De tiranos, déspotas y democracia

Se atribuye a Shakespeare una frase prodigiosa que encaja perfectamente con la figura de Draghi y el resto de banqueros centrales: “Excelente cosa es tener la fuerza de un gigante, pero usar de ella como un gigante es propio de un tirano”.

Y sin duda que el BCE y sus dos socios de la troika -ese nuevo Gobierno en la sombra- cometerían un error histórico si en aras de sostener el euro rompen la Unión Europea en dos con políticas de ajuste más allá de las que (sin duda) necesita la economía. Una Europa, la del norte, rica y competitiva que capta inversiones del exterior y disfruta de mano de obra barata en la periferia; y otra, la del sur, sofocada con ajustes permanentes que ahogan el crecimiento económico. Una Europa de acreedores y otra de deudores con plomo en las alas.

Este es, en realidad, el principal peligro que se deriva de lo decidido por el BCE este jueves. Un banco central que, por naturaleza, no es democrático, tendrá poderes ilimitados para intervenir en los mercados cuando lo estime oportuno. Sin encomendarse a dios o al diablo.

O dicho de otra manera, como admitió Draghi, si algún Gobierno se desvía de la senda establecida, sufrirá los rigores del mercado. No habrá compra de bonos y estará condenado a vivir a la intemperie. El BCE y sus dos socios de la troika cometerían un error histórico si en aras de sostener el euro rompen la Unión Europea en dos con políticas de ajuste más allá de las que (sin duda) necesita la economía. Una Europa, la del norte, rica y competitiva que capta inversiones del exterior y disfruta de mano de obra barata en la periferia; y otra, la del sur, sofocada con ajustes permanentes que ahogan el crecimiento económico. Una Europa de acreedores y otra de deudores con plomo en las alas

No hay duda de que se trata de un planteamiento profundamente antidemocrático debido a que los banqueros del BCE -por fortuna- sólo responden ante sí mismos, por lo que carece de sentido que ellos tengan un papel tan relevante en el control de las finanzas públicas. Una cosa es gobernar la política monetaria y otra bien distinta es decir a los gobiernos -elegidos por los ciudadanos- cómo deben gastar el dinero de los contribuyentes.

EEUU no es Europa

El hecho de que el FMI -otro organismo no democrático- forme parte también de la troika es más de lo mismo. Se dirá que es lo que sucede en EEUU y nadie, en la cuna de la democracia, se escandaliza, pero no es lo mismo. La Reserva Federal diseña la política monetaria en un solo país, pero la Unión Europea, guste o no, todavía responde a intereses nacionales, lo que le ha obligado a edificar una arquitectura institucional más compleja en la que conviven intereses contrapuestos.

Las diferencias entre los Estados de California y de Nueva York son infinitamente menores que las que puedan existir entre Alemania y España. Como ha escrito recientemente Trichet, Europa es “una sociedad de Estados”, pero no es un Estado. Y aunque haya saltado por los aires el esquema de soberanía nacional diseñado en la paz de Westfalia, los Estados continúan siendo soberanos.

Es cierto que la transmisión de la política monetaria para asegurar el canal del crédito se ha roto y el BCE debe intervenir, pero sin que pueda exceder los límites de su mandato. Simplemente por una cuestión de responsabilidad política. Los gobiernos son responsables del gasto público y nadie más que ellos.

Cuando de manera un tanto frívola se reclama que el BCE compre bonos públicos se olvida que se trata de una patada en la espinilla de la democracia, al margen de su impacto sobre la economía y, en particular, sobre los agregados monetarios y la inflación.  Siempre ha resultado chocante que quienes recelan de los mercados son, precisamente, quienes con más insistencia reclaman la creación artificial de dinero para engordar, precisamente, la actividad de los especuladores, cuyo negocio es directamente proporcional a la cantidad de dinero en circulación.

La monetización de la deuda escapa del control presupuestario. Y eso es, precisamente, lo que ha pasado en España desde 2008. El sector público se ha endeudado hasta las cejas -más de 350.000 millones de euros- acudiendo a los mercados o, incluso, pidiendo dinero directamente a los bancos. Pero no para invertir y crear riqueza utilizando de forma eficiente los multiplicadores, sino para financiar gasto corriente.

