Del tomate al rescate, con las cuentas enmendadas por el FMI

Mariano Rajoy tendría que asumir dos célebres consejos de Thomas Jefferson. El primero advertía que “el hombre que no teme a las verdades, nada tiene que temer de las mentiras”. El segundo, constataba que “nadie abandona el cargo de presidente con el mismo prestigio y respeto que le llevó ahí”. La combinación de ambos asertos del que fuera presidente de los Estados Unidos (1801-1809) explica por qué Mariano Rajoy se ha introducido desde el pasado sábado en un laberinto político y semántico, no tanto por haber mentido –que no lo ha hecho— sino por no decir la verdad, que tampoco la ha dicho.

El presidente del Gobierno venía peleando desde hace muchas semanas para que la UE no rescatase a España sino para que la ayudase sin estigmatizarla. El plan de Rajoy –que se ha puesto de manifiesto en la carta que envió a Barroso y Van Rompuy tres días antes del acuerdo del Eurogrupo sobre el rescate bancario en España— consistía en forzar una actuación del BCE que, inyectando liquidez como hace unos meses, rebajase la prima de riesgo española de forma sustancial para así acudir a una financiación con intereses razonables y abordar desde las propias capacidades de un FROB nuevamente nutrido la recapitalización de Bankia y otras entidades. En su defecto, Rajoy intentaba ganar tiempo para que el nuevo Mecanismo de Estabilidad Europea, que entra en vigor el próximo julio, permitiese inyectar recursos directamente a los bancos en dificultades eludiendo que la ayuda tuviera que pedirla el Gobierno y que el Estado fuera el prestatario. En prueba de su entrega a la causa europeísta, Rajoy se pronunciaba a favor de la unión fiscal y la bancaria en la eurozona. La convicción de que alguna de estas propuestas prosperaría –nadie se las rechazó de plano, ni siquiera Ángela Merkel— hizo que el presidente, de forma un tanto precipitada y rotunda, afirmase el 28 de mayo que “la banca española no será rescatada”.

Sin embargo, los socios de la Unión no consideraron las peticiones de Rajoy y de Luis de Guindos. Tenían razones para hacerlo: de una parte, el hartazgo por la situación del viejo sector de Cajas de Ahorro se convirtió en indignado hastío con “la peor de todas las posibles” actuaciones gubernamentales en Bankia (Draghi dixit) y, de otra, el desentendimiento, entre el Ejecutivo y el Banco de España, terminaron por agotar la paciencia del Eurogrupo. Que venía soportando con sorpresa una diplomacia de megáfono por parte del Gobierno de Rajoy en cuestiones cruciales, tales como el desafío a los compromisos del déficit público en 2012, la emergencia en mayo de un déficit adicional de tres Comunidades Autónomas regidas por el propio partido del Gobierno y el disgusto por unos Presupuestos Generales que la Comisión Europea contemplaba con enorme recelo.

Y sucedió lo que el Gobierno no llegó a prever: la combinación de la cercanía de las elecciones griegas –mañana— y la tozudez de Rajoy en negarse a aceptar un rescate convencional, procuraron que el Eurogrupo filtrase en la tarde-noche del jueves de la pasada semana la convocatoria de una reunión urgente por videoconferencia para adoptar una decisión sobre la situación bancaria en España. Pero todavía ha sucedido algo peor: el informe del FMI conocido en la tarde de ayer pone patas arriba los Presupuestos Generales del Estado aconsejando al Gobierno que implemente “ahora” la subida del IVA y de los Impuestos Especiales –a lo que Montoro se resiste como se resistía a la visita de los “hombres de negro”- y que reduzca el sueldo de los funcionarios. ¿Pero qué interlocución han mantenido nuestros ministros económicos, incluida la vicepresidenta del Gobierno, para no detectar que el FMI se descolgaría en pleno junio, con los Presupuestos en el último tramo de su aprobación, con unas recomendaciones perfectamente predecibles?

