“Usted me tocará los pelendengues”

Rajoy no es el general Narváez. Ni falta que le hace. Y tampoco es probable que algún día tenga que enfrentarse a una de esas situaciones singulares que vivió el Duque de Valencia. La leyenda cuenta que una de las muchas ocasiones que presidió el Consejo de Ministros, donde sentaban sus reales los santones del Partido Moderado, uno de ellos se resistía a firmar una de las disposiciones legales que allí se iban a aprobar. La discusión debió ser tan tensa que en un momento del cónclave, y para añadir mayor dramatismo a su negativa, el sedicioso llegó a exclamar con voz afectada para que se le escuchara con claridad:

–¡Antes me dejaría cortar la mano derecha…!

Narváez, que como decía el profesor Seco Serrano era un ‘militarote’, atajó el problema con una de esas frases lapidarias que pasan a la posteridad y que pudieron escuchar de sus labios políticos insignes del partido conservador como Bravo Murillo o Alejandro Mon; el primero, padre de la primera gran transformación de la Administración española, y el segundo, impulsor de la primera reforma tributaria moderna.

–Usted– le dijo un enfurecido Narváez a su díscolo ministro –no se cortará ninguna de las dos manos. Con la derecha, firmará la disposición. Con la izquierda, me tocará los pelendengues!–.

Ni que decir tiene que la disposición salió inmaculada del Consejo de Ministros, pero la anécdota revela una forma de hacer política inimaginable en un gobernante como Rajoy, que ha convertido el arte de la política en una suerte de máster en Derecho Administrativo.

Los consejos de ministros son hoy un páramo –más allá de discrepancias puntuales sobre un asunto concreto– en los que brilla la uniformidad y la industria de lo obvio y de la trivialidad

Ahora bien esta escena tampoco puede ser una realidad en la España de hoy por un motivo mucho más preocupante. La inexistencia de políticos de altos vuelos capaces de tener voz propia cueste lo que cueste aun a riesgo de ser destituidos. Sin duda, por el peculiar sistema de cooptación de las élites, que, salvo honrosas excepciones, ha convertido a los gobernantes en funcionarios del partido. Como consecuencia de ello, los consejos de ministros son hoy un páramo –más allá de discrepancias puntuales sobre un asunto concreto– en los que brilla la uniformidad y la industria de lo obvio y de la trivialidad. Las discrepancias sólo aparecen cuando uno de ellos es destituido, lo cual dice muy poco a su favor. Y el lamentable episodio de César Antonio Molina, uno de los personajes más vanidosos que haya dado esta tierra, lo pone de manifiesto.

Talla política

En las próximas semanas, sin embargo, se presenta una de esas oportunidades históricas que darán la talla política del Consejo de Ministros. En mes y medio, el Gobierno debe presentar en sociedad su proyecto de ley de reforma fiscal para que entre en vigor el 1 de enero de 2015.

Lo que se sabe hoy es bien poco. Y ni siquiera el documento de los expertos da una pista clara. Entre otras cosas porque la Comisión Lagares estaba constituida a imagen y semejanza del ministro de Hacienda, por lo que optó por asegurar la recaudación antes que abordar un nuevo sistema impositivo capaz de ensanchar las bases imponibles mediante una reforma en profundidad. Montoro, como todos los ministros del ramo es ‘amarrategui’, y eso explica la ridícula bajada de impuestos que se plantea en el Programa de Estabilidad recientemente enviado a Bruselas: apenas 4.947 millones de euros en el Impuesto sobre la Renta en 2015 y 2016. Una cantidad minúscula si se compara con el aumento de la presión fiscal que han sufrido los salarios en estos últimos años, en los que ni siquiera se ha deflactado la tarifa del impuesto, como siempre reclama el PP cuando está en la oposición.

Es por eso que uno de los debates más interesantes que se plantean ahora es la intensidad de la rebaja de impuestos. El Gobierno tiene dos opciones. Hacer caso a Montoro, que plantea un tímido recorte, o a otros miembros de su Gobierno, que están convencidos de que hay margen suficiente para ser más ambiciosos en la reforma. Entre otras cosas porque la subida del IRPF en 2011 fue tan brutal que al menos habría que volver a la situación de partida. Y con los 5.000 millones de euros en dos años que volverían al bolsillo de los ciudadanos, no se retornaría a la situación de partida, por mucho que se excluya de la tributación a los trabajadores que ganen menos de 12.000 euros brutos al año.

Hay margen

El margen, dicen esas fuentes, existe. Básicamente porque la economía se está comportando mejor de lo previsto inicialmente. A la reducción de los costes de financiación de la deuda por el descenso de la rentabilidad de las emisiones del Tesoro, hay que sumar el ahorro –más de 4.000 millones de euros– que tendrá el Estado este año por la caída de las prestaciones por desempleo. Mucho dinero no previsto en los Presupuestos que incluso hace pensar que el revisado objetivo de déficit para 2014 –un 5,5% del PIB– se haya quedado demasiado alto.

El Gobierno tiene dos opciones. Hacer caso a Montoro, que plantea un tímido recorte, o a otros miembros de su Gobierno, que están convencidos de que hay margen suficiente para ser más ambiciosos en la reforma

Es muy probable que el sector público acabe el año con un déficit muy cercano al 5%, lo cual da garantías de que una reforma fiscal ambiciosa no ponga en jaque el proceso de reducción del desequilibrio presupuestario.

Más allá del análisis cuantitativo, sin embargo, hay otra realidad que hay que vincular necesariamente al análisis cualitativo. Cualquier sistema político se basa en la existencia de alternativas. Y si todos los partidos son iguales, esa es la mejor manera de destruir la democracia. Ocurre, sin embargo, que tienen razón los ciudadanos cuando sospechan que, efectivamente, todos los partidos son iguales, y eso explica la indiferencia con que se enfrentan a las elecciones al parlamento europeo, en las que no se espera una participación superior al 40%.

El sociólogo Sami Nair, a quien este periódico entrevistó hace unas semanas, ha puesto el dedo en la llaga cuando recordaba recientemente que el partido del candidato de la socialdemocracia europea a presidir la Comisión, Martin Schulz, forma parte de un Gobierno de coalición en Alemania con Ángela Merkel. Ver para creer. Mientras el Partido Socialista ataca a la ‘troika’ por el austericidio, su candidato para dirigir Bruselas da respaldo parlamentario a la canciller que ha diseñado la política económica de la UE durante la crisis.

Es obvio que en los países más avanzados la diferencia entre los grandes partidos tiende a ser mínima –sin duda porque el contrato social es una fuerza demasiado potente para que un partido intente romperlo–, pero si al final todos los partidos son iguales, es muy probable que estemos ante un inmenso tongo. Aunque haya urnas por medio.