En primavera, campaña de la renta y amnistía fiscal

Como cada primavera, comienza la campaña para la declaración de la renta, y todos nos afanamos en pedir certificados, comprobar facturas y revisar concienzudamente el borrador para cumplir, con más o menos gusto, con aquello de que Hacienda somos todos.

La verdad es que cada año es más fácil: la Agencia Tributaria tiene todos nuestros datos económicos bien clasificados y solamente hay que corregir alguna cosa menor. Y por lógica, tendemos a pensar que todos los contribuyentes españoles aparecemos con ese nivel de detalle en los ordenadores del fisco.

Sin embargo, en la primavera de 2012 -con Montoro de regreso al frente del Ministerio de Hacienda- un pequeño decreto en el BOE nos mostraba que no era así. Bajo el pomposo nombre de 'Decreto por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público' se escondía, lisa y llanamente, una amnistía fiscal. El Gobierno de entonces, acuciado por la crisis, ofrecía una tarifa plana del 10% y no hacer preguntas de difícil respuesta a quienes repatriasen su dinero a España.

El tipo del 10% se diluyó pronto, pues se interpretó que el pago debía hacerse solamente por los intereses generados en los tres últimos ejercicios, con lo que aquello quedó en un tipo medio del 3% -y hasta del 1% en determinados casos-, cifra muy asumible a cambio de disfrutar tranquilamente del dinero en España, sin los engorros que supone traerlo de forma opaca, como podría contarnos, por ejemplo, Mario Conde.

La de 2012 no fue la primera primavera con noticias para los defraudadores fiscales. En 2010 salían a la luz los españoles presentes en la lista Falciani

El porcentaje que se aplicó al final tiene su miga, porque denota que en este decreto hubo más intención de perdonar que de regularizar. Por contraste, cualquier contribuyente que recibe una declaración complementaria por discrepancia en lo declarado o en la forma de declararlo se lleva una factura que incluye el total que debía haberse abonado, una estupenda multa y unos maravillosos intereses de demora.

Por cierto, que el decreto de poco sirvió para fomentar la conciencia tributaria y el deber de sostenimiento de los servicios públicos. Ni para reducir el cabreo de quienes pagan religiosamente, claro. Y tampoco sirvió para arreglar las cuentas de los años en que España fue ayudada por Europa y rescató además a sus entidades financieras. De los 2.500 millones esperados, solo 1.200. Ni la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de lo que estos contribuyentes absentistas tendrían que haber abonado para equiparse al resto de sus conciudadanos.

Aquella de 2012 no fue, sin embargo, la primera primavera con noticias para los defraudadores fiscales. Recordarán que en mayo de 2010 salían a la luz los nombres de los 659 españoles con cuenta suiza presentes en la lista Falciani. Y las autoridades fiscales del Reino -encabezadas entonces por Elena Salgado-, se limitaron a invitar a los contribuyentes mencionados a regularizar lo suyo, mediante una cortés misiva. Nada de paralelas, nada de liquidación, intereses, sanción o traslado al ministerio fiscal. Una bonita carta y todos amigos.

Esperemos que esta vez la reacción de Hacienda no sea inventar otro decreto o carta salvadora

El asunto del dinero opaco a los borradores del IRPF está otra vez de actualidad por la filtración de los llamados papeles de Panamá, con los que, además de enterarnos de que en este país no eres nadie si no tienes una sociedad 'offshore', hemos sabido que para que un Estado salga de la lista de paraísos fiscales basta un protocolo de intenciones y poco más, sin que exista en realidad la capacidad de un Estado sobre el otro para controlar los dineros ocultos por sus contribuyentes. Si Panamá no es un paraíso fiscal, desde luego lo parece.

Esperemos que esta vez la reacción de Hacienda no sea inventar otro decreto o carta salvadora. Los españoles ya no lo soportarían. Aunque, como ven, estamos en primavera y en año par, y, por eso, las personas que se toman su condición de contribuyente de forma distinta a la del ciudadano común pueden tener premio.