Los trucos del ciudadano Montoro

Tenía razón un fino analista económico hace unos días cuando decía que España tiene mala suerte. Sostenía con cierta sorna que no es normal que cuando más se necesitaba un presidente del Gobierno riguroso y sensato –al comienzo del pinchazo de la burbuja de crédito–, este país tuviera como jefe del Ejecutivo a Rodríguez Zapatero, un suicida en materia económica; mientras que ahora, cuando lo que se requiere son reformas de calado para no volver a caer en los mismos errores del pasado, el jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, sea un inmovilista de pro (desde luego en lo político), a quien ha salvado la potencia de fuego del BCE y una política monetaria extremadamente ‘acomodaticia’, como les gusta decir a los banqueros de Fráncfort.

Es probable que el análisis sea un tanto maniqueo y algo injusto, pero lo que es cierto es que los diferentes ciclos económicos le han pillado al paíscon el pie cambiado: un jefe de Gobierno demasiado heterodoxo cuando debía ser riguroso, y otro excesivamente conservador cuando había que ser valiente a la hora de hacer reformas. Aunque en honor a la verdad hay que reconocer la distinta dimensión política de uno y otro presidente a la hora de enfrentarse a la realidad. El primero, un auténtico disparate, y, el segundo, por lo menos, ha conseguido enderezar la nave, que no es poco con la que estaba cayendo.

Esta visiónconservadora de la política –el ya mítico inmovilismo de Rajoy que confunde recortes con reformas– se manifiesta con especial importancia en la reforma fiscal aprobada este viernes por el Consejo de Ministros.

Al margen de que es impropio de un país desarrollado y democrático ofrecer a la sociedad con cuentagotas la información para lograr que los mensajes difundidos durante un fin de semana sean precisamente los mismos que quiere dar el Gobierno (hasta este lunes no se publicará el anteproyecto de ley), lo que es realmente relevante es el continuismo que inspira la reforma.

Ese continuismo hubiera sido razonable si el modelo fiscal anterior hubiera sido un ejemplo de recaudación y equidad fiscal, pero la realidad es muy distinta. El sistema tributario español –por múltiples razones que tienen que ver con el nivel de fraude, la eficiencia recaudatoria, el perfil socioeconómico del país o su diseño técnico– es una ruina; pero el Ministerio de Hacienda en lugar de darle la vuelta como un calcetín lo que hace son simples retoques que prácticamente devuelven el IRPF a la casilla de partida antes de que Zapatero inaugurara la loca subida de la presión fiscal directa, cuando en realidad lo que se necesitaba era blindar la renta disponible de las familias para evitar un desplome del consumo.

Tipos efectivos y nominales

La única novedad real de la reforma respecto de la situación anterior es aumentar la política de deducciones familiares, lo cual viene a decir que la devaluación salarial (las nóminas no llegan para atender a los descendientes y ascendientes a cargo) la van a pagar todos los españoles a través de una menor recaudación fiscal. En Sociedades, igualmente, el recorte del 30% al 25% es pura cosmética, toda vez que las deducciones han acabado por desmochar el impuesto. La diferencia entre tipos efectivos y nominales es tan grande que hacer un análisis sobre en qué cuantía bajarán los impuestos es una mera ilusión óptica.

La aprobación de una reforma fiscal superficial que apenas ataca los problemas de fondo del sistema tributario, se hubiera entendido en 2012, cuando al comienzo de la legislatura el ministro Montoro se vio obligado a elevar los impuestos de forma radical ante tan voluminoso déficit público. Pero casi tres años después –la reforma no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2015–, lo que se presenta es másde lo mismo. Es decir, un modelo tributario que sigue haciendo descansar todo el peso de la recaudación (el 82% de las bases imponibles del IRPF son del trabajo y sólo el 6,1% de actividades económicas y el 7% del capital mobiliario e inmobiliario) en los empleados por cuenta ajena: los asalariados, que son quienes tienen menor margen de elusión fiscal al estar totalmente controladas sus rentas por la vía de la nómina.

