El mal español: el Estado contra el Estado

A mitad de año –mes de junio—el déficit de las Administraciones Públicas era ya del 4%, el plan de pagos a los proveedores y suministradores de las entidades territoriales –comunidades autónomas y corporaciones locales—ha comenzado a fallar por Madrid (paga a cinco meses) y por Cataluña, que ha suspendido el abono de facturas en julio a determinados servicios y proveedores. La deuda conjunta de Comunidades y Ayuntamientos alcanza la friolera de 71.000 millones de euros. La fuga de capitales en lo que va de año supera los 163.000 millones. FUNCAS predice que en 2013 el decrecimiento de nuestra economía será del 1,1% y  España acaba de incumplir el compromiso con la UE de presentar las líneas generales del presupuesto para los dos próximos años. Para reforzar la idea de que España se aproxima a un Estado fallido el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña dio ayer plantón al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y su colega de Andalucía se levantó, airada, transcurrida apenas una hora de reunión. Sobrecogedor espectáculo de cómo el Estado depreda al Estado en un contexto de crisis aguda, tanto política como económica. Ese es el mensaje de solvencia que enviamos a las instancias internacionales que deben evaluar nuestras posibilidades de futuro.  ¿Quién se hace cargo de las responsabilidades de este enorme desaguisado de consecuencias incalculables?

El presidente del Gobierno insta a la disciplina fiscal a las Comunidades Autónomas –igual que Montoro— y a los Ayuntamientos (sobre los que han perdido toda potestas y toda auctoritas) pero, tanto el desplome de los ingresos (y el enorme fraude) como el intrincado tamaño de  nuestro aparato público, hacen que se configure un círculo vicioso –y vírico— que en el ámbito internacional, se denomina ya como el mal español. Un mal que está siendo objeto de diagnóstico y posible terapia en Europa y EE UU, pero que saca de quicio a los dirigentes de la troika, sea la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo. La declaración de inconstitucionalidad del segundo Plan E de Zapatero –por infringir el reparto competencial de las CC AA— no puede ser más expresivo del aherrojamiento y rigidez de nuestro modelo estatal, compartimentado y estanco. Así no hay modo de resolver la crisis desde la racionalización de las Administraciones Públicas. El Gobierno, siempre por detrás de los acontecimientos, ha dejado que por segunda vez en menos de un mes dos de las autonomías más importantes –Cataluña y Andalucía—escenifiquen la realidad de nuestro modelo estatal: desvencijado e irrecuperable. El mal español.

El Gobierno, siempre por detrás de los acontecimientos, ha dejado que por segunda vez en menos de un mes dos de las autonomías más importantes –Cataluña y Andalucía—escenifiquen la realidad de nuestro modelo estatal: desvencijado e irrecuperable. El mal español.Las conversaciones en parejas (Merkel-Draghi; Geithner-Schäuble; Draghi-Weidmann) de estos últimos días, versan sobre España. Todas estas personalidades saben –y lo sabe el Gobierno español—que, puesto que España no va a crecer y no reducirá el déficit a los porcentajes previstos en los próximos tres ejercicios presupuestarios, antes o después habrá que rescatarla. Pero dada la dimensión de la asistencia financiera (del orden de 500.000 millones) y el riesgo de que nuestro disfuncional diseño estatal se trague los fondos sin remediar nuestro mal, no saben cómo habría que hincarle el diente al Tesoro español. Más aún cuando ya se ha visto que Grecia ha sido un fracaso (se descuenta que antes o después salga del euro), Portugal pelea contra sí mismo e Irlanda va saliendo pero sin incrementos de fiscalidad a las empresas que en el  caso español han reducido sus resultados, buscan opciones de mercado fuera de España y están diseñando planes para desplazar sus centros de decisión e, incluso, de sede para cotizar en otras Bolsas que no sea la de Madrid. El rating del Reino de España, al borde del bono basura, es para ellas una pesadísima losa.

Por otra parte, tanto el muy preocupado Geithner (por la reelección de Obama en noviembre), como el ministro alemán Schäuble (que piensa que España debería seguir aguantando un alto coste por su financiación) son conscientes de que un rescate a España debe producirse con un doble condicionado: el macroeconómico y el jurídico-constitucional. El primero sería asumido por el Gobierno español con renuencia pero sin resistencia; el segundo, al afectar a la compleja trama autonómica, requeriría de una complicidad necesaria con el PSOE y debería ser –a lo grande—una reedición del acuerdo de reforma constitucional de agosto de 2011 (artículo 135, para incorporar a la Carta Magna la regla de gasto). Cuando la troika insta a Rajoy a “más reformas” no se refiere a este impuesto o a aquel gasto, sino a que cambie, altere, o, en su caso, domine, el modelo autonómico de España que se considera altísimamente ineficiente, porque no es el Estado regional italiano –mucho más racional--, ni el federal alemán, ni, por descontado, el centralizado francés. El mal español estriba en que nuestro país es sistémico en lo económico y endiabladamente caro e ineficiente en su modelo de autonomías. Es evidente, que Rajoy no domina la situación. Día a día, le rebasa.

El mal español requiere la gran reforma que es la autonómica. Exige mayorías cualificadas (PP-PSOE), mucha energía política, un sólido discurso reformista que sea capaz de romper las inercias identitarias artificiales de no pocas comunidades y una gran disciplina en los dos grandes partidos que se integran en el retablo autonómico y que, a la vez, lo dirigen y lo fagocitan. El PP y el PSOE también viven de las autonomías, tienen en ellas clases dirigentes y cuadros y reclutan adhesiones en ellas.

Este asunto y el tamaño de nuestra economía, es el mal español que desquicia a la troika y que ha infectado y perturbado la hoja de ruta de la UE, el FMI y BCE en el modo y la manera de acometer la situación española. Mientras, Rajoy, que ha se ha amparado en nuestra dimensión y complejidad jurídico-constitucional, tendrá que clarearse. Mañana, quizás, con Monti, pero de inmediato con sus interlocutores internacionales. Si no garantiza que puede taponar la hemorragia del mal español, la troika nos puede mantener a una dieta insoportable de deuda pública y encasillar en el elenco de los lastres de la Unión. La pelota está en el tejado de España, pero es un problema para el conjunto.

El mal español requiere la gran reforma que es la autonómica. Exige mayorías cualificadas (PP-PSOE), mucha energía política, un sólido discurso reformista que sea capaz de romper las inercias identitarias artificiales de no pocas comunidades y una gran disciplina en los dos grandes partidos que se integran en el retablo autonómico y que, a la vez, lo dirigen y lo fagocitan.Mientras, en Alemania –que tiene sometido a su Tribunal Constitucional el MEDE, o mecanismo europeo de rescate permanente y sobre el que no fallará hasta mediados de septiembre— comienzan a emerger con fuerza movimientos académicos y sociales –con adherencias políticas que reclaman que no se libre un euro más al sur europeo, llámese España, llámese Italia, aunque las preocupaciones obsesivas se refieran a Madrid más que a Roma. Ayer jarro de agua fría: el Gobierno germano no es partidario de dotar al MEDE de una ficha bancaría. Veremos, también mañana, como actúa el Consejo de BCE que tantas expectativas ha suscitado.