La Infanta y la prima de riesgo: un problema ético

Fue Víctor Hugo quien apuntó una frase prodigiosa para su época: “El crimen prescribe legalmente con el tiempo, pero moralmente nunca lo hace”. Este es, en realidad, el drama del Rey y de su familia. El concepto Casa Real –con sus títulos nobiliarios y sus zarandajas aterciopeladas– es una antigualla del Antiguo Régimen incompatible con una Monarquía moderna. La suerte está echada.

Algunos de los miembros de su familia ya han sido condenados por la opinión pública, en última instancia la esencia de la democracia en la medida que actúa como uno de los contrapoderes del Estado. No hay, por lo tanto, nada que juzgar. La infanta Cristina vive un litigio particular, y fue un error del Rey y de sus oscuros asesores convertirlo en un asunto de Estado contratando a uno de los ‘padres’ de la Constitución para su defensa.

Da lo mismo lo que digan los tribunales. Su inculpación o exculpación penal es irrelevante (más allá del manido debate mediático) porque el caso Nóos –o como se quiera llamar– hay que enmarcarlo en la esfera de la ética y de la moral en el sentido etimológico del término. Y a la luz de la virtud pública, el matrimonio Urdangarin-Borbón ha hecho méritos suficientes para ser expulsado del entramado institucional. Con razón decía Hegel que el Estado no era otra cosa que una idea moral.

Si la Infanta quiere hacer un último servicio a España –de cuyo presupuesto ha vivido la mar de bien–, lo mejor que puede hacer es renunciar a sus títulos. No es una cuestión legal, al fin y al cabo miles y miles de españoles tienen líos con Hacienda. Es un problema moral. Y si no lo hace, deben ser las Cortes generales quienes fuercen la renuncia a través de una ley orgánica que finalmente desarrolle el título II de la Constitución

Si la Infanta quiere hacer un último servicio a España –de cuyo presupuesto ha vivido la mar de bien–, lo mejor que puede hacer es renunciar a sus títulos. No es una cuestión legal, al fin y al cabo miles y miles de españoles tienen líos con Hacienda. Es un problema moral. Y si no lo hace, deben ser las Cortes generales quienes fuercen la renuncia a través de una ley orgánica que finalmente desarrolle el título II de la Constitución. Carece de sentido y es profundamente irrespetuoso con el sistema democrático que el Parlamento, donde se articula la soberanía popular, sea un convidado de piedra en esta ceremonia de la confusión que compromete al jefe del Estado y sus allegados por ausencia de regulación. Un asunto particular se ha convertido en una cuestión de Estado.

Acierta Miquel Roca

Sin embargo, con la actual normativa, ni la continuidad de Cristina de Borbón en su calidad de heredera (aunque remota) ni mucho menos la abdicación del Rey –sin duda necesaria–, son asuntos de naturaleza individual. Si hasta la propia Constitución (artículo 59.2) reconoce a las Cortes generales potestad para la inhabilitación del monarca mediante ley orgánica, con mucha más razón está legitimado el Parlamento para acabar con este sinsentido. Y por eso, lo mejor que ha hecho Miquel Roca es aconsejar a su defendida que no recurra el auto del juez Castro. Ahora sólo falta que de forma voluntaria salde cuentas con Hacienda. La ‘casa real’ debiera limitarse a dos miembros: el Rey y su sucesor. El resto, sobra.

Un país –en el siglo XXI– no puede estar al albur de lo que en conciencia opine el monarca o su hija. Es un asunto de Estado. Exactamente igual que ocurre en todas las democracias liberales, donde el jefe del Estado puede ser removido en determinadas circunstancias tasadas constitucionalmente. No por el mero capricho del Parlamento ni por escaramuzas partidistas. Al contrario. De acuerdo con unas reglas preestablecidas que no se deberían apurar. Es mejor un acuerdo entre las altas instituciones del Estado que un rosario de descrédito para el país.

