Rebelión fiscal, la última marea andaluza

La Junta de Andalucía se ha convertido en el rompeolas de todos los cabreos de los andaluces. Debe repetirse siempre, antes de empezar, que lo excepcional de estas manifestaciones que ahora comienzan a proliferar por toda Andalucía es que se producen en una comunidad en la que, hasta ahora, la hegemonía socialista parecía impermeable a cualquier protesta; sencillamente, o no prosperaban o no llegaban a calar en la ciudadanía. Todo ha comenzado a cambiar desde hace algo más de un año, sin embargo. Un médico de Granada con apodo de cómic, ya conocido por todos en España, el doctor Spiriman, abrió la espita del malestar y desde entonces las mareas se suceden.

La de Spiriman fue una ‘marea blanca’ que comenzó en Granada y que se ha ido contagiando a otras provincias andaluzas; luego vino la ‘marea verde’ de las protestas en la educación, el otro pilar, junto con la sanidad, que ha sido fundamental en el sustento de los gobiernos del PSOE en Andalucía, “las joyas de la corona”, como suelen repetir sus líderes en todos los mítines. Lo más impactante, en cualquier caso, quizá el mayor símbolo de que algo están cambiando en la conciencia social de los andaluces, es que ese aire de protesta se haya trasladado a un impuesto concreto, el impuesto de sucesiones. En España, no existían precedentes de una manifestación así. Se convocaron las primeras en Andalucía y luego se ha ido extendiendo a otras regiones, como Murcia o Asturias. ¿Podría llamarse marea fiscal? Quizá, porque no había un color asignado para una rebelión fiscal.

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La cuestión, en definitiva, es que un impuesto como el de sucesiones, que solo afecta directamente al 2% de los andaluces, según reitera constantemente el Gobierno andaluz y todos los portavoces socialistas, se ha convertido en un movimiento que arrastra a decenas de miles. El Partido Popular, que inició la protesta, lleva recogidas en varias campañas casi 200.000 firmas con lemas que han corrido como la pólvora, tales como “Que no te quiten tu herencia” o “Hereda 100 x 100”.

También la Plataforma ciudadana contra el Impuesto de Sucesiones ha recogido decenas de miles de firmas y ha convocado manifestaciones y concentraciones, como hace unos días a las puertas del Parlamento andaluz, mientras la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se mostraba irritada, crispada, ahogada de mareas. Unas semanas antes, desbordada, llegó a plantear incluso la insólita petición de que le retirasen a Andalucía la competencia para recaudar ese impuesto: “Ya está bien de enfrentar a los ciudadanos y de engañarlos. Que Mariano Rajoy se quede con el impuesto y le dé a Andalucía la financiación que le corresponde”, dijo Susana Díaz.

Tanta irritación se debe a que, según la Junta de Andalucía, el 93% de las personas no pagan el impuesto de sucesiones, y que el porcentaje que se eleva hasta el 98% en el caso de parientes directos que heredan hasta 250.000 euros. El Partido Popular y la Plataforma ciudadana desmienten esos porcentajes pero, en cualquier caso, sin entrar en guerra de cifras, aún dando por ciertas las que ofrece el Gobierno andaluz, la cuestión vuelve al punto de origen: Si como dice Susana Díaz, ese impuesto le afecta a tan poca gente, ¿cómo es posible que se haya generado este movimiento?

“El problema está en nosotros mismos, porque desde el principio se ha afrontado el debate con complejos, con miedo, sin criterio político”, dicen algunos en el PSOE y señalan directamente a Susana Díaz como responsable: "En otra época, el partido hubiera salido desde el principio a defender el impuesto, como una seña de identidad de la izquierda. Se lo hubiéramos dicho claro a la derecha, ‘pues naturalmente que vamos a mantener el Impuesto de Sucesiones, porque es un impuesto que paga un dos por ciento para que se beneficien el 98% de los andaluces’. Pero no se ha hecho eso, y así nos va…".

Se diría que el PSOE andaluz, tan acostumbrado a ejercer su hegemonía imponiendo un discurso único ante cualquier situación comprometida, está ahora probando su propia medicina. Frente al discurso oficial, a pesar incluso de una campaña institucional en los medios de comunicación, lo que se ha extendido en Andalucía es la idea de que el Gobierno socialista se queda con las herencias de los andaluces, “el impuesto de los muertos”, que deja en la indigencia a humildes ciudadanos que tienen la desgracia de heredar una propiedad de sus padres, o un negocio menor.

Frente al discurso oficial, lo que se ha extendido en Andalucía es la idea de que el Gobierno socialista se queda con las herencias de los andaluces

“Un robo a las clases ahorradoras y trabajadoras de Andalucía”, dicen en la Plataforma. Por cada porcentaje frío que ofrece el Gobierno de Susana Díaz, aparece una familia de Jerez, a la que su padre dejó en herencia un pequeño hotel que han tenido que vender para pagarle a la Junta y aún así deben dinero; un guardia civil al que han embargado tras recibir la herencia de una tía discapacitada; o una viuda de Coria del Río con una pensión de 395 euros de pensión a la que le reclaman casi doscientos mil euros.

Por mucho que se esfuerce el PSOE y el Gobierno andaluz en explicar, matizar y rectificar cada uno de esos casos, se trata de una batalla mediática que tiene perdida. Porque es verdad que Andalucía, junto a Cataluña, es la autonomía en la que se pagan más impuestos y porque, ante cualquier polémica, en el subconsciente de los andaluces están los grandes escándalos de despilfarro y fraude que ha afectado a la Junta de Andalucía. Cuando se establece la conexión mental entre el dinero de las herencias y el gasto desvergonzado de los ERE, el cabreo se inflama y se convierte en marea que azota los muros de la Junta de Andalucía.