¿Medios subvencionados?, mejor no

La crisis ha azotado inmisericordemente la cuenta de resultados de los medios de comunicación llamados convencionales –todos, menos Internet que ha avanzado posiciones—castigándoles con una disminución sustancial de la inversión publicitaria –de entre el 15% y 30% -- y, en el caso de los periódicos de pago, con una disminución de la difusión, apenas sostenida costosamente con promociones varias (películas, aparatos de TV digital, GPS, y productos de bazar) de tal manera que, a veces, suben la difusión pero también las pérdidas porque el producto regalado tiene un valor dinerario superior al del periódico. O sea, que algunos no se enteran de que se están suicidando.

La situación de la profesión periodística es precaria a consecuencia de esa coyuntura: la pérdida de empleo se presenta acelerada mediante ERES, bajas incentivadas y prejubilaciones y los excedentes de los medios no son absorbidos por otros sectores.

En este contexto en el que los grupos editores más importantes están ya en pérdidas (algunos se salvan por resultados extraordinarios) o han reducido drásticamente sus resultados, los gestores están urdiendo una operación de rescate muy arriesgada: reclamar ayudas al Gobierno que, aunque indirectas, de ejecutarse, darían como resultado un panorama de medios de comunicación subvencionado.

Es verdad que Sarkozy lo está haciendo en Francia pero el presidente francés, modelo en otros asuntos, no lo es en el respeto en el tratamiento de los medios, con lo cual, el precedente galo es mejor no manejarlo. Algunas reclamaciones de la AEDE son atendibles y razonables –especialmente el de la fiscalidad--, pero otras comportan auténticos “favores” al sector. Y ahí está el riesgo: en la pérdida de independencia.

Las Administraciones Públicas en España ya tienen mucha incidencia en el sector mediante patrocinios y publicidad institucional y en el ámbito audiovisual –la TV en España sigue siendo un “servicio público”—se mantiene el control mediante las concesiones de licencias. Introducir más a los poderes públicos en el sector, sería temible aunque el Gobierno de turno expresase sus más escrupulosos propósitos de no injerirse en la autonomía de los medios.

La solución para una comunicación independiente no está en los planes de rescate del Estado, directos o indirectos. Está –aunque a corto plazo sea más doloroso—en un profundo cambio del modelo de negocio en los medios tradicionales en el que debe persistir como constante la alta profesionalidad de los periodistas. Hasta el momento, el coste de la crisis recae en las espaldas de las redacciones. No es justo: en los períodos de bonanza, los editores y gestores no han invertido bien y, sobre todo, han creado estructuras burocráticas carísimas e innecesarias y se han retribuido con demasiada largueza, introduciendo en sus hábitos profesionales una cultura de dispendio (despachos, coches, escoltas, dietas, pensiones, blindajes, desplazamientos, festejos, grandes edificios…).

 Todo eso debe revertir  y racionalizarse manteniendo el criterio vertebral de que la capitalización de los medios requiere de fórmulas de gestión nuevas y del mantenimiento de los intangibles (rigor, veracidad, credibilidad, independencia, servicio a las libertades) en los productos editoriales y que son los atributos de los medios informativos en democracia.

Todos estos valores se irán al garete si de la necesidad no se hace virtud y se acepta la subvención pública para ir tirando. Mejor que no lo hagan.