Si el Gobierno de Zapatero hubiera tenido que pedir lo gastado inútilmente a los contribuyentes mediante la correspondiente subida de impuestos, es evidente que el nivel de endeudamiento de España no hubiera alcanzado estos extremos.

Los presupuestos públicos han sido, en este sentido, pura filfa en los últimos años. Precisamente, porque los gobiernos han acudido a los mercados o a la banca en lugar de financiarse de forma ortodoxa. Cuando de manera frívola se reclama que el BCE compre bonos públicos se olvida que se trata de una patada en la espinilla de la democracia, al margen de su impacto sobre la economía, los agregados monetarios y la inflación. La monetización de la deuda escapa del control presupuestario. Y eso es, precisamente, lo que ha pasado en España desde 2008. El sector público se ha endeudado hasta las cejas -más de 350.000 millones de euros- acudiendo a los mercados o, incluso, pidiendo dinero a los bancos

Exactamente igual que van a hacer ahora algunos países si el Mecanismo de Estabilidad (Mede) compra bonos en el mercado primario o el BCE lo hace en el secundario de forma sostenida. Draghi ha dejado bien claro que la adquisición ilimitada de títulos públicos de hasta tres años no tiene fecha de caducidad.

Soberanía compartida

El control de las finanzas públicas -no su fiscalización contable- no es un asunto técnico que se resuelve con modelos macroeconómicos o vigilando la evolución de la masa monetaria; sino que es una competencia de carácter estrictamente políticao.

Son los socios europeos  (en el marco de una nueva gobernanza) quienes deben vigilar las estrategias fiscales de los gobiernos, haciendo posible eso que se ha venido en llamar ‘soberanía compartida’. Algo que, desde luego, no incluye al BCE, que está para lo que tiene que estar. Al contrario que el parlamento europeo, convidado de piedra en esta función. Sin duda por falta de legitimación en su actual sistema de elección. Si el BCE tiene que intervenir para restaurar el canal del crédito, que lo haga, pero sin interferir en las políticas públicas.

Carece de sentido, por lo tanto, el esquema de intervención en la sombra que se ha impuesto a España, y que de manera acertada pretenden manejar en el tiempo Rajoy y De Guindos., decididos a esperar y ver (wait and see) antes de solicitar el rescate formal.

El Gobierno quiere esperar a ver cómo digieren los mercados las medidas anunciadas por Draghi, y, es posible, que, como la purga de Benito, sólo la amenaza de intervención del BCE baste para reducir la prima de riesgo hasta niveles aceptables.  De hecho ha bajado más de un 20% en sólo dos días. Si es así, un diez para el Consejo de Gobierno del BCE, pero como esto sucede, es probable que la credibilidad del Banco Central llegue a ser igual a cero, con todo lo que ello supone desde un punto de vista económico e institucional.

¿Y cuál es el nivel que puede ser considerado aceptable para España? La última actualización del Programa de Estabilidad da una pista.

El Gobierno dice que el diferencial se situará este año (en media anual) en 360 puntos básicos, apenas 52 puntos menos del cierre del pasado viernes. Eso quiere decir que si el Ejecutivo logra rebajar ese nivel en lo que queda de año, es muy probable que no sea necesaria ninguna intervención ni pedir ningún rescate.

Claro está, salvo que la economía traspase la verdadera línea roja marcada por los mercados y los propios socios europeos, que no es otra que cumplir el objetivo de déficit público. Si en los próximos meses los gobiernos central y autonómico no consiguen enderezar la situación, es muy probable que la antidemocrática intervención del BCE sea inevitable, con todo lo que ello supone de fracaso político para un presidente del Gobierno elegido por los ciudadanos por mayoría absoluta. Pero eso es mejor que estar condenados a suministrar mano de obra barata a Europa. Y Portugal -tras la rebaja general de sueldos por decreto- muestra el camino. O mejor dicho, el mal camino.