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España no ha firmado tratados para liberar a terroristas
Desde ayer, la economía española está prácticamente intervenida. Pero la soberanía jurisdiccional de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, no lo está. Tampoco el cuerpo de doctrina que forman las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional como garante de la correcta interpretación de la Carta Magna. De tal manera que Inés del Río Prada, asesina etarra condenada a 3.000 años de cárcel por la comisión de 23 crímenes, no saldrá de prisión hasta el 17 de julio de 2017. De ningún modo debe hacerlo antes de esa fecha porque el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo haya dictado una desdichada sentencia que para el Estado español sólo tiene valor declarativo y, en su caso interpretativo, pero no revocatorio de las sentencias firmes de nuestros tribunales, como bien ha puntualizado reiteradamente el propio Tribunal Constitucional.
La potestad jurisdiccional prevista en el artículo 117 de la Constitución no se ha compartido mediante tratado internacional alguno -mecanismo previsto en el artículo 93 de la CE- y, por lo tanto, el de Estrasburgo es un tribunal internacional pero no supranacional y no forma parte de la pirámide jurisdiccional del Estado español. Este tema se ha debatido hasta la saciedad con un amplio y transversal consenso de catedráticos y magistrados.
Aunque la naturaleza no casacional de las resoluciones de Estrasburgo resolvería cualquier duda al respecto, debe añadirse que la sentencia ni siquiera es firme y cabe recurso de apelación a la Gran Sala. Un recurso que gozaría de muchísimas posibilidades de prosperar. No entraré en tecnicismos, pero la sección del Tribunal que se ha pronunciado contra la aplicación de la doctrina Parot comete el error de confundir una norma penal -evidentemente nunca retroactiva- con la jurisprudencia del Supremo sobre el cumplimiento de las penas que puede aplicarse en cualquier momento, como estableció el Constitucional español. El TC sólo admitió que la reinterpretación del cumplimiento de las penas no debía afectar a los presos que dispusieran del licenciamiento firme de su condena (3), pero no a los demás (30), de tal suerte que la doctrina Parot está vigente en España, diga lo que diga Estrasburgo.
Teniendo en cuenta que en España no hay condena perpetua -y sí la hay en varios países de la Unión Europea-, que es lo que merecería una delincuente que ha segado con alevosía la vida de 23 ciudadanos, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo debía habernos sugerido que la implantemos para estos grandes criminales en serie, en vez de ponerse estupendo con argumentos ramplones y perfectamente desmontables para enmendar la plana a la Audiencia Nacional, al Supremo y al Constitucional español. Es difícil encontrarse con una resolución de tan mala calidad técnica y expositiva como la dictada por el Tribunal de Estrasburgo (y aquí no escribe, permítanme la puntualización, el periodista, sino el abogado) que confunde norma con doctrina jurisprudencial, no tanto por incompetencia, cuanto por las muy diferentes y disímiles culturas jurídicas de los magistrados que componen la sección del organismo. De ahí que las resoluciones de este Tribunal sean con frecuencia tomadas por los distintos países a beneficio de inventario; en otras, resulten ininteligibles y no falten ocasiones en que parecen extravagantes.
La dictada a instancias de la reclamación de Inés del Río es indicativa de cómo los garantismos estéticos pueden conducir a la impunidad, total o parcial, y al distanciamiento de la opinión pública de los tribunales que no aplican la materialidad de la ley sino su mera formalidad. Pero nos ha sido muy útil la dichosa sentencia. Para comprobar que Amaiur se alegra de la resolución; para advertir que su portavoz -Mikel Errekondo- no condenó ayer el asesinato de Miguel Ángel Blanco; para reiterar que al PNV le va la equidistancia acomodaticia y para auscultar las muchas contradicciones de la izquierda que -desde el punto de vista cívico y ético- sólo tenía una obligación: apoyar al Gobierno cuando declaró, a través del ministro del Interior, que la etarra no sería excarcelada. Y no debe serlo hasta el 17 de julio de 2017. No hay tratado para que los terroristas puedan ser liberados por tribunales internacionales cuando cumplen condena en España y bajo la responsabilidad de la administración de justicia y de las autoridades penitenciarias de nuestro país. O sea, no hay caso.
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COMENTARIOS
24cleptocracia televisiva 11/07/2012 | 16:23
#18 Siempre y cuando sea un hijoputari el que tira de la cadena...
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0
22CONTROL 11/07/2012 | 16:12
Tiene toda la razón Zarzalejos, España es país independiente y sus leyes no están sometidas a la jurisdicción de ningún tribunal extranjero, por muy internacional que pretenda ser.
Así que los asesisos etarras seguirán en la cárcel por mucho que les moleste a simpatizantes y asimilados.
Es lo que tiene ser un país soberano, con plena jurisdicción sobre el territorio nacional. Que se fastidien los proetarras.
21don lucio 11/07/2012 | 16:06
verdadera gozada intelectual leer el encabezado de este articulo.
-
España no ha firmado tratados para liberar a terroristas.
-
completamente de acuerdo.
-
por casualidad ayer estaba leyendo algo del terrorismo catalan del primer tercio del siglo
pasado.
-los catalanes aprendieron la lecion y ahora no tienen terroristas
los vascos mandaban a sus asesinos a matar en todo el resto de la peninsula y no sufrieron los fusilamientos de los catalanes y le cogieron el gusto a la cosa y por eso siguieron matando. ASESINOS.
tenemos que aceptar que hay gente ta bruta que le gusta matar.
Y CON LOS QUE MATAN POR EL GUSTO NO PUEDE HABER CUENTO NINGUNO.
LOS ASESINADOS YA ESTAN ENTERRADOS.
A LOS ASESINOS SE LES ENTIERRA EN LA CARCEL.
SI-SI-SI UN CEMENTERIO PARA ASESINOS.
naturalmente para los que mueran en la carcel como debe ser el caso de esta individua.
despues vn los cuentos por si le interesan a alguien.
20pluralista catalan 11/07/2012 | 14:15
No hay tratado para que Catalunya no pueda ser independiente, oi?
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José Antonio Zarzalejos es licenciado en derecho por la Universidad de Deusto y periodista. Ha desempeñado puestos de distinta responsabilidad tanto en el Grupo Correo, primero, como en Vocento, después. Fue director del diario ABC de 1999 a 2008. Su "cuaderno de notas" pretende ser una aproximación certera a la realidad política, económica y social española e internacional.
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