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Ronaldo, Messi y el pestilente olor del fútbol español
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Carlos Sánchez

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Ronaldo, Messi y el pestilente olor del fútbol español

Los casos de futbolistas investigados o condenados por fraude fiscal se multiplican. Pero el núcleo del problema está en los asesores e intermediarios. Ellos son también culpables

Foto: Cristiano Ronaldo y Messi se saludan antes de dar comienzo a 'el Clásico'.
Cristiano Ronaldo y Messi se saludan antes de dar comienzo a 'el Clásico'.

La acumulación de noticias alrededor de algunas estrellas del fútbol y sus relaciones con la Hacienda Pública lleva a una primera conclusión. Casi obvia. Algo huele mal en el mundo del fútbol para que los tribunales condenen a numerosos jugadores a pagar elevadas sanciones tributarias o, en su caso, a penas de prisión que incomprensiblemente se suelen evitar con el pago de una multa. Como si la libertad tuviera un precio que solo está al alcance de quienes de manera repugnante –al fin y al cabo, se trata de unos privilegiados– tienen dinero suficiente para evitar la cárcel, mientras que otros apechugan con los rigores de la ley penal.

La persistente estrategia de la Fiscalía de acudir a la vía de lo contencioso –con el único fin de recaudar– en lugar de apelar a la vía penal, no hace más que reforzar esa idea de una justicia de doble vara en la que la delincuencia, aunque sea “primaria”, como la han definido los fiscales del caso Messi, se libra del reproche penal por su privilegiada posición social. El ser ‘delincuente primario’ debe influir, sin duda, en la intensidad de la pena, pero difícilmente se puede justificar la absolución del condenado a cambio de 255.000 euros.

Foto: Las cuentas de Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid, han sido investigadas por Hacienda (EFE)

Hay que felicitarse, sin embargo, por el hecho de que tras la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Messi –mayo de 2017– los tribunales estén mirando a los asesores e intermediarios que manejan la contratación de jugadores, y que son los auténticos responsables del latrocinio. Como ha dicho el Supremo con acierto, la manida tesis 'ad nauseam' de la supuesta irresponsabilidad de los asesores ya ha sido “desautorizada” por el alto tribunal, lo que ha abierto un giro de tuerca muy relevante para que los verdaderos autores de la trama sean juzgados.

Como ha descrito con precisión Rafael Méndez en este periódico, no se está ante hechos aislados y desconectados entre sí. La práctica del ilícito penal es muy similar en todos los casos. De hecho, las denuncias de la Fiscalía lo reproducen de forma casi mimética.

Los jugadores ceden sus derechos de imagen a sociedades 'offshore', generalmente en Islas Vírgenes Británicas, y de allí los ingresos van a Irlanda o Suiza, donde se oculta el patrimonio percibido por parte de las multinacionales del deporte. Esas cantidades son las que no se integran en la base imponible del jugador que tributa en España, con el consiguiente agujero a las arcas públicas dado que la ley obliga a incorporar las rentas obtenidas a nivel mundial.

Mario Maza, el abogado que intervino en el juicio contra Messi: "A él solo le interesa el resultado final; la no tributación de los derechos de imagen"

Se trata de una operativa perfectamente planificada. Como sostuvo Mario Maza, el abogado del Estado que intervino en el juicio contra Messi, se está ante “el capo de una estructura criminal en la que por encima está el jefe, el mandamás, que no se entera de los avatares. Leo Messi no se ocupaba de reunirse con los abogados, sino de jugar al fútbol y rendir en los partidos. A Leo solo le interesa el resultado final y eso era la no tributación de los derechos de imagen”. Por cierto, la parte más cuantiosa de sus contratos.

Cooperadores necesarios

Como es evidente que los jugadores no son capaces de montar esas tramas de elusión fiscal, parece obvio que la justicia debe actuar contra sus instigadores, que son los cooperadores necesarios a la hora de delinquir. Los verdaderos cerebros de la ocultación de rentas.

