Bankia y el pozo séptico del sistema

“Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad” (Séneca)

La ciudadanía venía avisando. La clase política estaba siendo percibida -y sigue siéndolo- como un problema desasosegante para los españoles. Así lo registra machaconamente, barómetro tras barómetro el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además de torear la inquietud social con brumosas referencias a la regeneración democrática, los dirigentes políticos, sin embargo, se tomaban el síntoma demoscópico a beneficio de inventario y persistían, y lo siguen haciendo, en sus más inquietantes prácticas. ¿Cuáles? Aquellas que, poco a poco pero de forma imparable, degradan el sistema político e institucional: corrupción (caso Gurtel y Eres falsos, por citar dos casos especialmente graves), extrema politización y sectarismo en la conformación de órganos constitucionales –Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional-, desregulación de la Jefatura del Estado que ha propiciado la muy reciente crisis de la Corona, nepotismo en vez de meritocracia, vaciamiento del Estado a favor de una distribución autonómica ineficiente de poderes políticos, administrativos y legislativos y extrema debilidad y subordinación política de las instancias de control y supervisión, en particular, del Banco de España y de la Comisión del Mercado de Valores (CNMV).

A tal estadio de indigencia cívica ha llegado nuestra clase política que, pese al clamor sordo de los ciudadanos, está reciente el bochornoso caso Dívar, persiste la opacidad de los vocales del órgano de gobierno de los jueces que no revelan sus gastos de representación, se continúa renovando el Tribunal Constitucional en función de toscas afinidades ideológicas para neutralizar al Tribunal Supremo en claro fraude a la Carta Magna, se relajan todavía más las condiciones a los defraudadores para que blanqueen sus patrimonios y rentas y pueda prosperar una distócica amnistía fiscal y el Congreso de los Diputados se reduce drásticamente a una Cámara de convalidación de decretos leyes y a rutinarias sesiones de control en forma de toma y daca dialéctico que por reiterado, hastía. El absceso ha ido creciendo hasta que ha terminado por estallar y lo ha hecho por una fisura más que previsible: el caso Bankia.

El Gobierno ha cometido dos errores de bulto que se han comportado con un bisturí quirúrgico: el primero, gestionar sin pericia alguna la nacionalización de la entidad, defenestrando a Rodrigo Rato y permitiendo lo que hoy por hoy es una especulación (19.000 millones necesarios para recapitalizar Bankia); el segundo, bloquear la depuración de responsabilidades políticas en el Congreso, asumiendo que el entero sistema de Cajas de Ahorros, su supervisión -la del Banco de España y la prudencial de las Comunidades Autónomas-, requería un saneamiento ejemplarizante. Un partido con la impertinencia precoz de su etapa iniciática -Unión, Progreso y Democracia- se ha revuelto y ha abierto el portón penal mediante una querella criminal admitida a trámite por el Juzgado Central de Instrucción nº 4  de la Audiencia Nacional, a través de un auto de 49 páginas que linda más con una sentencia condenatoria que con el despacho de un trámite procesal preciso para la depuración posterior de responsabilidades. La resolución del magistrado Andreu es estremecedora –excesiva en sus afirmaciones especulativas y en determinadas expresiones coloquiales- pero constituye una pieza paradigmática de lo que está arraigado en la conciencia colectiva de la ciudadanía: el cincuenta por ciento del sistema financiero  español representado por las Cajas, con muy honrosas excepciones, ha sido el pozo séptico de un sistema político que ha ido degradándose de manera imparablemente progresiva.

El Gobierno ha cometido dos errores de bulto que se han comportado con un bisturí quirúrgico: el primero, gestionar sin pericia alguna la nacionalización de la entidad, defenestrando a Rodrigo Rato y permitiendo lo que hoy por hoy es una especulación; el segundo, bloquear la depuración de responsabilidades políticas en el Congreso

