¡Laffer ha muerto!; ¡Viva Montoro!

La casualidad ha querido que mientras el ministro Montoro pergeñaba la subida del IVA, estuviera en Madrid -invitado por Faes- el economista Arthur B. Laffer. El profesor norteamericano, como se sabe, es autor de una de las curvas más famosas de todos los tiempos (con permiso de las de Marilyn Monroe), en la que quiso demostrar la relación entre recaudación y presión fiscal.

Laffer, en 1980, garabateó sus tesis sobre una servilleta durante un almuerzo en un restaurante chino de San Francisco con Jack Kemp, legendario jugador de fútbol americano, y, por entonces, director de la campaña electoral de Ronald Reagan. Como se ve, un espléndido y sólido equipo intelectual.

Estamos ante un oscuro profesor de la Universidad de Stanford que, sin embargo, encandiló al expresidente norteamericano. Hasta el punto de que la administración Reagan lo convirtió en su icono económico. Su teorema es sencillo: un aumento de los impuestos a partir de un determinado nivel produce en realidad una caída de la renta disponible de las familias y, por lo tanto, del empleo. Y si hay menos puestos de trabajo, lógicamente, se resiente la recaudación.

Esta teoría fue la que abrazó el Partido Popular durante sus primeros años de Gobierno, y por eso Aznar, que es hombre de ideas firmes, lo invitó la semana pasada al curso de verano de Faes. Pero a esa misma hora, Montoro tenía ya en la cabeza lo contrario de lo que el PP había proclamado en su campaña electoral: no habrá subida del IVA, no habrá recortes en los subsidios de desempleo y no se bajará el sueldo a los empleados públicos.

Subir impuestos en medios de una profunda crisis económica es procíclico, como sabe Montoro. La literatura económica ha demostrado que cuando un país tiene fuertes desequilibrios fiscales hay que actuar de forma prioritaria sobre los gastos, pero apenas sobre los ingresos en forma de un incremento de los tipos impositivos. Las consecuencias son un descenso de la demanda que sólo acentúa el deterioro de las cuentas públicas

El hecho de hacer justo lo contrario de lo que se promete no tendría mayor importancia si no fuera porque estamos en un sistema democrático. Y, lógicamente, debe haber alguna correspondencia entre lo que se promete y lo que se hace en el Gobierno. De lo contrario, estaríamos ante un inmenso tongo electoral.

Caben dos hipótesis sobre las razones del comportamiento de Rajoy: una, que estemos ante un mentiroso compulsivo; otra, que es la más razonable, que estemos ante un líder que en la oposición fue incapaz de identificar la naturaleza de la crisis, lo cual le hizo avanzar por el camino más sencillo: jugar al mensaje fácil para ganar votos.

Como la primera de las hipótesis no parece sensata, habrá que centrarse en la segunda. Y aquí es cuando aparece el ministro Montoro, partidario durante sus tiempos de oposición del célebre ‘cuanto peor, mejor’. O dicho en otros términos, nada de pactos de Estado en materia económica con el anterior Gobierno, toda vez que el ministro de Hacienda estaba convencido de los efectos taumatúrgicos de la llegada de Rajoy al poder. Hasta el extremo de que en el Programa de Estabilidad se llega a asegurar que la prima de riesgo se situará por debajo de los 360 puntos básicos en medial anual.

Ni que decir tiene que ese objetivo no se logrará, pero lo relevante no es eso -sería injusto cargar sobre el presidente del Gobierno una herencia maldita de su antecesor-, que sólo por respeto a la ciudadanía debería pedir perdón sobre cómo ha dejado el país. Lo relevante, sin embargo, es que las recetas que ahora se proponen son las que llevarán a España a una profunda recesión (por cierto con el aplauso incomprensible del jefe de los empresarios).

Más impuestos, menos consumo

Subir impuestos en medios de una profunda crisis económica es, simplemente, procíclico, como sabe el propio Montoro. La literatura económica ha demostrado hasta la saciedad que cuando un país tiene fuertes desequilibrios fiscales hay que actuar de forma prioritaria sobre los gastos, pero apenas sobre los ingresos en forma de un incremento de los tipos impositivos nominales, ya que las consecuencias son un descenso de la demanda agregada (inversión y consumo) que sólo acentúa el deterioro de las cuentas públicas.

