Por qué Rubalcaba seguirá siendo el jefe de la oposición

 

Antonio Hernández Mancha, el fugaz y fogoso líder de Alianza Popular, pasará a la historia del parlamentarismo europeo con un triste récord. El 26 de marzo de 1987 buscaba el desgaste del Gobierno de Felipe González defendiendo (pese a no ser diputado) una moción de censura que no tenía ninguna probabilidad de salir adelante; pero, en realidad, lo único que consiguió fue cavar su propia tumba política. Quevedo lo hubiera llamado el alguacil alguacilado.

El veterano dirigente socialista se sacó un as de la manga en el último momento y ni siquiera el presidente del Gobierno subió a la tribuna de oradores para hacer la réplica parlamentaria a su oponente. Algo más que un desprecio político. En su lugar envió a Alfonso Guerra, que con la mejor lengua viperina que gastaba por entonces se encargó de desplumar al joven e inexperto delfín de Manuel Fraga con una intervención antológica en la que lo más suave que le dijo fue que sus ideas tenían la solidez de un recorte de periódico.

Era, por cierto, el mismo Guerra que unos años antes, en 1980, había hecho de telonero de Felipe González en la moción de censura que el Grupo Socialista presentó contra Adolfo Suárez, y que, como en el caso de Hernández Mancha, acabó en la papelera. Aunque con un diferencia. González se dio un baño de popularidad y de populismo, y eso acrecentó la figura de un dirigente que llegaría al poder tan sólo dos años y medio más tarde con una formidable mayoría absoluta (202 diputados) inédita hasta hoy (23-F entre medias).

 Ahora son los socialistas los que amagan con una moción de censura que tiene nulas probabilidades de salir adelante

Uno -González- ganó, aunque no tumbara al Gobierno en ese momento, y otro  -Hernández Mancha- perdió con la misma estrategia política, pero con distinto sentido de la oportunidad y del momento histórico. En lo que sí se parecen ambas mociones de censura es en una cosa: tenían una función testimonial y propagandística, sin duda debido al modelo establecido en la Constitución de 1978, que convierte la figura de la moción de censura en una cuestión de mera retórica política. Precisamente lo contrario de lo que decía Hernández Mancha en su intervención: “El Grupo Popular -aseguraba- no pretende un acto de notoriedad ni mucho menos un acto electoralista. Justamente pretende lo contrario: denunciar que mucha de la violencia en la calle obedece a la falta de vehículos parlamentarios adecuados para la resolución de las quejas, y otra la de velar por el prestigio de las instituciones democráticas, que empiezan a estar en tela de juicio”.

Los tiempos, como se ve, han cambiado. Y mucho. Ahora son los socialistas los que amagan con una moción de censura que tiene nulas probabilidades de salir adelante. Entre otras cosas porque para ser aprobada se exige nada menos que el candidato alternativo obtenga mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, algo que ni siquiera se requiere en una sesión de investidura para elegir al presidente del Gobierno, para cuya elección basta con mayoría simple.

Un mero apéndice del partido

Y es que la presentación de una moción de censura en el sistema político español está devaluada porque el poder legislativo al final se ha convertido en un mero apéndice del poder ejecutivo, y los diputados, aunque constitucionalmente no están obligados a mandato imperativo, en la práctica se pliegan a los intereses del jefe del partido. Por eso es un hecho extraordinario la presentación de una moción censura, que exige la firma del 10% de los miembros de la Cámara Baja (35 diputados), mientras que el Senado -otro órgano constitucional- no juega ningún papel. Una muestra más de su escasa utilidad.

El hecho de que se trata de un asunto constitucionalmente extraordinario explica las fuertes restricciones que impone la Constitución a la hora de presentarla. La moción de censura, al contrario de lo que sucede en otros países, no tiene que ver con una forma ‘ordinaria’ de controlar al Ejecutivo, una de las funciones del legislador en los sistemas parlamentarios. Y así, por ejemplo, no sólo hay que tener un número mínimo de diputados, sino que se obliga a que medie un periodo máximo de días entre su presentación y su debate. O se imponen límites temporales a la presentación de distintas mociones de censura. Sus signatarios, incluso, no pueden presentar otra durante el mismo período de sesiones.

La figura es tan extraña en el ordenamiento constitucional español (que en teoría es un sistema parlamentario y no presidencialista) que ni siquiera se exige que el candidato sea miembro del Congreso o del Senado. Y hasta se impone un periodo de ‘enfriamiento’, como lo llaman los constitucionalistas. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. Un periodo probablemente demasiado largo para los tiempos actuales, en los que la prima de riesgo golpea la inestabilidad del Gobierno de turno sin esperar a votaciones parlamentarias.

La fuerza del Estado

Sólo hay que imaginar la respuesta que darían los mercados durante los cinco días previos a la votación con una prima de riesgo al rojo vivo

La moción de censura, en todo caso, hay que relacionarla con la función del parlamento de controlar al poder Ejecutivo, y cuando este lo rechaza -mediante su propia mayoría parlamentaria- se está impidiendo ese mandato constitucional. Como han dicho muchos constitucionalistas, el poder del Gobierno es tal -en él descansa la fuerza coercitiva del Estado- que su legitimidad depende de la existencia de mecanismos de control parlamentario. Se trata de un control político distinto al judicial. Y por eso, precisamente, la Constitución y el Reglamento del Congreso impiden que se pueda limitar su presentación. El Reglamento de la Cámara establece, en concreto, que la Mesa del Congreso, tras comprobar que la moción de censura reúne los requisitos señalados, tiene la obligación de admitirla a trámite, dando cuenta de su presentación al presidente del Gobierno y a los portavoces de los grupos parlamentarios.

Ahora bien, dentro de los dos días siguientes a la presentación de la moción de censura podrán presentarse mociones alternativas que estarán sometidas a los mismos trámites, si bien este no es el caso debido a que sólo el PP y el PSOE cuentan con al menos 35 diputados.

Y es que el modelo de moción de censura constructiva que establece la Constitución -se exige un candidato alternativo y no la mera destitución del presidente del Gobierno- se ha impuesto frente al meramente testimonial, que sólo busca desgastar al adversario político -mociones destructivas-. El modelo es consistente con la debilidad de la democracia española al discutirse la Constitución en 1978. Y, de hecho, se copió literalmente el modelo de la Constitución de Alemania después de la inestabilidad de la república de Weimar. Lo que se busca en ambas constituciones es, por lo tanto, la gobernabilidad del país.

Las restricciones para su presentación son tantas que hay quien dice que se trata de una figura inútil que no cumple ninguna función constitucional, más allá de la publicidad política que genera su presentación. Y se suele poner como ejemplo que, paradójicamente, Adolfo Suárez superó una moción de censura en 1980, pero luego cayó por su propio grupo parlamentario.

La moción de censura es tan constructiva que pretende evitar lo que algunos han denominado las nocivas mayorías negativas, circunstancia que se produce cuando hay acuerdo en derribar al presidente del Gobierno, pero no para elegir a su alternativa. Y de hecho, en un mismo acto parlamentario se revoca al presidente y se elige a su sucesor. Sin solución de continuidad. No es necesario, por lo tanto, una sesión de investidura del candidato alternativo. Es por eso que se ha dicho que en realidad no se trata de una moción de censura, sino que estamos ante un verdadero debate de investidura que Rubalcaba no está en condiciones de ganar. Por eso, seguirá siendo líder de la oposición.