Lo que la verdad (oficial) esconde

Tiene razón Mariano Rajoy cuando celebra el acuerdo del Consejo Europeo. La recapitalización de la banca -alrededor de 60.000 millones de euros- se canalizará directamente hacia las entidades financieras. No pasará por el Estado y eso aliviará la presión sobre España. Es decir, esa ingente cantidad de dinero -cerca del 6% del PIB español-  no computará como deuda pública una vez que esté plenamente operativo el nuevo mecanismo de supervisión bancaria a las órdenes del BCE, para lo cual habrá que esperar todavía, en el mejor de los casos, varios meses.

En términos políticos, sin duda, es una buena noticia. El presidente del Gobierno había acudido a la cumbre de Bruselas con escasas probabilidades de lograr ese objetivo. Pero una hábil política de alianzas con Mario Monti -viejo amigo del ministro García-Margallo- ha vencido las resistencias de Alemania. Hollande ha sido, igualmente, un buen compañero de viaje toda vez que el  presidente francés quería sacar adelante a toda costa el nuevo paquete de crecimiento en la UE -cerca de 130.000 millones de euros-, por lo que un bloqueo del tándem Rajoy-Monti le hubiera significado su primera derrota política en caso de que Italia y España hubieran vetado la propuesta. Rajoy, por lo tanto, ha podido volver a España con la satisfacción del deber cumplido.

Otra cosa muy distinta es el análisis económico. El hecho de que los 60.000 millones de euros no computen a la hora de cuantificar el volumen de deuda pública no significa que no haya que pagar ese empréstito. Al contrario. El Reino de España seguirá siendo el responsable, máxime cuando la mayoría del dinero va a ir a parar a las cuatro entidades nacionalizadas que duermen a la espera de comprador en el Frob. El hecho de que ese dinero esté en el balance del Estado o de las entidades nacionalizadas es, por lo tanto, intranscendente, más allá de su impacto sobre la evolución de los mercados financieros. En términos políticos, la cumbre ha un éxito de Rajoy. Otra cosa es el análisis económico. El hecho de que los 60.000 millones no computen a la hora de cuantificar el volumen de deuda pública no significa que no haya que pagar ese empréstito. Al contrario. El Reino de España seguirá siendo el responsable, máxime cuando la mayoría del dinero va a ir a parar a las cuatro entidades nacionalizadas

Estamos, por lo tanto, ante un mero cambio contable para evitar que los mercados se ceben con España por el hecho de que fuera a incrementarse de forma sustancial el endeudamiento. Ese es el éxito real de la cumbre.

La Unión Europea lo justifica con un argumento sin duda razonable, pero inconsistente en el caso español. Dice el Consejo Europeo que es “imperativo romper el círculo vicioso entre bancos y emisores soberanos”. Pero no parece fácil lograrlo cuando, en primer lugar, son las entidades financieras las que continúan comprando deuda pública. Gracias, precisamente, a las inyecciones de liquidez del BCE (un billón de euros). Y, en segundo lugar, cuando los receptores de ese dinero son, como se ha dicho, bancos nacionalizados. Bancos que, por cierto, han sido los últimos meses los más activos a la hora de comprar deuda pública española. Viva la coherencia.

Datos oficiales y reales

Más allá de esta incongruencia, sin embargo, lo importante es que el dinero hay que devolverlo, y es irrelevante que cuente o no en el marco del Protocolo de Déficit Excesivo. Esta incoherencia entre los datos oficiales y los reales explica la falta de credibilidad de algunas cifras publicadas, que a menudo se presentan como representativas. Pero, no lo son.

David Vegara, el antiguo secretario de Estado de Economía, se quejaba hace algún tiempo de que las estadísticas no habían sido capaces de identificar con precisión la creación de una burbuja inmobiliaria, pero no parece que se haya aprendido la lección.