No se conoce ningún país que haya salido de la crisis en el últimos medio siglo en Europa (donde los tipos impositivos son ya generosos) subiendo, al mismo tiempo, y en medio de una severa recesión, el IRPF (siete puntos el tipo marginal máximo); el IVA (nada menos que un 25% el tipo reducido y un 17% el tipo general), los impuestos especiales (alcohol, tabaco e hidrocarburos); el Impuesto de Bienes Inmuebles y, de forma muy notable, el recibo de luz, además de incontables tasas que sólo merman la renta disponible de las familias. Se trata de un sinsentido que pagará -ya lo está haciendo- la economía española. Y ese argumento que da el Gobierno de que es Europa quien manda es simplemente falaz. Irlanda está intervenida y no ha tocado ni una décima su impuesto de sociedades, como se sabe a la cola de la UE.

Lo aprobado el viernes no reforma el sector público, simplemente lo recorta temporalmente, lo que significa que dentro de poco tiempo emergerán los mismos problemas. Como sucedió cuando Zapatero bajó el 5% del sueldo a los empleados públicos hace dos años

El Gobierno argumenta, sin embargo, que el margen de maniobra es nulo y que España está obligada a cumplir el nuevo escenario de consolidación fiscal. Básicamente porque lo imponen Merkel y los mercados, pero se olvida que el déficit no es la causa de los problemas de la economía española; sino, por el contrario, la consecuencia. Y, sobre todo, se oculta que lo que  preocupa a los mercados no es el desequilibrio fiscal, sino la recesión, y, ante todo, un paro del 25% que hace sospechar a los mercados de que no cobrarán sus préstamos. Sólo por eso, sube el diferencial con Alemania.

No es cuestión de “determinación”, como le gusta decir a Rajoy, sino de acertar en las recetas. Si fuera una cuestión de testosterona política, la crisis se habría acabado hace tiempo. Y si en realidad es cuestión de hormonas no se entiende bien por qué se sube el IVA de la cultura y no de los periódicos. ¿No será que estamos en realidad ante una cuestión de influencia de los grupos de presión y el Gobierno no se ha atrevido a meterse con los editores?

El deterioro de la actividad (derivado del pinchazo de la burbuja inmobiliaria) ha provocado un inmenso agujero en las cuentas públicas, y, por lo tanto, hay que incidir sobre el crecimiento, lo que desde luego no se consigue subiendo impuestos para mantener un sector público ineficiente. No sólo por su tamaño, también por un problema de arquitectura institucional que ha creado una evidente asimetría: la Administración central es la que recauda y las comunidades autónomas son quienes gastan, lo cual provoca todo tipo de incentivos perversos.

Los viejos problemas

Lo aprobado el viernes no reforma el sector público, simplemente lo recorta temporalmente, lo que significa que dentro de poco tiempo emergerán los mismos problemas. Como sucedió cuando Zapatero bajó el 5% del sueldo a los empleados públicos hace dos años.

¿Quiere decir esto que hay que renunciar a recaudar más para tapar el déficit? En absoluto. España, como se sabe, es uno de los países de la eurozona con menor presión fiscal. No porque los tipos impositivos nominales (no los efectivos) sean bajos, sino porque buena parte de las bases imponibles se escapan por el desagüe de la economía sumergida. Por lo que resulta patético ver al ministro de Hacienda (que repite en el cargo) quejándose de que no se paga el IVA. Si no sabe hacer su trabajo, es mejor que vuelva a dar clases.

No significa esto, sin embargo, que no haya nada que hacer. Al contrario. El Gobierno cuenta con instrumentos muy potentes para dinamizar la recaudación. En particular, dos figuras: los beneficios fiscales y las subvenciones. Y no se trata, en absoluto, de partidas pequeñas. Hacienda renunciará este año a recaudar 38.102 millones de euros debido a todo tipo de deducciones y desgravaciones que incorpora el actual sistema impositivo. Y otros 12.100 millones se irán por el sumidero de las subvenciones a todo tipo de empresas. En total, casi 50.000 millones que reducirían de forma muy relevante los ingresos. Ese es, en realidad, el margen que tiene el Gobierno para recaudar más, pero no a costa de un sector productivo ahogado que morirá por falta de oxígeno.