PP y Ciudadanos, al saqueo del IRPF

A Benjamin Franklin le empiezan a salir adversarios. Su más célebre pensamiento es aquel que sostiene que en este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos. El ministro Montoro ha utilizado en muchas ocasiones el célebre aforismo, pero tanto él como Luis Garicano, el cerebro económico de Ciudadanos, han comenzado a cuartear su aguda reflexión.

Al menos, en el IRPF, un impuesto a la deriva que todos los gobiernos de la democracia (unos más y otros menos) han decidido que paguen los asalariados y, en particular, las rentas medias y altas. Las muy altas, como se sabe, ya disponen de subterfugios para escapar de tan elevados tipos de gravamen, mientras que las muy bajas (las inferiores a 12.000 euros) están exentas. Es un impuesto, por lo tanto, que facturan las clases medias, a quienes es fácil encontrar -pura gestión tributaria- simplemente porque tienen nómina.

No es que el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C's) hayan prometido una rebaja general del IRPF para aligerar la carga fiscal de los contribuyentes, lo cual puede ser razonable. Lo que han hecho es anunciar rebajas selectivas del Impuesto sobre la Renta. Pero no para crear empleo o estimular la demanda haciendo un impuesto más equitativo, sino para favorecer a determinados colectivos que a priori son votantes potenciales.

Rajoy ha anunciado que quienes se jubilen después de la edad legal de jubilación (entre 65 y 67 años, según los casos) no pagarán el Impuesto sobre la Renta, mientras que Albert Rivera ha prometido poner en marcha un sistema de complementos salariales para las rentas más bajas que saldrá, cómo no, del IRPF, la vaca a la que se ordeña con fruición en periodo electoral (otra cosa es que se haga cuando se llega al Gobierno).

El anuncio más reciente ha sido el de Rajoy. No suficientemente satisfecho con esa medida, se ha comprometido a que los trabajadores autónomos puedan elegir en el momento de su jubilación si la cuantía de su pensión se calcula sobre los últimos 18 años de su vida laboral -como al resto de los mortales- o sobre toda la vida laboral. Eso significa que los trabajadores por cuenta propia podrán elegir el método que más les beneficie.

El anuncio, en sí mismo, no es malo. Es verdad que la crisis ha golpeado con especial dureza a muchos trabajadores con edades próximas a la jubilación, y eso les ha hecho reducir sus ingresos, toda vez que en los últimos años de su vida laboral han tenido que vivir de los ahorros, del desempleo o de prestaciones no contributivas, lo cual merma sus rentas futuras. El problema es que esa realidad ha afectado, sobre todo, a los trabajadores por cuenta ajena, que no tendrán derecho a esa ventaja anunciada por Rajoy.

Déficit de autónomos

Con todo, la solución no sería mala si no fuera porque mientras que el régimen general de trabajadores por cuenta ajena (los asalariados) está saneado y cuenta con superávit, el de autónomos es claramente deficitario. Hasta el punto de que sus aportaciones apena cubren el 60% de lo dispuesto por la Seguridad Social. O expresado de forma más concreta, el beneficio anunciado por Rajoy lo disfrutarán los trabajadores encuadrados en un régimen que genera cada año más de 5.000 millones de déficit. Y por extensión, no beneficia a quienes proporcionan superávit. Lo cual es todavía más significativo si se tiene en cuenta que mientras el 71,6% de los trabajadores del régimen general se jubila después de haber cotizado 35 o más años, en el caso de los autónomos baja hasta el 57,8%. Como se observa, un sustancial diferencia.

La eliminación de los impuestos a quienes se jubilan más allá de los 65 o 67 años es, sin embargo, mucho menos relevante de lo que ayer se estimaba de forma rigurosa. Entre enero y junio de este año, las altas por demora en la edad de jubilación apenas afectaron a 7.481 trabajadores. O 14.877 en el conjunto de 2014, lo que da idea de que la medida es mucho menos ambiciosa de lo que se pretende. Probablemente, porque los incentivos actuales son escasos (ingresos adicionales del 2-4% en función de los años cotizados).