Es una cuestión de principios. Y como decía Kissinger, los principios no se negocian. Sería absurdo olvidar, ahora que al fondo se divisan los primeros síntomas de recuperación, que la ausencia de ética y la mala calidad de las instituciones están detrás, siempre al acecho, de la feroz crisis económica. Y aunque no se vaya refundar el capitalismo, al menos sería bueno que se sacaran conclusiones. Y la primera de ellas es que una política económica suicida –aderezada con una expansión sin límites de la codicia– llevó a los Gobiernos a hipotecar a familias y empresas para que creyeran que su crédito era ilimitado. En feliz expresión de un economista, se trataba de hacer creer a los pobres que no lo eran, y para ello se les hipotecó hasta niveles insoportables e incompatibles con la decencia.

¿Un triunfo?

Y no parece muy ético que este país se siga endeudando de una forma silenciosa al margen de cualquier racionalidad económica. Incluso se sigue vendiendo como un éxito que España se vaya a endeudar este año en otros 65.000 millones de euros después de haberlo hecho en casi 573.000 (más de la mitad del PIB) en los últimos seis años. Tan sólo en 2013 –un año que algunos celebran como un triunfo en las políticas de ajuste–, este país aumentó su endeudamiento (sólo el Estado y las CCCA adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica) en 71.877 millones, lo que da idea de la trampa en que se ha metido la economía por falta de actividad y por exceso de gasto improductivo.

Las próximas generaciones estarán obligadas a pagar unas deudas que no han creado y que en buena medida no se han destinado a la inversión (lo cual sería razonable), sino a financiar gasto corriente. De nuevo, para hacer creer a los españoles que son más ricos de lo que en realidad son. De nuevo, un asunto moral al que ningún Gobierno quiere enfrentarse

No se trata, como en el caso de la infanta Cristina, de un problema legal ni de legitimidad a la hora de diseñar estrategias de política económica, sino ante todo ético y de responsabilidad generacional habida cuenta de que se está minando el potencial de crecimiento de la economía española durante las próximas décadas. Las próximas generaciones estarán obligadas a pagar unas deudas que no han creado y que en buena medida no se han destinado a la inversión (lo cual sería razonable), sino a financiar gasto corriente. De nuevo, para hacer creer a los españoles que son más ricos de lo que en realidad son. De nuevo, un asunto moral al que ningún Gobierno quiere enfrentarse.

No estaría de más que alguien de la Intervención del Estado hiciera, en este sentido, un papel para aclarar con detalle a qué se están destinando las enormes balsas de deuda que la crisis ha generado.

Roza la falta de escrúpulos que se siga diciendo que el Estado se sigue endeudando porque los tipos de interés están bajando y, por lo tanto, se estrecha la prima de riesgo. Lo relevante es el volumen de deuda en circulación (954.863 millones) y aunque esa ingente cantidad de dinero se financie más barato, en algún momento los tipos volverán a subir (forma parte del sistema económico, como ayer explicaba Daniel Lacalle). Y será entonces cuando vuelvan a asomar las verdades del barquero en la economía española. Cuando los españoles vuelvan a descubrir que en realidad son más pobres de lo que creen.

Un billón de euros al 5,13%, que es la media histórica de financiación del Tesoro entre 1998 (nacimiento de la Eurozona) y 2007 supone que cada año hay que destinar algo más de 50.000 millones de euros actuales al servicio de la deuda. Tan sólo las comunidades autónomas se endeudarán este año a la luz de lo presupuestado en 8.426 millones, lo que da idea de la magnitud de un problema que tenderá a hacerse crónico.

La formación de burbujas de activos al calor de una rebaja artificial de los tipos de interés es el mejor camino para incubar otra crisis de crédito. Y por eso, como sucede en el caso de la infanta Cristina, lo mejor es prevenir. Los incentivos perversos –por falta de ética– acaban pasando factura. Diga lo que diga el juez Castro.