La ‘solución De Gaulle’ para evitar que España sea el enfermo de Europa

A finales del siglo XIX, se popularizó la expresión ‘el enfermo de Europa’. Hacía referencia al imperio otomano, por entonces en plena decadencia. Sus fronteras eran asediadas por las nuevas naciones emergentes después de haber llegado, en su máximo esplendor, a las puertas de Viena.

La expresión hizo furor en su día, y desde entonces se ha utilizado frecuentemente para definir a aquellas naciones aquejadas de males mayores. Países como Italia, Francia o el Reino Unido de los años 70 han sido calificados así a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Incluso, a la actual Alemania se le llegó a considerar el enfermo de Europa tras la reunificación.

El término, en todo caso, no tiene que ver exclusivamente con un análisis sobre la situación económica, sino que hace referencia a un país cuyas instituciones hacen aguas por ser ajenas al tiempo que les ha tocado vivir. Los otomanos no fueron capaces de entender que no podían asegurar sus vastas fronteras porque la revolución industrial -y también el nacionalismo imperial ruso- habían creado nuevos jugadores en el tablero internacional y buscaban adueñarse de parte de su territorio.

Hasta Italia -el país más inestable políticamente entre las grandes naciones tras 1945-, goza hoy de mayores consensos de los que tiene España

Ese es, probablemente, el problema de España, donde la incapacidad de las élites -en particular PP y PSOE- para mirar más allá del día a día ha desembocado en una crisis institucional sin parangón entre los países más avanzados y de mayor tamaño. Hasta Italia -el país más inestable políticamente entre las grandes naciones tras 1945-, goza hoy de mayores consensos. Tanto en el aspecto territorial -el sueño de la Padania es hoy una anécdota histórica- como estrictamente político.

No es el caso de España, donde la ausencia de iniciativa política por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y de sus antecesores ha provocado un envejecimiento prematuro de todo el entramado institucional nacido en la Transición, y que la crisis económica sólo ha espoleado. Hasta el punto de que se ha producido un colosal bloqueo reformista que amenaza con la celebración de nuevas elecciones si no se impone la cordura.

Llevar la iniciativa no es un asunto baladí. Es, de hecho, la esencia de la acción de Gobierno, y parece evidente que cuando un partido, en este caso el PP, se centra sólo en la economía y olvida todo lo demás, el resultado electoral no puede ser otro que el que se dio el 20-D.

Crisis y respuesta política

La crisis no es, desde luego, la única causa de los problemas políticos de España, como erróneamente ha querido hacer entender el PP. Fue, por el contrario, la respuesta política que se dio a la recesión económica -condescendencia con la corrupción en un primer momento o inmovilismo dejando que crecieran los distintos movimientos soberanistas, además de la propia dureza del ajuste- lo que explica la movilización de un porcentaje amplio de electores contra el statu quo. Compromís le debe a Camps y Rita Barberá mucho más que a su ideología o forma de ver el mundo.

Los 3,6 millones de votos que ha perdido el Partido Popular, igualmente, son una cifra casi idéntica a los obtenidos por la formación de Albert Rivera. Y no hace falta ser muy agudo para entender el trasvase de votos.

Eso quiere decir que ya no vale la coartada que ha hecho suya Rajoy en los últimos años para no enfrentarse a los problemas constitucionales -el proceso soberanista en Cataluña-; ahora es el país el que puede quedar abierto en canal si tanto el PSOE como el PP -con unos líderes algo más que amortizados- no son capaces de pactar lo más obvio, que no es otra cosa que aplicar una agenda de reformas para los próximos años con el objetivo de que a la vuelta de 2017 o 2018 a más tardar se celebren nuevas elecciones. Incluyendo en ese nuevo pacto constitucional a Ciudadanos y a todas las fuerzas que se quieran sumar.