Los intermediarios no están exentos de responsabilidad penal cuando observan operaciones irregulares. Y lo mismo que los notarios o los bancos están obligados a comunicar a las autoridades o al Sepblac (Servicios de Prevención de Blanqueo de Capitales) cualquier operación turbia, los asesores legales o los intermediarios deben tener responsabilidad penal. Y si no colaboran, ir a prisión al ser los verdaderos responsables de la existencia de contratos simulados de cesión de derechos de imagen que no son una mera apariencia.

placeholder Lionel Messi y su padre, Jorge Horacio Messi (i), en la sala de la Audiencia de Barcelona. (EFE)
Lionel Messi y su padre, Jorge Horacio Messi (i), en la sala de la Audiencia de Barcelona. (EFE)

Hay que agradecer, en este sentido, que la Comisión Europea haya lanzado una iniciativa para reformar una Directiva con el objetivo de que los asesores –financieros o legales– puedan ser implicados en operaciones que solo buscan la ocultación de rentas y la elusión fiscal, como hacen muchas de las estrellas del fútbol

No se trata de un problema nuevo. La Ley Beckham, un auténtico gol por la escuadra a la Hacienda Pública, concedió un trato de privilegio a las estrellas del deporte, y aunque ha sufrido dos importantes modificaciones desde su aprobación, continúa representando una ventaja incompatible con la equidad fiscal.

Derechos de imagen

Hay que recordar que en 1996 se institucionalizó la explotación de los derechos de imagen a través de sociedades, con el único límite de que las cantidades pagadas por los clubes de fútbol no excedieran del 15% de sus contratos. Sin embargo, como han reprochado algunos fiscalistas, no existe limitación alguna para la cesión de los derechos de imagen a entidades con las que el deportista no mantenga una relación laboral. Lo cual es tramposo y torticero cuando se trata de cederlos a paraísos fiscales, que por su propia naturaleza son ajenos a la transparencia tributaria.

La Ley Beckham de 2007, un auténtico gol por la escuadra a la Hacienda Pública, concedió un trato de privilegio a las estrellas del deporte

El caso del fútbol es todavía más sangrante si se tiene en cuenta el desequilibrio de medios con que cuenta la Abogacía del Estado –que es quien protege los intereses del contribuyente– y los multimillonarios futbolistas, rodeados de costosos equipos de abogados. Algo que obliga a a la Abogacía a “centrar el tiro”, como dice un letrado.

Eso significa que muchos delincuentes quedan al margen del reproche penal por falta de medios, lo cual es incomprensible en términos democráticos. Y bien haría la Agencia Tributaria en acudir más a la vía penal antes que conformarse con recaudar, lo cual, dicho sea de paso, tiene mucho que ver con el cobro de productividades sobre cantidades que difícilmente se cobrarán. A veces, un defraudador célebre en la cárcel hace más por los recursos públicos que costosos procedimientos judiciales que en última instancia cuestan dinero al contribuyente. Cambiar dinero por libertad no dice mucho en favor del Estado de derecho.

Lo de Messi, Cristiano, Jorge Mendes, Falcao o Xavi Alonso, en todo caso, pone de manifiesto el disparate en que se ha convertido el fútbol, auténtico pan y circo de una sociedad idiotizada por espectáculos masivos. Sin duda, alimentado por muchos gobiernos como un auténtico opio del pueblo, que diría el clásico. De otra forma, no se entendería que Qatar, un país involucrado en actividades terroristas, vaya a organizar un mundial. O las ventajas fiscales que inexplicablemente siguen teniendo quienes defraudan de manera recurrente a Hacienda. O esa estúpida financiación de la burbuja futbolística que están haciendo las operadoras de telecomunicaciones para retener clientes. Un verdadero insulto a la inteligencia.

La acumulación de noticias alrededor de algunas estrellas del fútbol y sus relaciones con la Hacienda Pública lleva a una primera conclusión. Casi obvia. Algo huele mal en el mundo del fútbol para que los tribunales condenen a numerosos jugadores a pagar elevadas sanciones tributarias o, en su caso, a penas de prisión que incomprensiblemente se suelen evitar con el pago de una multa. Como si la libertad tuviera un precio que solo está al alcance de quienes de manera repugnante –al fin y al cabo, se trata de unos privilegiados– tienen dinero suficiente para evitar la cárcel, mientras que otros apechugan con los rigores de la ley penal.

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