Funcionarios: kilos de demagogia y toneladas de mediocridad

¿Qué ha sucedido aquí? Lo natural, lo lógico en estas sociedades corrompidas por el favoritismo. ¿Qué ha pasado? Que al padre de familia, al hombre probo, al funcionario de mérito, envejecido en la Administración, al servidor leal del Estado que podría enseñar al ministro la manera de salvar la Hacienda, se le posterga, se le desatiende y se le barre de las oficinas como si fuera polvo’. Benito Pérez Galdós. Miau. 1888

Vale la pena remontarse a 1984 para encontrar una situación parecida. En diciembre de ese año, el primer Gobierno socialista aprobó una dura Ley de Incompatibilidades que obligó a muchos funcionarios a elegir entre el sector público y el privado. La Ley iba en la buena dirección, pero ya se sabe que el infierno está empedrado de buenas intenciones. El paro estaba en niveles insoportables y había que repartir el poco trabajo existente.

El argumento que daba la norma era impecable. Los servidores públicos están obligados a realizar un esfuerzo testimonial de ‘ejemplaridad ante los ciudadanos’, decía la ley. Aunque no sólo eso. Se trataba de avanzar en ‘la solidaridad, la moralización de la vida pública y la eficacia de la Administración’. Sin duda, bellas palabras. Corría el año 1984.

El problema surgió al cabo de los años. Pasado un tiempo, alguien se dio cuenta de que el Gobierno de Felipe González se había pasado de frenada. Una evaluación de los resultados constató que buena parte de los que eligieron el sector privado frente al público eran, precisamente, los mejores. Se marcharon simplemente porque no contaban con ningún incentivo para continuar en la Administración, salvo el empleo fijo. Menores salarios y ausencia de prestigio social era la recompensa. O lo que es lo mismo, el botín profesional por seguir en la función pública.

"Un sinfín de funcionarios son brillantes cirujanos, magníficos profesores, ingenieros, arquitectos o simplemente empleados que hacen bien su trabajo, y que, en todo caso, no son responsables de tanto dislate en el gasto público. Por eso, poner techo a lo que debe cobrar un alto cargo, como ha aprobado el último Consejo de Ministros, es simplemente un error"

Por supuesto que muchos buenos funcionarios continuaron en sus puestos de trabajo, pero el daño estaba hecho. Como sostenía el profesor Alejandro Nieto en un artículo publicado por aquellas fechas, ‘la burocracia española es hoy un montón de escombros (cayeron lo malo y lo bueno juntamente), pero nadie se ha preocupado de perfilar la planta del nuevo edificio’.

Trabajar en los altos cargos de la administración comenzó a ser sinónimo para muchos de cobrar una nómina a fin de mes sin dar un palo al agua y con privilegios ilimitados; y así es como la función pública se ha ido degradando ante buena parte de los ciudadanos, convencidos de que la Administración es una sinecura. Pero con una particularidad. No todos los funcionarios son tratados por el mismo rasero.

Los puestos de élite del Estado se han convertido en un vivero de empresas privadas que reclutan a sus empleados más cualificados entre lo más granado de los cuerpos de funcionarios (por algo será). Y los reclutan justo cuando han acabado su periodo de aprendizaje, por supuesto a cargo de la Administración, que paga generosamente el dispendio.  Como no puede ser de otra manera, y en coherencia con este suicidio funcionarial, España no cuenta con ninguna generación de énarques que tenga a gala continuar en el servicio público para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Probablemente, porque este país todavía desconoce que una de las causas que explican el retraso en la modernidad de España ha sido, precisamente, la inexistencia de una burocracia articulada y eficiente como la prusiana, la británica o la francesa, donde el concepto de servicio público históricamente ha estado por encima de toda sospecha.

Las nuevas cesantías

En España, por el contrario, muchos ciudadanos han acabado por confundir la función pública con la provisión de plazas para recompensar a altos cargos nombrados a dedo por el Gobierno de turno. En una suerte de ‘neocesantía’ que recuerda a los peores tiempos de la Restauración alfonsina que de forma tan precisa captó Galdós. Y que alguien retrató magistralmente: ‘Unos cobran felizmente su paga, los que están en el Gobierno; y otros, los que están en la oposición, esperan el turno para cobrarla’.

