunidades entonces gobernadas por los populares, como Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón y Murcia, y planteó la amenaza de devolver las competencias de Educación, Sanidad o Justicia, para no tener que aplicar los recortes de financiación que, entonces, impulsaba el Gobierno socialista de Zapatero.

Como se trataba de confrontación política, igual que ahora, cuando llegó Rajoy a La Moncloa se apagaron los ecos del debate y ya nunca más volvió a plantearse. Hasta ahora. Es posible, por tanto, que de nuevo ocurra lo mismo, pero ¿no le parece que deberíamos aprovechar estas polémicas para plantear otra mucho mayor que tiene que ver con la eficacia de las autonomías?. Sin los complejos de lo políticamente correcto y de la inercia en que se sustenta todo el entramado autonómico actual. Se trataría, en suma, de responder a una sola pregunta, ¿cómo se le puede sacar al dinero publico más rentabilidad para el ciudadano?

La verdad, también sea dicha, es que los españoles no lo tienen nada claro, por mucho que esta sea una de esas conversaciones de sobremesa o de barra de bar en que parece que se encienden los ánimos. ¡El despilfarro autonómico! Cada vez que se pregunta a los españoles sobre esta cuestión, y el Centro de Investigaciones Sociológicas lo hace en cada barómetro, la mayoría se inclina por dejar las cosas como están. Entre mantener el Estado de las autonomías tal y como está, avanzar hacia una mayor descentralización, restar competencias a las autonomías, abolirlas definitivamente o abrir la puerta a que las comunidades se independicen, el personal suele mostrar su preferencia por la primera opción. No suelen llegar ni al 20% los que quieren volver a un único Gobierno central sin autonomías, y es entre los votantes de derechas que esta posibilidad encuentra más adeptos, pero tampoco llegan ni al 40%.

Lo que nunca pregunta el CIS, y es la opción por la que personalmente me inclinaría, es si se considera necesaria una amplia auditoría política de las autonomías, con tablas comparativas, que nos sirvan para desenmascarar tantas estrategias de agravio constante, para repudiar tanto discurso gregario y para acometer una profunda reforma del modelo completo. Y el objetivo debe ser que, desde la financiación hasta el gasto público, solo las comunidades autónomas son responsables de lo que ocurra. Responsabilidad y autogestión.

Analizar, reformar y avanzar, antes que derogar y dar pasos atrás. En eso, coincido con lo dicho en alguna ocasión por el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras, con una sugerente metáfora: “No arrojemos el agua sucia de la bañera con el niño dentro: el problema es de mal funcionamiento, no de modelo. Reformemos aquello que funciona mal, pero no tomemos medidas caras, inútiles y populistas, cara a una cierta galería, como es la devolución de competencias”.

Matacán

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