Mátrix en Moncloa: el Gobierno aprueba un Programa de Estabilidad virtual

En un país 'normal', la aprobación por parte del Gobierno de la actualización del Programa de Estabilidad -que cada año hay que enviar a Bruselas en el marco del semestre europeo- provocaría un vivo debate sobre los objetivos económicos del Ejecutivo. Pero ocurre que España tiene ya el honor de ser el primer país de Europa occidental -probablemente desde 1945- en el que hay que repetir unas elecciones generales. Y eso explica que el documento que aprobará hoy el Consejo de Ministros vaya a ser papel mojado por algo obvio.

Aunque el Partido Popular gane las elecciones del 26-J, las probabilidades de que lo haga por mayoría absoluta son remotas, lo que le obligaría a negociar con sus socios de gobierno. Y no solo eso. La propia Comisión Europea aún no ha asumido formalmente el nuevo calendario de reducción del déficit público planteado de forma informal por el ministro De Guindos en Washington, aprovechando una reunión del FMI, y que supone cerrar el año (siempre que se cumpla el objetivo) con un déficit del 3,6% (ocho décimas más de lo previsto) y del 2,9% en 2017 (el doble de lo estimado inicialmente). Es decir, en línea con lo previsto por Bruselas en otoño y que el Gobierno rechazó por irreales.

La Autoridad Fiscal ya anunció que para cumplir ese objetivo es necesario un ajuste adicional de 4.000 millones de euros, y el propio Gobierno se anticipó a ese recorte aprobando hace dos semanas un acuerdo de no disponibilidad para la Administración central de 2.000 millones que hoy, si no hay novedades, verá la luz con detalle. Los otros 2.000 millones corresponden a las comunidades autónomas, que a cambio han logrado (al menos es lo que espera el Ejecutivo) que puedan acabar este año con un déficit del 0,7% en lugar del 0,3%.

La condicionalidad se ha impuesto en las proyecciones económicas, de ahí que la actualización del Programa de Estabilidad no es más que un juicio de intenciones

Como se ve, la condicionalidad se ha impuesto en las proyecciones económicas, sin duda por causas políticas, y de ahí que la actualización del Programa de Estabilidad no sea más que un juicio de intenciones.

No puede ser de otra manera, teniendo en cuenta que un Gobierno en funciones no tiene atribuciones para imponer nada salvo fuerza mayor. O dicho de otra forma: el próximo inquilino de La Moncloa tiene todo el derecho a renegociar un nuevo calendario de reducción del déficit público (otra cosa es que lo consiga). Máxime cuando el enésimo incumplimiento de España puede acarrear una multa de la UE que puede llegar -es pura teoría- al 0,2% del PIB.

Paradójicamente, esos 2.000 millones de euros que ahora el Gobierno quiere ahorrar, principalmente, es en obras presupuestadas por el Ministerio de Fomento, sobre todo en líneas de alta velocidad.

Protección social

Es evidente que esta zozobra presupuestaria afecta a la actividad económica. Entre otras cosas, porque el consumo público en bienes y servicios -distinto al gasto- representa el 20% del PIB, por lo que cualquier modificación presupuestaria afecta a la evolución de la economía. Y todavía más si afecta a grandes partidas como la Seguridad Social, que hoy por hoy es el verdadero problema de las cuentas públicas.

El próximo inquilino de La Moncloa tiene todo el derecho a renegociar un nuevo calendario de reducción del déficit público (otra cosa es que lo logre)

El Gobierno acaba de comunicar a Bruselas que este año el sistema público de protección social tendrá un déficit de 10.123 millones, pero esa cifra está sesgada a la baja. No es creíble.

El Ministerio de Economía se ha cuidado muy mucho de enviar una primera notificación a Bruselas en la que asume un déficit del 2,8%, que era el objetivo inicial y que ahora reconoce de forma informal que no podrá cumplir. Es decir, que deja para el próximo Gobierno los ajustes necesarios.

Pero con la espada de Damocles de la Comisión Europea, que hace apenas dos meses, en su análisis sobre España, ya advirtió de una verdad incómoda para un Gobierno que presume de riguroso: “La disminución de los gastos por intereses ha sido compensada por un aumento considerable de categorías de gasto bajo su control, lo que ha ralentizado el ritmo del saneamiento presupuestario”. No es el mejor antecedente para negociar desde una posición de fuerza.