El chollo de los pisos gratis

¿Por qué hay que entender que el Estado le tenga que pagar un hotel o buscarle una vivienda a un señor que gana 6.000 euros al mes?

Foto: El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. (EFE)
El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. (EFE)

La política, los políticos, tienen un serio problema con la dignidad de las instituciones a las que sirven y del cargo que ocupan. Un problema con el concepto mismo. O no se entiende o lo han pervertido. Piensan en la dignidad de forma grosera, como en uno de esos retos tabernarios tan españoles de ‘a ver quién la tiene más grande’. Creen que la dignidad de una institución, el Parlamento o el Gobierno, los ministerios o las consejerías autonómicas, reside en el envoltorio, en la fachada; piensan que son más dignas cuanto más grandioso y más lujoso sea el palacete que ocupan.

Lo mismo ocurre con el cargo que ostentan; sostienen sin pudor que la dignidad del cargo está en los coches oficiales de alta gama, siempre a su disposición, con chóferes de 24 horas. Y no se repara en que lo esencial de una institución y de un cargo público es alcanzar la dignidad a través del ejemplo. De la sencillez. De la humidad. El concepto de servicio público lo han vuelto del revés. Por eso la política tiene un problema, o quizá lo tenemos nosotros.

Se trata de un problema general, pero es en las autonomías donde mejor se percibe esta deformación del concepto porque, a diferencia de la Administración del Estado y de los ayuntamientos, es la institución pública que hemos visto nacer y crecer en estos últimos 30 años. Al haber podido contemplar, en paralelo, el desarrollo de las instituciones autonómicas y de los servicios públicos que dependen de ellas, podemos comparar ahora el desequilibrio que existe entre unas y otras.

¿Cuántos jueces, médicos o maestros desarrollan su tarea en edificios casi ruinosos mientras las consejerías ocupan un edificio resplandeciente?

En muchas regiones, la mayoría de los hospitales, de los colegios o los juzgados siguen siendo los mismos que hace 30 o 40 años, siguen en los mismos edificios y en muchos casos con escasas modificaciones o mejoras, mientras que a su lado ha ido creciendo una red de edificios institucionales, de nueva planta o en palacetes rehabilitados, para albergar a los cargos políticos que gobiernan esos servicios públicos. ¿Cuántos jueces, médicos o maestros de escuela desarrollan su tarea en edificios casi ruinosos mientras las consejerías del Gobierno de esa comunidad ocupan un edificio resplandeciente de mármoles y jardines? La distorsión está en pensar que la dignidad de la institución depende del edifico que ocupa el cargo político, cuando se trata justamente de lo contrario: la dignidad está en el servicio público que se ofrece al ciudadano y a los profesionales que trabajan en ellos.

Esta polémica de ahora con el ‘piso gratis’ del director de la DGT, Gregorio Serrano, tiene mucho que ver con esos privilegios de la clase política que se han camuflado, o justificado impunemente, con la dignidad de las instituciones. Cada vez que ese director general, o el ministro del Interior, del que depende, Juan Ignacio Zoido, han intentado justificar la 'normalidad' de esas prebendas, estaban agravando un poco más la polémica.

E. B.E. B.

Con el irrisorio peregrinaje de excusas y declaraciones de ambos, lo único que han conseguido ha sido sofocar un poco más la paciencia de quienes los escuchaban, sobre todo si son guardia civiles. ¿Por qué hay que entender que el Estado le tenga que pagar un hotel o buscarle una vivienda a un señor que gana 6.000 euros al mes? ¿Por qué debemos comprender que se gasten 50.000 euros del Estado en rehabilitar una vivienda cuando a muchos guardias civiles, con sueldos de mileurista, se les ofrecen viviendas cuyas reparaciones tienen que financiar ellos? La dignidad de la Guardia Civil está en los guardias civiles, no en los privilegios políticos de los que dirigen el Cuerpo. La dignidad de la Guardia Civil está en las casas cuarteles, en los coches y las motos que utilizan los agentes, en los medios de los que disponen, no en un piso del centro de Madrid con suelos de madera noble.

En cualquier caso, en esta polémica, solo defendería a Gregorio Serrano para otorgarle la excusa del vicio generalizado. Quiere decirse que hacemos mal si pensamos que se trata de un caso aislado de amiguismo, entre el ministro y uno de sus antiguos colaboradores de Sevilla. El problema es más grave y se ha centrado el foco de la actualidad en él como si fuera el único chupón de la burocracia política. En Andalucía, por ejemplo, que es donde ambos, Zoido y Serrano, han desarrollado la mayor parte de su carrera política, las críticas a estos excesos oficiales se producen, pero con los papeles cambiados. Es el Partido Popular el que con frecuencia denuncia las prebendas de muchos consejeros del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía. Y tienen razón: un buen día, hace ya 17 años, el presidente de la Junta de Andalucía, entonces Manuel Chaves, decidió modificar la normativa autonómica para que muchos altos cargos de su Gobierno cobrasen un sobresueldo para pagar el alquiler de la vivienda. El alquiler y los impuestos que se deducen del sobresueldo.

Lo justifican con argumentos peregrinos, tales como que ‘la política necesita estar bien retribuida para contar con los mejores’

En el último recuento, han salido 56 altos cargos, con sobresueldos de hasta 1.357 euros para un buen alquiler en Sevilla. Lo justifican con argumentos peregrinos, tales como que ‘la política necesita estar bien retribuida para contar con los mejores’, o que ‘si a un cargo público se le obliga a cambiar de residencia, es de justicia que se le compense’; como si en realidad no se tratase de miembros de un círculo cerrado que acceden al cargo público por fidelidad política antes que por valía profesional. Como si el resto de la humanidad no tuviera que afrontar, y apechugar, con cambios de destino, alquileres y puestos de trabajo a muchos kilómetros de distancia de su residencia. Y en todo caso, ¿dónde queda el valor del servicio público, del servidor público? ¿Cuántos funcionarios públicos pueden sentirse discriminados? ¿Cuántos trabajadores, contribuyentes, pueden considerarse estafados por esas prebendas políticas?

La política, los políticos, tienen un problema con la dignidad, o acaso lo tengamos nosotros. El caso es que aparecen estas noticias, como la del director de la DGT, y cuando se les oye hablar, cuando balbucean esas excusas, que a veces parece que hasta pretenden que se les pidan disculpas, uno se da cuenta de que, como cantaba Serrat, deberíamos considerar todo esto no como meras polémicas políticas, sino como algo personal. ¿Se acuerda de la canción? “Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados/ a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Resulta bochornoso verles fanfarronear ‘a ver quién es el que la tiene más grande’… Entre esos tipos y yo hay algo personal”.

Matacán

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