Más de lo mismo pero con 9.048 millones de euros menos de los bolsillos de los contribuyentes, que es lo que costaron los cambios normativos aplicados entre 2010 y 2012 (sin contarel año pasado).

Esta inequidad fiscal –con las consiguientes distorsiones en las decisiones de los agentes económicos debido a la existencia de tipos impositivos muy elevados– es todavía más clamorosa cuando el Gobierno, en lugar de ir hacia una convergencia de tipos de gravamen entre el capital y el trabajo (la verdadera reforma), lo que hace es consolidar el modelo dual.

Es decir, las rentas del trabajo seguirán tributando a un tipo marginal máximo que representa el doble de la cuantía a la que tributarán las rentas del capital, lo cual no parece un ejemplo de equidad tributaria. Sobre todo cuando el Gobierno considera que a partir de 60.000 euros –la mitad que en EEUU– un contribuyente es una renta extraordinariamente elevada y, por lo tanto, hay que aplicarse el tipo máximo: el 45% en 2016 (más lo que decidan por su cuenta las comunidades autónomas). Es decir, quetributarán lo mismo quienes ganen esos 60.000 euros que quienes ingresen quince veces más. Lo cual es todavía más sangrante cuando las rentas del capital (de menor tributación) son la principal fuente de riqueza de muchos acaudalados. Sólo el 42% de las bases imponibles de quienes están en la parte más alta del IRPF procede del trabajo, el resto viene del capital o de actividades profesionales.

Esta pobreza argumental se manifiesta con especial crudeza cuando se plantea el debate en términos políticos o de mercadotecnia electoral: subir o bajar impuestos. Cuando lo relevante es la estructura, la composición y hasta el diseño del Impuesto sobre la Renta, lo cual explica la deficiente recaudación de España respecto de la UE. Como se sabe, incluso un país como Grecia tiene mayores ingresos que España.

Tipos medios y marginales

Este es el problema de fondo y no una reforma basada en mensajes ideológicos (‘mis impuestos son más progresivos que los del PSOE’, como repite de forma machacona Montoro), y que tienden a hacer creer a la opinión pública que la recaudación depende exclusivamente de la existencia de tipos más o menos elevados. Obviando que lo determinante son los tipos medios, lo que realmente se paga a Hacienda y no los marginales, cuya capacidad de distorsionar las decisiones económicas es grande.

Multitud de estudios han demostrado que es más eficiente actuar por la vía de ensanchar las bases imponibles que hacerloúnicamente influyendo sobre los tipos nominales. Para lo cual seríanecesario eliminar la práctica totalidad de las deducciones, y que en el IRPF alcanza la increíble cifra –según lo presupuestado– de 15.514 millones de euros, lo que quiere decir que más de una cuarta parte de los ingresos en el Impuesto sobre la Renta se esfuman por políticas discrecionales decididas por el Gobierno de turno. En muchos casos, para contentar a su electorado.

Incluso así, hoy Hacienda recauda por IRPF 2.000 millones de euros más que en 2007 pese a que desde entonces se han destruido más de 3,5 millones de empleos, lo que significa simple y llanamente que menos pagan más. El tipo medio sobre la renta bruta de los hogares se sitúa en el 12,7%, dos puntos más que al comenzar la crisis.

Esta erosión continuada de las bases imponibles explica en buena medida los problemas de recaudación. Pero en lugar de optar por una reforma en profundidad –la erosión de las bases es un problema que afecta cada vez más al Impuesto de Sociedades ya que muchas grandes empresas optan por trasladar a otro país parte de sus beneficios para pagar menos impuestos– se ha preferido jugar a hacer política. Y no es que no sea necesario bajar impuestos. Al contrario. Pero es mejor hacerlo de forma estructural que de cara a la galería. O como lo ha llamado un fiscalista, haciendo ‘Juego de Tramos’.