El 'caso Dívar' como espejo de un sistema caduco

Lo peor del ‘caso Dívar’ no es que el presidente del Supremo hubiera olvidado la ejemplaridad pública durante sus continuados viajes a Marbella y a otros lugares del país. Lo peor, sin duda, es que los propios jueces no hayan sido capaces de juzgar el comportamiento de su jefe de filas. Porque si algo ha quedado claro tras la dimisión de Dívar es que el Poder Judicial carece de instrumentos objetivos e independientes -como los de que justicia reclama para sí- para investigar el comportamiento de sus propios responsables.

La causa, sin duda, tiene que ver con un pecado original de composición del propio poder judicial, donde los vocales -nada menos que veinte, más  que el consejo de administración del Banco Santander-, se deben a criterios políticos y no profesionales.

Esa es, en última instancia, la tragedia del ‘caso Dívar’, la certeza de que los jueces no saben juzgarse a ellos mismos al margen del sistema jurisdiccional. En cualquier país bien organizado, se hubiera podido crear una comisión verdaderamente independiente para juzgar los hechos sin apriorismos ideológicos, pero aquí, ya sabe, el más rancio partidismo lo invade todo. Hasta el punto de arrasar con el santa sanctórum del poder judicial.

Dívar no es más que un peldaño superior en el camino sin retorno que ha emprendido este país desde que la clase política decidió un día invadir todas las instituciones. Y no es fácil entender cómo España va a salir de la crisis si ni siquiera es capaz de resolver problemas menores. La previsible dimisión de Dívar este jueves, en este sentido, es simplemente una anécdota -por amarga que sea- si no se cambian las reglas del juego.

A veces se olvida que una de las cosas que diferencian a los grandes países de los que no lo son es su arquitectura institucional, y parece evidente que el actual sistema de elección del Gobierno de los jueces es un contrasentido. Un sistema que favorece las rencillas internas y las conspiraciones de salón. Y el hecho de que haya sido el abogado de Garzón el denunciante -por mucha razón que tenga al presentarla- sólo pone de relieve las miserias del órgano de gobierno de los jueces. Cabe preguntarse si Gómez Benítez hubiera presentado la denuncia en caso de que su defendido hubiera salido ileso de los tres procesos judiciales en los que se ha visto inmerso. Benítez lo ha hecho porque ahora es un verso suelto que no se debe a ningún partido.

Sentido de la impunidad

Pero el abogado de Garzón no es, en todo caso, el culpable de lo que ha sucedido. El responsable es, sin duda, el propio Dívar, mecido en la cuna de la impunidad. Al igual que otras altas magistraturas del Estado, cuyo comportamiento ruin y mezquino sólo puede interpretarse en clave de sentirse protegido. Cuando un político comete actos indignos sin ni siquiera ocultar las pruebas de la fechoría es, simplemente debido a que está convencido de que saldrá indemne. O dicho en términos más directos, está convencido de que está protegido por la impunidad que arropa a buena parte de la clase política.

Por eso, precisamente, no es suficiente con la dimisión de Dívar. Lo razonable sería que el propio gobierno de los jueces investigara los gastos en viajes de los vocales en los últimos años. No como fruto de un interés ilegítimo o desmedido, sino como un ejercicio de responsabilidad para satisfacer el interés de muchos ciudadanos que lo están pasando mal. Y que no pueden comprender como altos funcionarios derrochan el patrimonio público y hasta mienten para salvar su indigno comportamiento.