De la precipitación de Bruselas y de la renuencia española, salió el sábado pasado un acuerdo prendido con alfileres que ha generado un desarreglo mayúsculo en un escenario europeo de máxima tensión que ayer agudizó el informe del FMI. A la correcta comparecencia de De Guindos –técnica y sobria— siguió la narración dominical de Rajoy en la que el presidente del Gobierno, haciendo de la necesidad virtud y amparándose en medias verdades, planteó una intervención ante los medios que en vez de clarificar enturbió aún más la situación. Denominó al rescate “línea de crédito” –sí, es una línea de crédito, pero para ejecutar un rescate parcial del sistema financiero— y se atribuyó el mérito de haber presionado a los socios de la Unión versionando libremente la dirección de esa presión que no era para un rescate (es decir, el libramiento de una ayuda para el sector financiero al FROB, con condiciones sectoriales) sino para una asistencia directa a los bancos españoles en problemas, o una nueva remesa de liquidez para mejorar las condiciones de financiación a través de la deuda soberana de España, a lo que la UE no accedió.

Las medias verdades de Rajoy desataron la crítica, primero, de la prensa alemana, anglosajona y francesa, y luego, el malestar de los Gobiernos de la eurozona que se han sentido maltratados por su arrogancia. La revista Time formuló la cuestión en sus justos términos: tú dices tomate, yo digo rescate. España entró desde el pasado sábado en una disonancia de criterio con la UE muy torpe políticamente y, por si fuera poco, los mercados han reprobado un acuerdo que debió presentarse cerrado en todos sus detalles. Desde ayer, nuestro país tiene un problema adicional: qué hacer con las recomendaciones perentorias del FMI.

La tercera semana de junio España pedirá la ayuda de hasta 100.000 millones que sólo se concederá una vez suscrito el Memorando de Entendimiento cuya negociación llevará su tiempo. El Ejecutivo español y el Eurogrupo, cada cual a su manera –con el tomate de aquél y el rescate de éste— han echado gasolina al fuego: no sabemos la cantidad de la que habrá que disponer, ni el tipo de interés de la ayuda, ni las fórmulas de recapitalización (¿liquidación de algunas como propugnan muchos expertos y han practicado numerosos países?, ¿plan de restructuración?), ni el condicionado sectorial del rescate, ni si la deuda que se emita para cubrirla tendrá o no carácter preferente en el cobro, por delante de los bonistas privados, ni si esta fórmula de asistencia podría disparar la celotipia de Grecia, Portugal e Irlanda. Así que la rebaja generalizada de los ratings del sistema bancario español y de su deuda ha sido el corolario a una semana en la que la prima de riesgo se ha disparado a niveles históricos, propios de un país enteramente rescatable incluso ayer, tras una aparente distensión.  Para que nada falte, el PP pidió la dimisión de Joaquín Almunia. No parece que -al margen de la oportunidad o no del comisario de la Competencia en sus declaraciones— sea conveniente ahora que los populares abran más frentes con/contra la Unión Europea. Un poco de sosiego.

Parece obvio que, sean galgos, sean podencos (sea tomate, sea rescate), el manejo de la coyuntura española ha sido penosa por el Gobierno (me permití calificar su comportamiento el lunes pasado como jactancioso y provinciano), y por el Eurogrupo, a partes iguales, encendiendo enormes desconfianzas recíprocas, dejando incógnitas inconvenientes, desatando el sarcasmo de la prensa internacional hacia nuestro país y su Gobierno y con la credibilidad de Rajoy en el alero. Efectivamente, estamos ante un episodio español de una historia que es la del fallo sistémico del modelo institucional  de la moneda única. Los errores del Gobierno se corresponden con la abdicación de gobernanza previsora y ágil de la Comisión Europea, pero no redimen a Rajoy de un brutal desgaste más internacional que nacional lo que arroja un saldo semanal que si es malo en lo financiero, es pésimo en lo político. Debió actuarse de manera diferente –unos y otros—y Rajoy jamás debió plantear una batalla semántica –de antemano perdida para él-- ante la UE y la opinión pública y publicada. Jamás se vio una pugna más estéril que la que hace hoy una semana se inició en la Moncloa y se recebó con un gesto mal medido: el presidente en la Eurocopa ese mismo día con el propósito –bien intencionado— de ofrecer tranquilidad que se interpretó exactamente a la inversa: como frivolidad. El resultado: un desplome de reputación política gubernamental y del país dentro y fuera de España y de las grandes variables financieras (prima de riesgo, ratings) nacionales. España ha ido por detrás de los acontecimientos como, por otra parte, se demostró ayer con el informe –durísimo— del Fondo Monetario Internacional.

La Unión tendrá que cambiar, pero deberá hacerlo también, y mucho, nuestro desnortado Gobierno al que creímos más previsor y predecible, más conectado con la troika, más experto en el ámbito de lo que se denomina “diplomacia económica”. Entre otras razones porque España no es Uganda.