Se olvida, sin embargo, que no todos los altos cargos son nombrados por el Gobierno. Un sinfín de funcionarios son brillantes cirujanos, magníficos profesores, ingenieros, arquitectos o simplemente empleados que hacen bien su trabajo, y que, en todo caso, no son responsables de tanto dislate en el gasto público. Y sólo por eso, poner techo a lo que debe cobrar un alto cargo, como ha aprobado el último Consejo de Ministros, es simplemente un error. Decía Rajoy con buen criterio cuando estaba en la oposición que él formaría el Gobierno de los mejores, pero esa es una frase hueca y carente de valor si al mismo tiempo no se ponen los medios económicos para que así sea. Aunque tenga que hacer frente a tanto demagogo que se niega a comprender que atender el bien general vale dinero. Y tener buenos gestores es mejor que llenar la Administración de mediocres.

"No hay Gobierno que no ofrezca la cabeza inerte del alto funcionario como uno de sus trofeos, lo que explica una enloquecida carrera por ver quién baja más el sueldo a los altos cargos, aunque sin separar el trigo de la paja. El resultado no puede ser otro que un páramo de ideas para salir de la crisis que a la larga le cuesta mucho más dinero al contribuyente del que se pretende ahorrar"

A la larga, y como acredita nuestra historia, tanta indolencia en defensa de lo público  se paga. Y lo cierto es que los grandes despachos de abogados, las consultoras, las multinacionales o las empresas de servicios se nutren de los mejores funcionarios de la Administración provocando una situación insólita. El sector público tiene, efectivamente, el BOE, pero, paradójicamente, se encuentra en una situación de inferioridad frente al privado para defender los intereses generales. Una penuria que se produce tanto en medios materiales como humanos.

Y lo que es todavía peor. Transmite la sensación de que existe un desamparo sin igual por esa innata tendencia a la autodestrucción de la administración pública española, que empieza prácticamente de cero después de cada cambio de Gobierno.  Muchos funcionarios son hoy vapuleados por la opinión pública como si los problemas de la economía española tuvieran que ver no con quien toma las decisiones, sino con quienes las ejecutan.

Un juego desigual

Lo decía esta misma semana en privado un alto funcionario del Gobierno. ‘Es increíble que tengamos que negociar con las eléctricas el déficit de tarifa (28.000 millones de euros al acabar este año) cuando ellas cuentan con 30 millones de euros para pagar a los mejores despachos de abogados del mundo”. 

La demagogia, sin embargo, se ha instalado en este país. Y no hay Ejecutivo que no presente ante su electorado la cabeza inerte del alto funcionario como uno de sus trofeos, lo que explica una enloquecida carrera por ver quién baja más el sueldo a los altos cargos, aunque sin separar el trigo de la paja. Haciendo política de trazo gordo. El resultado no puede ser otro que un páramo de ideas para salir de la crisis que a la larga le cuesta mucho más dinero al contribuyente del que se pretende ahorrar. Porque sin ideas y sin funcionarios que conozcan bien lo que pasa en el sector público es difícil salir de la catatonia colectiva.

El caso de la Agencia Tributaria, donde magníficos funcionarios han salido escopetados hacia el sector privado para ganar (legítimamente) más dinero es de libro. Pero lo mismo ha ocurrido en departamentos como el Ministerio de Fomento, la abogacía del Estado o la judicatura, convertida en el semillero de los despachos privados.

Las consecuencias son evidentes. Un empobrecimiento generalizado de la función pública. Los ‘meritorios’ de hoy, utilizando la vieja terminología, después de haber aprobado durísimas oposiciones, esperan su turno para dar el salto a las empresas privadas, con lo que ello supone de descapitalización sistemática y permanente de la función pública. Como les gusta decir a los economistas, tener buenos funcionarios (que no es lo mismo que muchos) es una inversión, no un gasto. No se trata de subir el sueldo a los funcionarios para que vivan mejor, sino para que sirvan con mayor acierto a los ciudadanos. Así de fácil.