Bankia no es Rodrigo Rato o José Luis Olivas; Bankia no es un proceso sumario al PP como muchos quisieran e intentan; Bankia no es una triste excepción de mala gestión -quién sabe si delictiva-; Bankia no es un caso aislado. El caso Bankia es la quintaesencia de la decadencia moral de una clase política que se ha negado tercamente a regenerarse. En el momento en que el Estado permitió que las Comunidades Autónomas dictasen leyes sobre sus Cajas, poniéndolas al servicio de los Ejecutivos de turno, el Banco de España quedó demediado y el sistema autonómico se convirtió en un régimen de taifas. En el territorio de las Cajas se produjo un pacto tácito pero operativo: gestores de conveniencia, consejos de administración y de control tan dóciles con aviesamente ignorantes, y una sistemática implantación en ellas de un muy rentable nepotismo y amiguismo en el que todos ganaban. Ganaban los Gobiernos autonómicos que controlaban a los gestores, muchos de ellos tan serviles como beneficiados con sueldos y pensiones estratosféricas; los partidos políticos que retribuían a sus dirigentes con cómodos y rentables puestos en las entidades y se financiaban con facilidad; los sindicatos que metían la cabeza en el sistema financiero y no se cortaban a la hora de los cobros y los empresarios amigos (del ladrillo y las infraestructuras) que financiaban sus negocios con amplios márgenes.

El 15 de octubre del pasado año escribí en este mismo espacio un texto titulado “Los cajistas se cargan el BdE y el Estado autonómico”. Recibí descalificaciones desde promontorios sociales poderosos: hice populismo, decían, del peor género. Pero ha sucedido como se relató entonces, porque el destape penal de Bankia, no sólo convierte en casi irrecuperable la reputación del Banco de España y, a medio plazo, la viabilidad de la actual conformación del modelo autonómico, sino que cuestiona transversalmente a todos los partidos políticos (PP, PSOE, IU), a los sindicatos (CCOO y UGT), a las patronales empresariales y a la complacencia y a la distracción interesada de muchos medios de comunicación y periodistas que callaron/callamos cuando la obligación deontológica era enterarse cabalmente de lo que ocurría y denunciarlo (y ya escribió Joseph Pulitzer que “las naciones prosperan y decaen simultáneamente con su prensa”). Sin olvidar a la Iglesia Católica, que con Caja Sur echó en esta partida su cuarto a espadas, y a las compañías auditoras, que han hecho la vista gorda en demasía. El cuestionamiento es transversal también en el tiempo: el caso Bankia no es el resultado de unos meses de gestión, de una fusión alocada y de una salida a Bolsa casi fraudulenta, sino el último y quizás más grave episodio de gestión irresponsable y acaso delictiva de la mitad del sistema financiero español bajo la responsabilidad última de la clase política durante muchos años.

No hay sociedad que aguante las dosis de transparencia y veracidad que requiere la depuración de la pésima gestión de las Cajas de Ahorro en medio de una gran recesión sin alterar los mecanismos de autoprotección ciudadana ante el expolio que se ha producido

Estamos ante una posible causa general que, si llega a sus últimas consecuencias, cambiará la morfología político-institucional de España. No hay sociedad que aguante las dosis de transparencia y veracidad que requiere la depuración de la pésima gestión de las Cajas de Ahorro en medio de una gran recesión, sin, de inmediato, alterar los mecanismos de autoprotección ciudadana ante el expolio que se ha producido. El germen del relato del destrozo causado por las malas prácticas de gestión de estas entidades se encuentra en el auto-diatriba del juez Andreu, que ha llamado a declarar a los responsables más obvios de Bankia -aunque en algún caso no precisamente a los más culpables, es el caso del fugaz Ángel Acebes que nada tuvo que ver con los hitos cuestionados de la entidad- pero que ya prevé la comparecencia judicial del ex gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez (¿llamará a Jaime Caruana también?), al auditor de Deloitte, Francisco Celma, y al presidente de la Comisión del Mercado de Valores, Julio Segura. Habrá más testigos: quizás Pedro Solbes y Elena Salgado, quizás Rodríguez Zapatero, quizás presidentes de Comunidades Autónomas -del PSOE y del PP, del PSC y de CiU-, quizás presidentes de auditoras y consultoras, quizás secretarios generales de organizaciones sindicales, quizás obispos, quizá los actuales ministros de Economía y de Hacienda… quizás estemos ante una causa general catártica que higienice el pozo séptico del sistema, salvando, eso sí a las excepciones honradas, solventes, serias y rigurosas –políticas, gestoras y funcionariales- que en este caso van a ser las que confirmen la regla. Que nadie olvide que si España se ha visto en la necesidad de solicitar el rescate bancario ha sido para reponer las pérdidas causadas por un continuado pillaje codicioso de guante blanco y conciencia negra ante los que el Fiscal General del Estado debería estar ya desplegando una batería de querellas para que el caso Bankia sea, como corresponde, el caso del expolio nacional.