Montoro y el método Al Capone para acabar con el fraude

Ironizaba hace algún tiempo un fino historiador económico sobre el abuso en la utilización del término revolución. Se habla de la revolución tecnológica, de la revolución sexual, de la revolución de la mujer y hasta de la revolución silenciosa.

Algo parecido sucede con la expresión reformas, un término acompañado en la mayoría de las ocasiones con el vocablo estructurales. No hay Gobierno que no presuma de ser reformista.  

Zapatero decía que con su ley de economía sostenible, el país sufriría una profunda renovación del sistema productivo (sic). Y enmarcaba tan célebre ley en un conjunto de reformas económicas -como lo leen- destinadas a mejorar la competitividad, la sostenibilidad medioambiental, la normalización del sector de la construcción, la innovación  y hasta la transformación de la formación profesional para impulsar los sectores emergentes.

Es ocioso recordar cómo dejó al país el único leonés nacido en Valladolid. Y cuyo empeño en obviarlo recuerda a aquella placa que colgó un alcalde en su pueblo harto de que el escritor Antonio Gala dijera que había nacido en Córdoba. Gala lo ocultaba probablemente por el hecho de que debía parecerle zafio haber venido al mundo en una población de nombre tan humilde como Brazatortas. "Aquí nació el insigne escritor cordobés Antonio Gala. Brazatortas (Ciudad Real)", rezaba la inscripción.

Es indudable que el Ejecutivo ha tomado infinidad de medidas; pero reformas, lo que se dice reformas, más bien pocas. Ahí están intactos, por ejemplo, el aparato administrativo del Estado, el entramado de las relaciones laborales, el decimonónico sistema judicial o el modelo tributario, que sigue incólume como si se tratara de una maldición bíblicaEl actual Gobierno habló desde el primer día de reformas. Y hasta el presidente Rajoy llegó a decir que una semana tras otra el Consejo de Ministros aprobaría medidas de calado, como si las reformas verdaderamente importantes pudieran improvisarse: una cada siete días. Y es verdad que el Gobierno -independientemente de la valoración que merezcan- ha aprobado muchas: la reforma laboral, la que afecta al sistema financiero y, posiblemente, la de mayor enjundia, la que afecta al control de las cuentas públicas, que supone una nueva lectura de la Constitución en clave recentralizadora. Las regiones han perdido hoy su autonomía financiera y son un mero apéndice del Ministerio de Hacienda en términos de gasto.

El último que se ha incorporado al festín reformador ha sido el ministro Ruiz-Gallardón, quien ha sugerido que la oposición del mundo del derecho y de muchos ciudadanos con sus leyes tiene que ver que él es un adelantado a su tiempo y que los españoles no le comprenden. El ministro de Justicia, de esta manera, confunde que una cosa es hacer reformas y otra es que vayan en la buena dirección. Lo importante no es hacer cambios legislativos para inscribirlos en el BOE, sino que las reformas supongan, de hecho, un salto cualitativo respecto de la situación anterior. O dicho en otros términos: a los gobiernos se les juzga no por la cantidad de medidas que toman, sino por el grado de transformación  de la realidad que incorporan las reformas. O sea, por la calidad.

Reformas, ¿qué reformas?

Y casi un año después de que Rajoy llegara a la Moncloa, es indudable que el Ejecutivo ha tomado infinidad de decisiones; pero reformas, lo que se dice reformas, más bien pocas. Ahí están intactos, por ejemplo, el aparato administrativo del Estado, el entramado de las relaciones laborales, el decimonónico sistema judicial o el modelo tributario, que sigue incólume como si se tratara de una maldición bíblica.  

Y no es que Montoro haya fracasado en su intento de mejorar la eficiencia en la recaudación. Al contrario. Nadie como el ministro de Hacienda se ha empeñado con tanto vigor y energía en acabar con esa lacra que es el fraude fiscal, aunque tenga en su gestión un lunar como es la ‘amnistía fiscal’. Pero no es Eliot Ness -el fiscal que perseguía de forma implacable a Al Capone- ni hace falta que lo sea.

Más razonable que luchar sólo contra el fraude por la vía de la represión es que el Gobierno presente en un plazo razonable una reforma en profundidad del sistema impositivo que vaya más allá que simples medidas recaudatorias. Sobre todo cuando el modelo actual -basado en las rentas del trabajo- ya no da más de sí. Los agujeros son clamorosos y provocan una huida hacia adelante obligando a elevar de manera insensata los impuestos para sostener la recaudación.

Algunos economistas han sugerido la idea de caminar hacia un sistema fiscal menos procíclico, como el que existen en EEUU, donde los presupuestos federales se nutren apenas un 10-15% del impuesto sobre la renta. En su lugar, se ha optado por anclar buena parte de los ingresos en rentas de la propiedad, más insensibles al cambio de ciclo. Los efectos del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España -con sus repercusiones letales sobre las cuentas públicas- son la mejor lección que puede aprender el país.

Algunos economistas han sugerido la idea de caminar hacia un sistema fiscal menos procíclico, como el que existen en EEUU, donde los presupuestos federales se nutren apenas un 10-15% del impuesto sobre la renta. En su lugar, se ha optado por anclar buena parte de los ingresos en rentas de la propiedad, más insensibles al cambio de cicloMás conocida es la idea de ir sustituyendo paulatinamente una parte importante de la financiación de las pensiones vía cotizaciones sociales por impuestos indirectos que no penalizan la contratación. Como sugería esta misma semana un fiscalista, algo tendrá que ver que España sea el país con una tasa de desempleo más elevada y, al mismo tiempo, se encuentran a la cabeza de quienes gravan más el factor trabajo mediante elevadas cotizaciones.

Probablemente, este cambio cualitativo -y no meramente el represor de las conductas fraudulentas- sería más eficaz para ensanchar las bases imponibles de la Hacienda pública.

No es un asunto menor. La encuesta que realiza anualmente el Instituto de Estudios Fiscales sobre la opinión  y el comportamiento de los contribuyentes españoles pone de relieve varias cosas. La primera, que la opinión pública considera que la impunidad de los defraudadores es la principal causa del fraude fiscal en nuestro país en 2011. Pero, al mismo tiempo, la población encuestada ese año considera que, junto a éste, existen otros tres factores con una importancia decisiva en la persistencia del fraude.

Uno de índole administrativa: “no es eficaz la lucha contra el fraude”, el otro de índole económica: “los actuales impuestos son excesivos” y un tercero de índole ético: “falta de honradez y conciencia cívica”. Es decir, una realidad compleja que no puede ventilarse sólo con más inspección. Sin duda necesaria. Habría que pensar en reinventar el IRPF para que todos paguen de forma efectiva, aunque sea muy poco, lo cual favorecería la cultura tributaria

Como suele decirse. Es mejor que paguen muchos pocos impuestos que pocos muchos impuestos, algo que es, en realidad, el problema principal desde un punto de vista tributario. Al menos, se evitaría caer en aquello que contaba el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, sobre los europeos. 'Ustedes', comentaba con sorna a un ilustre profesor español, 'cuando ven que el perro tiene un problema, le cortan primero el rabo; luego, una pata; luego, otra..., en vez de hacerlo sanar'.