Un ejemplo. Eurostat certificó que la deuda pública del conjunto de las administraciones públicas alcanzó el año pasado los 734.961 millones. Esa es la cifra que se da por oficial y la que casi todo el mundo da por buena. Sin embargo, la realidad es que los pasivos financieros en circulación de España -lo que realmente hay que devolver a los acreedores- asciende a 932.151 millones. Eso quiere decir que hay una discrepancia estadística de algo más de 197.000 millones de euros que se escamotean al análisis económico. Y ahora lo que se hace es abonar esa estrategia. El hecho de que el coste de la recapitalización bancaria no se refleje en el balance del Estado es simplemente huir de la realidad.

Más relevante, sin embargo, es que el Consejo Europeo haya decido que los acreedores privados -esos malditos mercados para muchos gobernantes- tengan la misma preferencia a la hora de cobrar que quien presta el dinero para salvar a la banca. Se trata de una auténtica aberración. El orden de preferencias no es una decisión alegre ni injustificada del legislador. Tiene consistencia, toda vez que se entiende que el acreedor público debe tener preferencia frente al privado ya que defiende los intereses generales de los contribuyentes. Más relevante es que el Consejo Europeo haya decido que los acreedores privados tengan la misma preferencia a la hora de cobrar que quien presta el dinero para salvar a la banca. Se trata de una auténtica aberración. El orden de preferencias no es una decisión alegre ni injustificada del legislador. Se entiende que el acreedor público debe tener preferencia frente al privado ya que defiende los intereses generales de los contribuyentes

El FMI, primero

Así lo entiende, por ejemplo, el FMI, cuyos créditos tienen preferencia de cobro frente a otros acreedores por esas mismas razones. El reglamento del nuevo instrumento de financiación de la UE aclara, incluso, que  los derechos de cobro sobre créditos del FMI “tendrán carácter prioritario frente a los del mecanismo de rescate".

Como es obvio, hasta la legislación concursal española, con buen criterio, establece un trato de privilegio a favor de la Hacienda pública y de la Seguridad Social frente a otra clase de acreedores. La razón es la misma. Los bienes públicos son de todos y por eso necesitan una especial protección a la hora de cobrar.

Lo decidido este jueves de madrugada acaba, sin embargo, con esa coherencia. Lo curioso del caso es que el cambio de la norma coincide en el tiempo con la discusión de una Directiva que pretende hacer pagar también a los bonistas las crisis bancarias. Como se ve, otro formidable ejercicio de coherencia.

Sorprende, igualmente, ‘vender’ como algo nuevo y hasta un éxito diplomático -como hace Italia- que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede) pueda operar en los mercados. Esta posibilidad ya existe. Y, en concreto, su reglamento establece que “con carácter excepcional”, el Mede podrá adquirir los bonos de un país beneficiario de la zona del euro en el mercado primario. Es decir, comprando activos directamente a los tesoros nacionales y no necesariamente en el mercado secundario.

En estos casos, el mecanismo de rescate -sostiene un informe del BCE- podría, por ejemplo, actuar como una facilidad de respaldo, absorbiendo parte de las ofertas públicas no suscritas por los inversores privados. Esto, sin duda, beneficia a España.

Pero ahora bien. Como aclara el BCE, las condiciones y las modalidades para llevar a cabo las compras de bonos se especificarán en las condiciones de la ayuda financiera para el país beneficiario, aunque “estarán sujetas, en cualquier caso, a la misma condicionalidad macroeconómica”. O lo que es lo mismo, dinero a cambio de ajuste.

La cumbre, sin embargo, no ha sido un fracaso. Y eso ya es bastante con la que está cayendo. El hecho de que se haya alejado, al menos por el momento, el fantasma de la ruptura del euro es, sin  duda, un éxito para todos los participantes, incluido el presidente del Gobierno. Pero una cosa es un Consejo Europeo -cuyos resultados reales tardaremos varios trimestres en conocer- y otra muy distinta es valorar los resultados como si se tratara de un partido de fútbol. Aunque juegue España.