Camps, la izquierda ridiculizada y una sociedad perpleja

La izquierda se empeñó en introducir en la Constitución (artículo 125)  la participación de los ciudadanos en la “Administración de Justicia mediante la institución del jurado en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine”. Un Gobierno socialista, el de Felipe González, encomendó al ministro de justicia en 1995 su desarrollo mediante ley y Juan Alberto Belloch se empeñó en imponer el llamado jurado popular puro (sólo ciudadanos legos en derecho sin asistencia de jueces profesionales) en vez de haber apostado por el modelo continental del jurado mixto (ciudadanos y magistrados), y obligando, de forma incoherente, a que los nueve ciudadanos motivasen su veredicto contestando al cuestionario que les presentase el magistrado-presidente. Se advirtió entonces que era más prudente instaurar el jurado mixto, pero la izquierda española ha desconfiado de la magistratura -por supuestamente conservadora- y supuso que el jurado popular resultaba un modo adecuado para que compartiese sus funciones jurisdiccionales con los ciudadanos.

Expongo lo que precede porque la izquierda española, y específicamente el PSOE, carecen de cualquier autoridad moral para criticar los veredictos de una institución -el jurado- que reguló a su medida. Aunque, como ayer ocurrió, un jurado declarase a Francisco Camps y Ricardo Costa no culpables del delito del que eran acusados, el de cohecho impropio. Ayer por la noche ya había socialistas revolviéndose contra el veredicto de Valencia que, además, ridiculizó a su partido que actuó en el procedimiento contra el ex presidente de la Generalitat ejerciendo la acusación popular.

Las reglas de juego son éstas y no otras: dura lex sed lex (dura ley, pero ley) que decían los juristas romanos. Aunque la acusación popular y el fiscal puedan interponer recurso de casación, en supuestos como éste la posibilidad de su estimación es mínima, de modo que Camps y Costa podrán dedicarse ahora a su rehabilitación pública aunque su reputación -es decir, la percepción generalizada negativa sobre sus relaciones con los responsables de la llamada trama Gürtel- haya quedado seriamente tocada. La impropiedad de determinados comportamientos, actitudes y amistades no comporta, sin embargo, responsabilidad criminal como se ha pretendido, sino política y ésta la dilucidan los ciudadanos a través de las urnas. Camps puede mantener ahora que  atesora la confianza de los ciudadanos -su partido ganó de calle las elecciones autonómicas el 22-M- y queda libre de sospecha de cualquier responsabilidad criminal.

Probablemente es él la principal víctima de esta superposición de situaciones abracadabrantes, pero es el PSOE –ese desastroso socialismo valenciano cuyos dirigentes deberían resignar sus responsabilidades en la organización- la instancia que sale peor parada de todo este asunto. Porque queriendo romper la columna vertebral del PP valenciano a través de la condena a Camps y Costa, se ha quebrado la crisma a manos de un jurado popular creado y regulado conforme a los criterios siempre progresistas de la izquierda jurídica española. Pues si querían justicia del pueblo, ahí la tienen. Nunca sabremos si un tribunal profesional habría absuelto a los acusados. Pero esa es, ahora, otra cuestión.