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Auditorías, deudas y sospechas
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Begoña Villacís

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Auditorías, deudas y sospechas

Urge la imperiosa necesidad de información que nos ayude a comprender la gestación de la asfixiante deuda, los desvíos presupuestarios, la corrupción y nos den las claves para adoptar medidas eficaces

Foto: El Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid. (EFE)
El Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid. (EFE)

Restémosle cuanta carga intencional estemos acostumbrados a adjudicarle al palabro. Ni es un arma arrojadiza en manos de oposición o nuevos gobiernos, ni debiera entenderse como una agresión hacia quienes han ostentando el gobierno en el pasado. Es, simplemente, una herramienta que interesa, un cuestionamiento integral y una disección certera y objetiva del histórico de un mandato. Y, como es el caso, un instrumento imprescindible tras 24 años de un mismo gobierno y un legado de deudas y titulares.

El grupo municipal Ciudadanos materializaba su pretensión de auditar el Ayuntamiento de Madrid con éxito en un reciente pleno, cumpliendo así una primera propuesta que ya lancé en mi presentación a primarias para encabezar la lista de nuestra candidatura, allá por el mes de febrero. Se trataba además de una moción respaldada por Ahora Madrid y PSOE. Desconozco si nos empujaban las mismas razones a la hora de solicitar dicha auditoría, si bien es cierto que urge la imperiosa necesidad de información, de datos que nos ayuden a comprender la gestación de la asfixiante deuda, los desvíos presupuestarios, la existencia de corrupción y nos den las claves para adoptar medidas realmente eficaces contra una gestión y unos procesos más que dudosos.

Para crear, mantener, crecer o mejorar, a veces es necesario solicitar recursos de otros y, en el caso de las Administraciones Públicas, es normal un endeudamiento responsable para cumplir con sus objetivos y fines. Para ello, es necesario un auxilio que casi siempre se brinda de manera condicionada, contrayendo por ello compromisos que han de ser cumplidos.

No es posible obtener más recursos si no existe el compromiso de restituirlos, en los términos pactados, a quien los ha facilitado

Por tanto, el endeudamiento implica hacerse responsable tanto del empleo que se le dé a dichos recursos, como de la atención de la nueva obligación contraída. De lo contrario, además de malgastar recursos no se podrá tener la posibilidad de hacer uso de una herramienta de generación de bienestar, puesto que una vez rota la confianza con aquellos capaces de facilitar estos recursos, difícilmente se volverá a restituir.

Recientemente, a la luz de lo acontecido en los prolegómenos del tercer rescate a Grecia, para el que los españoles acabamos de aportar la friolera de más de 10.000 millones de euros, hemos podido comprobar que tratar de desligarse de los compromisos adquiridos, sin más, lleva a un callejón sin salida. No es posible obtener más recursos si no existe el compromiso de restituirlos, en los términos pactados, a quien los ha facilitado, siendo estéril plantear otros argumentos que desvirtúen y/o anulen ese razonamiento básico que rige las relaciones en el mundo en el que estamos.

Partiendo de esta consideración elemental, cualquier responsable de una Administración ha de centrar sus esfuerzos y perseverar en la renegociación del pago de la deuda de cara a mejorar la financiación de las cuentas públicas. Para ello es fundamental hacer, tanto de la liquidación de la deuda ya existente como de la generación de nueva deuda, algo sostenible y llevadero para pagar el bolsillo del contribuyente, que es quien al final sufraga el coste de la actividad pública.

Lo que no tienen sentido ni cabida son la persecución y denuncia de deudas contraídas de forma válida, por más que pueda servir de justificación para mantener discursos maniqueos y actuaciones políticas que de otra forma no tendrían sustento alguno.

No auditamos la deuda del Ayuntamiento, auditamos su gestión y sus procesos, en aras de detectar fugas presupuestarias y de productividad

El que se hayan podido cometer actuaciones reprobables bajo parámetros legalmente objetivos, podrá dar lugar a la exigencia de consecuencias penales y civiles a los autores y responsables de tales disposiciones fraudulentas. Tanto de sumas obtenidas por la generación de recursos propios como de aquellas obtenidas a través del endeudamiento. En este ámbito, si se puede tratar de la existencia o no de obligación, de la vigencia de una obligación lícita que tenga que ser atendida o por el contrario, de deudas contraídas en el curso de un ilícito. Lo que será depurado en las instancias judiciales correspondientes y con los efectos que pueda acarrear respecto a la vigencia del crédito contraído.

Si algunas líneas más arriba otorgaba un voto de confianza a que las razones del resto de formaciones a la hora de aprobar la moción de la auditoria fueran las mismas que las nuestras, intuyo que sí puede diferenciarnos el uso que le demos a la misma, por lo que prefiero dejar claro nuestro objetivo. No auditamos la deuda del Ayuntamiento, auditamos su gestión y sus procesos, en aras de detectar fugas presupuestarias y de productividad. Buscamos claridad, optimización y eficiencia. En ningún caso tratamos de cuestionar la legitimidad de una deuda contraída, lo que inmediatamente se traduciría en una merma en la confianza y fiabilidad de la institución.

En definitiva, auditoría e información sí. Pero adulteración o instrumentalización no. A estas alturas responderemos de los errores cometidos y trabajaremos para evitar que se cometan nuevos. Pero, de toda la vida, las deudas se pagan. Y más si estamos hablando de Madrid.

Restémosle cuanta carga intencional estemos acostumbrados a adjudicarle al palabro. Ni es un arma arrojadiza en manos de oposición o nuevos gobiernos, ni debiera entenderse como una agresión hacia quienes han ostentando el gobierno en el pasado. Es, simplemente, una herramienta que interesa, un cuestionamiento integral y una disección certera y objetiva del histórico de un mandato. Y, como es el caso, un instrumento imprescindible tras 24 años de un mismo gobierno y un legado de deudas y titulares.

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