Una reforma constitucional para arropar al nuevo Rey

Lo dice un fino analista que prefiere guardar su identidad: “Felipe es el recambio, pero ahora no tiene a nadie detrás”. O dicho de otra forma: los amarres del rey Juan Carlos se han anclado durante casi 40 añosen su papel durante la recuperación del sistema democráticoy en el intento de golpe de Estado del 23-F. Pero el nuevo Rey no va a contar con ello. Al contrario.

Comenzará a reinar en pleno deterioro de la imagen de la Monarquía ante la opinión pública. Y lo que es más determinante: Don Felipe no podrá contar para su consolidación con una arquitectura institucional no contaminada por el ‘antiguo régimen’ heredado de la Constitución de 1978, que vive sus días más aciagos. La Carta Magna hizo borrón y cuenta nueva de la etapa franquista del Rey. Peroel nuevo monarca corre el riesgo cierto de reinar en un país con instituciones envejecidas de forma prematura. Un rey desgastado antes de reinar si no es capaz de que el puebloidentifiquesu figura con una segunda transición. O con un nuevo consenso constitucional capaz de regenerar el sistema democrático.

¿Cuál es la solución? El catedrático Francisco J. Laporta apunta una idea asumida ya por amplios colectivos: reformar la Constitución. O expresado en términos más concretos, crear una Ponencia encargada de poner al día la Carta Magna, incluyendo el Título II sobre la Corona. Básicamente con un objetivo: separar la institución de la persona (el fin del juancarlismo). Es decir, que la Constitución deje claro que lo importante es la estructura institucional y no quien ostente la jefatura de la Casa Real, un puesto provisional que acaba con la sustitución del monarca por fallecimiento o abdicación, como es el caso.

Ahora bien, reformar acudiendo alartículo 168 de la Constituciónsería lo mismo que abrir en canal la propia Carta Magna. Entre otras cosas porque cualquier cambio obliga a disolver las cámaras, y por eso el Gobierno se va a limitar en esta primera fasea seguir la vía de la ley orgánica para tramitar la abdicación. Según Laporta, esa es una de las causas que explican que la Casa Real se haya resistido hasta ahora firmemente a reformar el Título II por la vía del procedimiento agravado.

El artículo 168 –" el dela reforma constitucional"– obliga a que cualquier revisión de la Carta Magna total o parcial que afecte a cuestiones como la Corona, los derechos humanos o la unidad de la nación se tenga que aprobar por mayoría de dos tercios de cada Cámara y la posteriordisolución inmediata de las Cortes. Finalmente, la reforma constitucional debe ser aprobada en referéndum. Es decir, un tortuoso camino que en caso de que se circunscribiera a la Corona acabaría derivando enun plebiscito sobre monarquía o república, algo que el reyy todos los Gobiernos constitucionales han querido evitar a toda costa.

Ahogar el tema catalán

Claro está, salvo que la reforma constitucional sea más amplia e incorpore otras cuestiones. Y esa es la idea que muchos constitucionalistas han sugerido. Entre otras cosas, porque de esta manera se ahogarían debates de tanto calado como el catalán. “Crear una Comisión Constitucional son palabras mayores”, sostiene Laporta, “y eso sofocaría el debate en Cataluña”.

Hasta ahora las únicas reformas constitucionales han sido minucias (excepto la del verano de 2011 sobre estabilidad presupuestaria). E incluso habríaque remontarse a la que planteó, al menos formalmente, el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero, que pidió al Consejo de Estado –entonces presidido por el jurista Rubio Llorente– un informe necesariamente no vinculante que se quedó sólo en un documento teórico. Los cuatro puntos sobre los que el Consejo de Estado opinó en febrero de 2006 fueron: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea, la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas y la reforma del Senado.

Ni una palabra sobre la organización territorial más allá de convertir al Senado en una verdadera cámara de representación de los entes autonómicos. Y este es el nudo gordiano de la cuestión. A favor de esta opción está el Partido Socialista de Rubalcaba, que ve en la reforma constitucional la solución a algunos de los problemas de país, incluida la cuestión catalana.

El partido del Gobierno ha descartado hasta ahora de forma contundente una reforma constitucional con un argumento sencillo y fácil de explicar: no existe el necesario consenso. Pero los consensos, como sucedió en la Transición, se tejen. La mayoría de las veces de forma delicada, y esa puede ser, precisamente, la salida al actual desgaste de las instituciones. Hasta el propio Mariano Rajoy dijo recientemente en Barcelona –ante el Círculo de Economía– que él “nunca” se había opuesto a una reforma constitucional. Pero dicho esto apostilló: “Pero para qué”.

Detrás de ese “para qué” se esconden las discrepancias entre los partidos. Pero esta vía, en cualquier caso, tendría una ventaja. Los partidos nacionalistas –en particular CiU– podrían volver al redil constitucional, aunque el PNV se abstuvo en el referéndum de 1978. Sería, sin embargo, la salida para una parte de CiU, en particular Duran Lleida, que desde hace meses se viene reuniendo con Rubalcaba (en público y en privado) para explorar una vía que comienza a gustar en algunos sectores del Gobierno, como publicaba el pasado fin de semana El Mundo. Y hasta el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha dicho recientemente que habría que “desdramatizar” una reforma de la Constitución.

La ventaja de esta vía es que estaría respaldada por prácticamente el 90% del Congreso (incluidas formaciones como UPyD y Coalición Canaria), y nadie es hoy capaz de garantizar que esa mayoría se mantenga en la siguiente legislatura tras lo que ha sucedido en las elecciones al Parlamento Europeo. Sería, en todo caso, una salida ‘digna’ para CiU siempre que consiga algunos de sus objetivos (un tratamiento diferenciado respecto del resto de CCAA), lo que permitiría a Artur Mas –o a cualquier otro dirigente de CiU no involucrado tan directamente en el proceso soberanista que pueda sucederle– soltarse de las riendas que lleva hoy ERC, un partido republicano y marginal cuando se aprobó la Constitución. En definitiva, crear un nuevo bloque constitucional para vertebrar España y apuntalar al nuevo monarca.

¿Cuál es el mejor momento? Sin duda, al final de la legislatura, ya que hay que disolver las Cortes. Pero antes se debe crear la Comisión Constitucional encargada de reformar la Carta Magna. De lo contrario, es probable que de nuevo la Historia atropelle a España. Y ya se sabe lo que pasa cuando eso sucede.