En todo caso, lo que está claro es que beneficiará a las pensiones medias y altas, toda vez que la demora en la jubilación afecta sobre todo a profesionales o funcionarios, mientras que en las actividades laborales más penosas es más difícil que un trabajador quiera retrasar su edad de jubilación. Ni qué decir tiene dónde está uno de los caladeros de votos del PP.

El caso de Ciudadanos no es menos llamativo. Es, incluso, más aparente. Albert Rivera ha prometido la puesta en marcha de un complemento salarial anual garantizado para quienes hayan obtenido rentas salariales sin llegar a alcanzar una cuantía mínima anual. De esta manera, dice C`s, se lucha contra la desigualdad y se fomenta la remuneración digna del empleo, a la vez que se aflora la economía sumergida. Es decir, que para combatir el dinero negro, se subvenciona por parte del Estado. Por supuesto, a costa del IRPF, lo que supone -dada la estructura de su base imponible- una transferencia de las rentas salariales hacia las empresariales, que paradójicamente declaran en el IRPF menos rendimientos que los asalariados.

Pobre financia rico

Ciudadanos puede argumentar, y eso es lo que hace, que en otros países (EEUU y Reino Unido) el sistema funciona, pero la literatura más reciente no dice precisamente eso. Una investigación del Congreso estadounidense, realizado por la economista Margot L. Crandall-Hollick, ha revelado que lo que nació hace 40 años como un instrumento de ayuda fiscal para los más necesitados -lo cual puede parecer razonable- ha derivado en un mero programa de lucha contra la pobreza. Es decir, que los efectos del Earned Income Tax Credit (EITC) han sido mucho más limitados de lo que inicialmente pretendía el legislador. Pero con un aspecto mucho más negativo: la persistencia de amplias bolsas de fraude derivadas de un sistema que si es complicado de controlar en los estados de EEUU que lo han aplicado (una veintena) o en el Reino Unido, con sistemas fiscales más eficaces, no es difícil adivinar lo que pasaría en España.

Ese informe dice, por ejemplo, que el efecto que ha tenido en el número de horas trabajadas por las madres solteras es escaso. O que ha aumentado la inequidad entre contribuyentes con hijos o sin hijos. Lo del fraude no es un asunto baladí. La Hacienda norteamericana ha revelado que en el año fiscal 2013, entre el 22% y el 26% de las declaraciones reclamando el complemento salarial contenían errores. Es decir, uno de cada cuatro contribuyentes se equivocó.

Los beneficiados son los trabajadores de rentas bajas y las empresas que pagan salarios bajos, mientras que el coste de la medida lo soporta el Estado

Otro estudio, en este caso del economista Miguel Almunia sobre el sistema británico, denominado Working Tax Credit (WTC), coincide en algunos aspectos. Por ejemplo, una pareja británica con un hijo pequeño en la que ambos padres trabajan más de 16 horas y tienen una renta anual conjunta de 10.000 libras recibiría en total unas 15.000 libras después de impuestos, un 50% por encima de su renta bruta. Es decir, estamos ante un impuesto negativo. El canciller del Tesoro, George Osborne, intentó en verano compensar ese coste para el erario público aumentando el salario mínimo por hora trabajada, lo que hubiera suavizado la transferencia de rentas, ya que serían los empresarios quienes tendrían que pagar unos sueldos más decentes, pero al final, y por la presión de los Comunes, retiró su propuesta.

Una de las conclusiones del economista Miguel Almunia es que “aunque la teoría predice que esta política incrementa la tasa de empleo, no está claro que aumente el número total de horas trabajadas en la economía”. En todo caso, hay una evidencia: los beneficiados son los trabajadores de rentas bajas y las empresas que pagan salarios bajos, mientras que el coste de la medida lo soporta el Estado. Precisamente, el instrumento más potente con que cuentan los pobres para elevar sus rentas y salir de la exclusión.