Podemos -que ha crecido en unas circunstancias políticas y económicas extremadamente favorables e irrepetibles a corto y medio plazo- correría un grave error si queda al margen de ese nuevo proceso político. El sistema democrático, como ha sucedido en Grecia, es mucho más sólido de lo que piensa el pequeño Robespierre, tan demócrata que propone un presidente de Gobierno ‘independiente’ ajeno al proceso electoral.

Y no es, desde luego, el mejor camino para avanzar en esa dirección la idea de Rajoy de seguir liderando el PP en el próximo Congreso, lo cual supone un atropello sin paliativos. No sólo contra el sentido común que él reclama hasta la saciedad, sino contra su propio electorado y su propio partido, que aparece hoy ante millones de españoles como una formación vieja y desgastada. No basta con cambiar el diseño de la gaviota ni poner vaqueros a diputados electos que hablan como papagayos.

El hecho de que uno de cada tres votantes se le haya ido al PP debería ser un motivo más que suficiente para que se estuviera trabajando ya en un Gobierno de gestión con un objetivo principal: reformar la Constitución: En concreto, la modificación de aquellos artículos que más chirrían: el papel del Senado, la ley electoral, la separación efectiva de poderes o la puesta al día del diseño territorial. Una reforma agravada –tras la creación de una Ponencia constitucional-, que necesariamente debe culminar en la disolución de las Cortes.

Una especie de V República como la que puso en marcha De Gaulle en Francia en 1958 ante el colapso de la anterior, aunque con más poderes al parlamento y, por supuesto, respetando los cauces democráticos .Sólo un referéndum en todo el Estado sobre el nuevo equilibrio territorial a partir de una nueva Constitución puede acabar con tanto dislate que hoy asoma por algunas comunidades autónomas.

La inacción del Estado

Es decir, se trata dellevar la iniciativa política a través de una amplia reforma de la Carta Magna que ahogue procesos como el independentismo catalán o movimientos como el que representan Podemos y sus afines, cuyas señas de identidad tienen que ver, fundamentalmente, con la inacción del Estado, acostumbrado a ir a remolque en todos los procesos políticos, lo que explica el auge de determinados movimientos.

Pero ese proceso sólo se puede hacer con nuevos líderes, tanto en el PP como en el PSOE. Las prisas de Sánchez por llegar a Moncloa -su pecado original es que le debe el puesto a Susana Díaz- le inhabilitan para hacer políticas de Estado, salvo que esté dispuesto a impulsar reformas de calado en la arquitectura institucional del Estado. El tiempo dirá si con esas reformas se hace el haraquiri o estará en condiciones de convertirse en el líder socialista ya sin las ataduras de la federación andaluza.

Hay una ventaja. Por una vez, nada indica que el viento de cola que tiene actualmente a economía española vaya a cambiar de orientación en los próximos dos años, lo que significa que hay margen de maniobra para actuar en el terreno político sin que las incertidumbres que necesariamente generan este tipo de procesos -inevitables en un sistema democrático- deterioren las expectativas de los agentes económicos. La economía, ya se sabe, tiene mucha inercia, tanto cuando se acelera como cuando se reduce la velocidad de crecimiento. Y esa es una circunstancia que debería aprovechar España.

Pocas veces en su historia ha tenido esa oportunidad. Las dos últimas grandes reformas políticas que se produjeron en periodos democráticos (1931 y 1977) el país atravesaba unas circunstancias económicas muy difíciles y eso determinó el resultado final de ambos proceso.

Es por eso que vertebrar el sistema político en línea con lo que significa socialmente la España de 2015 es, sin duda, el reto de la próxima legislatura. Y ciertamente yerran el PP y el PSOE si consideran que el problema actual tiene que ver con la eclosión de Podemos y sus marcas autonómicas. O, incluso, con Cataluña. El problema son los otros tres partidos mayoritarios que corren el riesgo de no ofrecer soluciones para una España que quiere cambios y que necesita pasar de las musas al teatro. Menos platós de televisión y más reuniones y papeles. De lo contrario, es probable que el país acabe convirtiéndose en el nuevo enfermo de Europa por ausencia de un De Gaulle.